Todavía no se determinaron los montos de la venta, pero en los allanamientos ordenados por la fiscal en Córdoba se secuestraron vehículos, una gran cantidad de dinero en efectivo y teléfonos celulares con los que se habrían acordado las condiciones de la venta. La imputación se da a partir de una supuesta “supresión del estado civil” de la menor.
Este delito contemplado en el Código Penal de la Nación prevé una pena de entre uno y cuatro años “para quien por un acto cualquiera, hiciere incierto, alterare o suprimiera el estado civil de otro”. Por otro lado, para los colaboradores, como sería la abogada, la pena podría ser incluso mayor, con una posibilidad de condena de tres a diez años de prisión, independientemente de una remuneración mediante.