Los farmacéuticos se sumaron a las voces que salieron a cuestionar el impacto que tendrá el DNU de Javier Milei, y aseguran que "pone riesgo la salud de la población y el acceso de todos a los medicamentos".
"La profesión farmacéutica ha sido profundamente afectada y gravemente agredida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 emitido ayer por el Poder Ejecutivo. Esta medida pone en riesgo la salud de la población y el acceso de todos a los medicamentos", afirmó la Confederación Farmacéutica Argentina (CoFA) .
La cámara apuntó contra la desregulación que habilita la comercialización de medicamentos de venta libre en vía pública, kioscos y comercios.
"Mediante el DNU se permite que cualquier persona sin título habilitante pueda estar a cargo de la farmacia. Es decir que no habrá un profesional que garantice, bajo su responsabilidad, la calidad, origen y seguridad de los medicamentos que se dispensan", advirtieron.
El comunicado de la confederación farmacéutica señala que el DNU permite la propiedad de las farmacias en manos de sociedades anónimas "cuyo único objetivo es hacer negocio". Esto, según los farmacéuticos, "desaparecerá las regulaciones que aseguran la supervivencia de las farmacias instaladas lejos de zonas céntricas, en los barrios y localidades más pequeñas".
La COFA también expresó su preocupación por el impacto que el DNU tendrá en la atención sanitaria de la población. "La farmacia argentina ha construido durante un siglo una extensa red de atención sanitaria reconocida en todo el mundo, con la figura profesional protagónica del farmacéutico, en muchos lugares referente sanitario, con una amplia variedad de servicios de promoción, prevención, detección temprana y seguimiento de pacientes", señala el comunicado.
Para los farmacéuticos, el DNU "pretende convertirla en un mero comercio, al servicio de la voracidad económica de unos pocos, y que el medicamento deje de ser un bien social para pasar a ser un objeto de consumo, al que algunos argentinos puedan acceder y otros no", concluye la COFA.
En tanto, desde el Centro de Profesionales Farmacéuticos (CEPROFAR) hicieron la misma advertencia. “Vamos a hacer las presentaciones legales correspondientes porque el decreto no sólo atenta contra el trabajo de los farmacéuticos sino que lo haremos en resguardo de la salud pública, porque los artículos de la Ley del Medicamento que se derogan tenían objetivos sanitarios”, dijo su director, Rubén Sajem, en diálogo con Clarín.
“Volvemos a los 90, con el decreto de Cavallo que permitía la venta de medicamentos en kioscos, estaciones de servicio y hasta la vía pública. La gente los pagaba más caro que en las farmacias y sin garantía respecto de su origen”, remarcó Sajem, quien explicó que la ley aprobada por el Congreso en 2009 estableció que la venta solo se hiciera en farmacias y que los medicamentos de venta libre los entregara el farmacéutico para evitar la compra impulsiva y la automedicación.
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