El mismo que actuó por la Ley de Glaciares
Para Ziliotto, el fallo tiene además una particularidad: el mismo juez que ahora suspendió el decreto había rechazado meses atrás la cautelar presentada por La Pampa contra la reforma de la Ley de Glaciares. En mayo, Baric había rechazado el pedido para suspender la nueva normativa, aunque había declarado procedente el amparo colectivo y permitió que la discusión sobre la constitucionalidad de la reforma continuara en sede judicial.
"Es el mismo juez que nos rechazó la cautelar por glaciares", señaló Ziliotto, y vinculó ambos expedientes con una misma preocupación: el impacto que las decisiones sobre las fuentes de agua ubicadas en la Cordillera pueden tener sobre las provincias aguas abajo.
Para el gobernador, el conflicto por el Atuel no puede analizarse solamente desde la jurisdicción donde nace el río o donde están emplazadas las obras hidroeléctricas. "No se miró la Argentina como un todo", planteó al referirse a la discusión sobre los glaciares, y cuestionó las decisiones que, según su visión, se toman sin contemplar las características geográficas, económicas y sociales de las distintas regiones del país.
El decreto de Javier Milei y las regalías
El origen inmediato de la disputa actual está en el Decreto 982/2026, publicado el 11 de septiembre. La norma dejó sin efecto el Decreto 1560/73 y estableció que la totalidad de la regalía hidroeléctrica correspondiente al Sistema Los Nihuiles fuera abonada a Mendoza, bajo el argumento de que la fuente hidroeléctrica efectivamente aprovechada se encuentra íntegramente dentro de ese territorio.
El Gobierno nacional fundamentó la decisión en el denominado criterio de la fuente, respaldado en antecedentes de la Corte Suprema y en dictámenes de la Procuración del Tesoro.
La Pampa cuestionó esa decisión porque entiende que su derecho al 50% de las regalías no deriva únicamente del Decreto 1560/73. El gobierno provincial sostiene que existe además un Acuerdo Interjurisdiccional firmado en 1992 entre la Nación, Mendoza y La Pampa, aprobado por las dos legislaturas y homologado por la Corte Suprema. El propio Decreto 982 reconoce la existencia de ese acuerdo y señala que su cláusula quinta estableció la obligación de pagar a La Pampa las regalías previstas por la legislación vigente.
Ese es uno de los principales argumentos que Ziliotto pretende llevar ahora a la discusión de fondo. "Es un decreto que anula un decreto del 1973, que fue avalado en el acuerdo de 1992 entre las partes, ratificado por las dos legislaturas de las provincias, homologado por la Corte Suprema, y que está basado en un fallo de 1987 que dice que el río es interprovincial", sostuvo.
El antecedente al que alude es la sentencia de la Corte Suprema de 1987 que declaró al Atuel como río interjurisdiccional y exhortó a la Nación, Mendoza y La Pampa a celebrar acuerdos para establecer una participación razonable y equitativa en los usos futuros de sus aguas. Ese antecedente aparece incluso entre los fundamentos utilizados por el propio Gobierno nacional para dictar el Decreto 982.
Sergio Ziliotto, gobernador de La Pampa.
La controversia, por lo tanto, no terminó con el decreto presidencial ni con la cautelar del juez Baric. Ahora deberá continuar tanto en la Justicia Federal de Santa Rosa como en la Corte Suprema, donde ya existe una causa iniciada por Mendoza contra el Estado nacional para cuestionar el régimen de regalías.
La Corte Suprema incorporó a La Pampa
La discusión llegó a un nuevo nivel el 27 de agosto, cuando la Corte Suprema ordenó citar a La Pampa como parte de intervención obligada en la causa "Mendoza, Provincia de c/ Estado Nacional s/ nulidad de acto administrativo - daños y perjuicios", expediente CSJ 140/2022. La decisión no resolvió el fondo del conflicto ni determinó la validez o invalidez del Decreto 1560/73, pero permitió que La Pampa participe formalmente en un juicio cuyos resultados pueden afectar directamente los recursos que percibe desde hace décadas.
