A la par, la comisión recibió información de Binance sobre una billetera a nombre de Mauricio Novelli, cuyos movimientos coincidían —en montos y fechas— con los pagos mencionados en un presunto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen presidencial. Ese documento, difundido por el periodista Hugo Alconada Mon, mencionaba un desembolso inicial de 300 mil dólares y pagos mensuales de 250 mil.
Esas coincidencias impulsaron nuevas medidas: oficios a exchanges internacionales y un seguimiento más profundo de la ruta del dinero, que —según la comisión— terminó distribuido en cuentas de Bybit, OKX, Bitget y Binance.
Cruces con el oficialismo por la investigación
La última reunión no estuvo exenta de controversias. La diputada Alida Ferreyra, en representación de La Libertad Avanza, cuestionó la validez de la comisión y calificó el proceso como “nulo” e “ilegítimo”. Su planteo encendió el debate: desde la oposición aseguraron que el oficialismo decidió no participar de los encuentros y que la comisión actuó dentro de sus facultades reglamentarias.
Uno de los puntos más conflictivos fue la discusión por el uso de la fuerza pública para asegurar la comparecencia de funcionarios que habían ignorado citaciones legislativas. La Cámara Federal había rechazado esa posibilidad, y ahora la comisión presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.
Además, los diputados resolvieron impulsar denuncias penales contra el juez Marcelo Martínez de Giorgi, el fiscal Eduardo Taiano y varios funcionarios nacionales por presunto mal desempeño y falta de colaboración institucional.
Un informe que preocupa al Gobierno
El expediente final reúne diez cuerpos con documentación proveniente de exchanges, organismos del Estado, especialistas en criptoactivos y legisladores de distintos bloques. La expectativa ahora pasa por saber qué se dará a conocer en el informe, que podría tensar aún más la relación entre el Congreso y la Casa Rosada.
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