Sin embargo, la medida no pudo ser concretada ya que sería contraria a la ley y violatoria de los derechos y garantías internacionales para la niñez. Así lo explicó la jueza de menores de Córdoba, Ileana Benedito, en diálogo con Cadena 3.
“No puedo conceder lo que la SENAF pide, que es una medida excepcional de privación de libertad. No corresponde que lo haga porque no sería legal”, explicó la magistrada ante la consulta de la prensa. Según las disposiciones legales vigentes, “Zé Pequeño” mantiene su condición de “inimputabilidad” por lo que su alojamiento en cualquier centro de aislamiento no sería posible.
"Hay exigencias internacionales que tiene el Estado y cuyo incumplimiento genera responsabilidad internacional. Entonces, cuando yo digo que el menor es no punible, no puede ir el Complejo Esperanza porque es una medida privativa de libertad, no lo digo desde un lugar caprichoso ni de oportunidad, sino que no lo puedo hacer porque el sistema legal provincial, nacional, convencional, constitucional, no me lo permite", amplió Benedito.
La única medida legal que pudo interponer el Estado fue una orden de restricción de acceso del menor a la zona donde cometió la mayor parte de los delitos perpetrados. Así, la Justicia buscaría evitar una “estigmatización” localizada del joven delincuente.
Para la jueza Benedito, el Estado está obligado a buscar una "tercera vía" para la recuperación del adolescente, quien además carga con un historial de consumo problemático de drogas.
