Para deshacerse de sustancias tales como lo es el fentanilo, se requiere la contratación de una empresa especializada, y una inspección de la autoridad regulatoria, que constata, evalúa y controla los fundamentos de la destrucción.
El Director Técnico del laboratorio lleva un registro documental de los vales autorizados, de las entregas de especialidades que tengan esa sustancia y de toda manipulación que se realice. El objetivo es limitar o impedir que circulen libremente psicofármacos fuera de control.
Cuando Daniel Gollan fue ministro de Salud de la Nación, su mujer. Raquel Méndez, estaba en el contralor de los psicofármacos. Ella tenía o tiene una relación por lo menos social con Ariel García Furfán, se dice.
Frente a la afirmación que fue destruido el fentanilo es necesario corroborar toda esa documentación necesaria.
Hay un mal antecedente: en Ramallo se encontró en el pasado sustancias inhibidas para el consumo sanitario, y que se exigió 'atrincherar' (envolver con nylon las partidas para evitar su comercialización), sin embargo inspecciones posteriores habrían informado que, de todos modos, el producto fue distribuido.
Esto corroboraría las gravísimas irregularidades en la actividad de control y auditoría de ANMAT,
Fentanilo
Según Sedronar, en marzo 2025 se constataron 4 kilos de citrato de fentanilo en las instalaciones de HLB Pharma, en San Isidro (PBA); y 0,45 kilo en la planta de Ramallo (también PBA). Pero en mayo, tras las primeras muertes ocurridas en el Hospital Italiano de La Plata, la Justicia allanó los laboratorios y no encontró rastros del material. La explicación de HLB Pharma es que incineró la droga.
Según la investigación del diario La Nación, cada kilo de fentanilo tiene el potencial de matar a 500.000 personas. De ese modo, los 5 kilos perdidos representan una amenaza para más de 2,5 millones de vidas. A pesar de esta gravedad, los responsables siguen en libertad y la investigación judicial avanza con lentitud.
Según Andrés Klipphan en Infobae, la Mesa para la Prevención del Tráfico Ilícito y Uso Indebido del Fentanilo, integrada por el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, la ANMAT y ARCA realizó 9 inspecciones conjuntas con la Dirección General de Aduanas a empresas importadoras y fabricantes de fentanilo, incluyendo intervenciones a HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo SA en marzo de 2024.
Según describió el juez Kreplak en su cédula de notificación, “No obstante, ninguna de esas sumas fue hallada en los allanamientos realizados a ambas firmas el 15 de mayo de 2025”. Tampoco encontraron “registros que acrediten el destino dado a la sustancia”.
En una exposición espontánea presentada ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 3 de La Plata por Nilda Furfaro, la madre de Ariel García Furfaro, aseguró que “la materia prima fue destruida bajo los estándares de la ley”, el 13/05/2025 a través de la empresa MD Servicios S.R.L., pagándole $585.712.
Ese día la ANMAT, a través de la Disposición 3158/25, inhibió las actividades productivas de HLB Pharma Group S.A. y de Laboratorios Ramallo. Pero algo sucedió con ANMAT que no cumplió su misión de preservación de la salud pública.
Rosario
A Infobae el intendente de Rosario, Pablo Javkin, ciudad en la que se registró la mayor cantidad de fallecidos por el fentanilo contaminado (35 de los 54) afirmó que los dueños de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo SA mantienen lazos con el narcotráfico y se presentó como querellante en la causa que investiga la distribución de fentanilo contaminado.
El origen de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo es el Laboratorio Apolo, de Rosario, que fue destruido en un incendio. El laboratorio Apolo explotó el 24/06/2016. Los accionistas de ese laboratorio decidieron abrir Laboratorio Ramallo.
García Furfaro fue abogado de Jorge Salinas, ex propietario de Laboratorio Apolo, vinculado al procesamiento por tráfico efedrina; y a Andrés Gerardo Lamboy, asociado al depósito fiscal donde operaba Mario Segovia, alias “el Rey de la efedrina”.
Los directivos de Apolo también incluían a Marcelo Ferré, Jorge Gómez, Ariel García Furfaro, Damián García y Marcela Vozza, acusados de “estrago culposo agravado y lesiones graves culposas”, ambos en concurso ideal y en carácter de autor.
El 20/05/2019 el juez Hernán Postma avaló un acuerdo de 'probation' entre los imputados y suspendió el juicio a prueba contra los acusados. La sanción les obligó a concurrir 1 vez a la semana a realizar la limpieza del Museo Justicialista.
Pablo Javkin, intendente de Rosario, dijo: “Tienen vínculos con el narcotráfico”, y él solicitó que se investiguen posibles desvíos de la sustancia al mercado ilegal, aspecto ya en manos del Ministerio de Seguridad a través de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y la Criminalidad Organizada, encabezada por Martín Verrier.
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