Esta contracción en las cuentas públicas profundiza una tendencia recesiva manifestada en los períodos previos. Las estadísticas del organismo indican que en 2025 las asignaciones universitarias sufrieron una retracción real del 25,2% frente a 2023, mientras que para 2026 la merma acumulada alcanza el 22%.
Situación salarial del personal docente y no docente
La evolución de las remuneraciones del personal académico y de apoyo constituye el otro pilar del documento.
Hacia septiembre de 2026, el poder de compra de los salarios universitarios se mantenía un 24,2% por debajo de los niveles vigentes en noviembre de 2023.
Si bien el grueso de esta pérdida de valor adquisitivo se condensó en los primeros ocho meses de la actual administración —el tramo comprendido entre diciembre de 2023 y julio de 2024—, los incrementos reales del 11,6% registrados en los primeros nueve meses de 2026 resultaron insuficientes para subsanar el retroceso histórico.
A modo de ejemplo, el salario bruto de un jefe de trabajos prácticos con dedicación semiexclusiva y sin antigüedad, expresado en pesos constantes de septiembre de 2026, experimentó una contracción real del 43,3%: descendió desde 1.185.861 pesos en noviembre de 2015 hasta 672.309 pesos en el noveno mes del año en curso.
El CEPA calcula que, bajo los parámetros de la Ley de Financiamiento Universitario, dicha remuneración se habría situado en 887.581 pesos, lo que habría amortiguado parcialmente la caída respecto de 2015 sin llegar a suprimirla por completo.
La disparidad también se advierte al contrastar los sueldos con las necesidades básicas. Con una canasta básica total calculada en $1.632.505 para un hogar tipo de cuatro integrantes en septiembre, únicamente los docentes de categorías superiores (titulares y asociados con dedicación exclusiva) y los trabajadores no docentes ubicados en los tres peldaños más altos del escalafón superaban ese umbral con sus haberes básicos brutos.
Marco normativo y controversia legal
La Ley 27.795, promulgada en agosto de 2025 y ratificada por el Poder Legislativo tras el veto del Ejecutivo, continúa sin ejecutarse. Su aplicación fue frenada inicialmente mediante el Decreto 759/2025 bajo la premisa de incorporar las previsiones financieras dentro del Presupuesto nacional.
Pese a que a fines de ese año la justicia dictaminó el acatamiento de la norma, el Gobierno promovió una iniciativa modificatoria que careció de tratamiento en el ámbito legislativo, conforme detalla el relevamiento del CEPA. Asimismo, el proyecto de Presupuesto para 2027 incorpora una partida de 851.558 millones de pesos orientada al fortalecimiento de los recursos humanos, cuya ejecución efectiva queda supeditada a las directivas de la Secretaría de Educación.
En síntesis, el organismo concluye que la asignación prevista para el próximo ciclo no compensa el ajuste sostenido de los últimos años, consolidando un escenario de tensión donde la comunidad universitaria reclama una recomposición de los ingresos y la plena vigencia de las herramientas legales que garanticen el funcionamiento institucional.
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