Ziliotto remarcó que esa causa ya estaba en marcha cuando el Gobierno nacional decidió modificar unilateralmente el régimen de regalías. "Cuando vos ves la respuesta, Mendoza no aborda el tema, no reconoce la existencia de ese acuerdo del 92", afirmó.
La Pampa sostiene que el convenio de 1992 no puede ser analizado de manera aislada y que las obligaciones asumidas por las tres jurisdicciones forman parte de un esquema integral. El propio decreto presidencial reconoce que aquel acuerdo fue aprobado por las legislaturas provinciales y homologado por la Corte Suprema.
Mendoza, en cambio, asegura desde hace años que debe aplicarse el criterio de la fuente: si el aprovechamiento hidroeléctrico está ubicado dentro de su territorio, las regalías deberían corresponderle íntegramente. La provincia viene reclamando formalmente el 100% de esos recursos desde hace años y ya había llevado la controversia a la Corte Suprema.
El propio Alfredo Cornejo celebró inicialmente el decreto presidencial con una definición contundente: "Mendoza recupera lo que legítimamente le pertenece, el 100% de las regalías hidroeléctricas de Los Nihuiles".
Desde el gobierno mendocino argumentan que el complejo está íntegramente en San Rafael y que el criterio aplicado debe ser el mismo que rige para otros aprovechamientos hidroeléctricos del país.
El fallo de Baric vuelve a poner provisoriamente en vigencia el esquema anterior y, por lo tanto, La Pampa seguirá percibiendo el 50% mientras se resuelve la cuestión cautelar y avanza el expediente de fondo. La medida no implica una definición definitiva sobre quién tiene derecho al 100% de las regalías.
"No es un Boca-River"
Sin embargo, Ziliotto buscó despegar el conflicto institucional de una disputa personal con Cornejo. El gobernador pampeano remarcó que mantiene una relación personal con su par mendocino, pero que ambos tienen responsabilidades diferentes.
"¿Cómo voy a estar peleado? Yo tengo una relación personal con Alfredo, pero tenemos una posición institucional. Él defiende a su provincia, yo defiendo la mía", sostuvo.
"No es un Boca-River", resumió, y sostuvo que Mendoza tiene derecho a defender su posición del mismo modo que La Pampa debe defender los intereses que considera propios.
Los Nihuiles y la tensión con Javier Milei
Sin embargo, la pelea por Los Nihuiles sí dejó expuesta la particular relación política de Ziliotto con el Gobierno de Javier Milei.
El gobernador rechazó definirse simplemente como un opositor al Ejecutivo de Javier Milei y buscó explicar su posición desde una lógica de defensa de los intereses provinciales. "Conmigo cuenten con todo, pero no pretendan que yo voy a entrar en una paritaria. No me quieran canjear algo que le corresponda a la provincia por un voto", afirmó.
Según explicó, su posición frente a la Nación no debería interpretarse como una negociación política por recursos. "Yo no tengo esa representación", sostuvo, al remarcar que su responsabilidad es defender los intereses de La Pampa.
Los Nihuiles, y la nueva concesión
El conflicto por las regalías se da además en un momento particularmente sensible para Los Nihuiles: el complejo se encuentra atravesando un nuevo proceso de concesión.
Mendoza y el Gobierno nacional convocaron en julio una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un nuevo operador del sistema por 30 años. El proceso contempla la transferencia de las acciones de Hidroelectricidad Mendocina S.A. (HEMSA) y la concesión nacional para la generación eléctrica.
La discusión sobre quién cobra las regalías se vuelve entonces relevante también para las condiciones económicas futuras de la concesión. El Decreto 982 había buscado precisamente establecer un criterio definitivo antes del avance del proceso licitatorio. El propio Gobierno nacional argumentó que necesitaba evitar un vacío regulatorio y dar certeza jurídica a la licitación.
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