El Gobierno sostuvo que los incrementos otorgados desde diciembre de 2023 elevaron la mejora acumulada de los salarios universitarios al 226,8%, por encima del 226,4% que, según su interpretación, correspondía para el período entre diciembre de 2023 y agosto de 2025. El cálculo incluyó un aumento del 21,33% dispuesto en junio de 2026.
Las multas duraron poco...
En la resolución, ayer el juez Cormick sostuvo que, ante el “ incumplimiento verificado” de una medida cautelar que ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, además de garantizar el fondo para becas en el marco de la Ley de Financiamiento Universitario, correspondía hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el 30 de septiembre y avanzar con la aplicación de astreintes.
La sanción económica se fijó en una primera etapa y podrá modificarse tanto el monto como los funcionarios alcanzados, según advirtió el magistrado.
La decisión se tomó en el marco de una medida cautelar que sigue vigente, pese a que el expediente principal donde se debate la aplicación de la Ley está bajo estudio de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Cormick concedió la apelación del Estado Nacional contra el fallo que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025 -con la que el Poder Ejecutivo condicionó la puesta en marcha de la ley de Financiamiento Universitario-, rechazó un planteo de “reposición” del Gobierno y elevó el expediente al Tribunal de Apelaciones.
Al fijar las multas, el juez hizo lugar ahora a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional, desde donde se sostuvo que “el Estado Nacional continúa sin cumplir la medida cautelar” que fue “confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026”.
Cormick había intimado al Estado por el plazo de 5 días, que se cumplieron el 22 de septiembre pasado, bajo apercibimiento de fijar las multas, advertencia que se prorrogó por igual plazo después. “Este plazo está vencido y los pagos aún no se registraron”, sostuvo la demandante y por eso pidió que “se haga efectivo el apercibimiento y se apliquen las astreintes diarias y progresivas por cada día de demora”.
La Ley de Financiamiento establece adecuar “las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025 implicaría otorgar un incremento salarial del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de 2025”.
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