“No existe ninguna evidencia de espionaje ilegal ni de que los audios hayan sido generados con inteligencia artificial”, enfatizó.
Cambios de abogados y un expediente bajo reserva
El movimiento de Spagnuolo coincide con otro dato llamativo: es el tercer abogado que asume su defensa en menos de tres meses. Sus representantes iniciales renunciaron y, tras un período sin profesionales de confianza, la Defensoría Pública tomó el caso transitoriamente. Esta semana, D’Alessandro quedó formalmente a cargo.
La causa acumula cientos de actuaciones desde agosto. Los primeros allanamientos se realizaron en ANDIS, en el domicilio de Spagnuolo, en el de su ex número dos, Daniel Garbellini, y en la droguería Suizo Argentina, señalada en los audios. Luego se sumaron 25 procedimientos adicionales en domicilios vinculados a droguerías y presuntos intermediarios.
La defensa de los empresarios Kovalivker —titulares de Suizo Argentina— también cuestionó la investigación y reiteró que fue abierta sobre material de origen incierto. Además señalaron que en 2024 se había tramitado una causa similar que luego fue archivada. El juez Sebastián Casanello consideró que no se trataba del mismo objeto procesal y elevó la discusión a la Cámara.
Las hipótesis cruzadas en la causa
Durante la audiencia, D’Alessandro sumó otro elemento: la posible conexión entre esta causa y otra investigación a cargo del fiscal Carlos Stornelli por la difusión de audios atribuidos a Karina Milei. Según el abogado, ese expediente podría explicar el origen de la filtración que involucra a Spagnuolo.
El fiscal Picardi sostuvo que nada de eso está acreditado y remarcó un punto político: el propio presidente Milei utilizó los audios como fundamento para desplazar al funcionario.
“Si Spagnuolo hubiera sido víctima de manipulación, podría haberlo dicho en ese momento”, argumentó.
También recordó que la Corte Suprema estableció que los funcionarios públicos tienen un estándar de privacidad más limitado cuando hablan de posibles hechos de corrupción. “No hay intimidad vulnerada si se narran irregularidades que deberían haber sido denunciadas”, dijo.
Lo que viene
La Sala II de la Cámara Federal, integrada por Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah, deberá decidir si hace lugar a la nulidad o si la investigación continúa. Mientras tanto, el levantamiento del secreto de sumario promete abrir una nueva etapa: todas las partes podrán acceder al material secuestrado y a los peritajes en curso.
La causa vuelve así a un punto clave: determinar si los audios son auténticos y si existe un circuito de corrupción en la compra de medicamentos para personas con discapacidad, o si se trató de un montaje que derivó en uno de los escándalos más resonantes del año dentro del Gobierno.
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