El Gobierno aspira a que, tras el quiebre y reordenamiento de la CGT, puedan alcanzar acuerdos para aprobar la reforma laboral que impulsa Milei.
En ese sentido, en la Casa Rosada creen que este escenario podría facilitar el debate sobre la reforma laboral, uno de los proyectos que el oficialismo pretende llevar a las sesiones extraordinarias.
Aunque aún no se conoce el texto final, en el Ejecutivo aseguran que la iniciativa de “modernización laboral” será presentada como un proyecto “a favor de los trabajadores”. La expectativa oficial es que la CGT acompañe parte del contenido, aunque el sindicalismo mantiene reservas.
La interna sindical quedó en evidencia durante la jornada electoral: la UTA decidió retirarse de la central, mientras dirigentes de peso como Luis Barrionuevo y Omar Maturano expresaron su malestar por la decisión de mantener un triunvirato en lugar de avanzar hacia un liderazgo unificado.
Ese escenario de tensiones internas podría jugar a favor del Gobierno, que evalúa que una CGT menos homogénea podría abrir el margen para negociar con sectores dispuestos a respaldar ciertos puntos de la reforma.
Aun así, desde la central obrera enviaron una señal al Ejecutivo: “Las puertas están abiertas para conversar”, dijeron, aunque aclararon que el eventual apoyo dependerá del contenido final del proyecto.
En la central recuerdan que cuentan con representación directa en el Consejo de Mayo, a través de Gerardo Martínez (UOCRA), uno de los interlocutores sindicales más estables del oficialismo. Allí, los gremios siguen de cerca el avance de las reformas estructurales que impulsa Milei.
Voceros de la CGT señalaron que están dispuestos a discutir “nuevas modalidades laborales”, pero advirtieron que no acompañarán ninguna iniciativa que implique “pérdida de derechos” o beneficios excesivos para el sector empresario.
Para el sindicalismo, la clave será que el proyecto logre “un equilibrio entre capital y trabajo” y que fomente la movilidad ascendente, algo que —según remarcan— “hoy no se está dando”.
Sobre la postura que adoptará el nuevo triunvirato, en la central aseguran que actuarán con “responsabilidad”, pero advierten que la reacción será firme si el Gobierno avanza con cambios que consideren perjudiciales para los trabajadores.
La CGT no será el único actor en la negociación. El Ejecutivo también comenzó a tender puentes con los gobernadores, quienes tendrán un rol clave para garantizar los votos en la Cámara de Diputados y el Senado.
En esa tarea ya empezó a moverse Diego Santilli, designado como ministro del Interior, quien desde antes de asumir formalmente inició conversaciones con distintos mandatarios provinciales. La intención es hablar con las 24 provincias mientras se define la fecha en la que jurará en su nuevo cargo.
Con un sindicalismo reconfigurado y un Congreso que se prepara para un fin de año agitado, el Gobierno apuesta a abrir simultáneamente varios canales de diálogo para encaminar una de sus reformas centrales.
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