Según los fundamentos de la presentación, los abogados de CFK: José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, argumentaron que "el día viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene un 'trabajo' rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de CABA".
"Capuchetti, según comunicó el ISSP el 6 de enero, cobra un sueldo del organismo desde 2014. Esto consta, además, en documentos que salieron a la luz durante el viernes y el fin de semana", agregan.
"Desde 2019, Capuchetti pasó de ser investigadora a 'Investigadora Senior' (Resolución No. 62/ISSP/19). Luego, mantuvo este cargo. Así surge, por ejemplo, de la Resolución No. 2/ISSP/22, del 3 de enero de 2022, que designó a Capuchetti por un año como 'Investigadora Senior' del organismo. Hace solo una semana, el 2 de enero de 2023, la Resolución No. 6/ISSP/23 extendió este plazo por un año más", precisaron.
Vínculo con el Gobierno de Larreta
Según la presentación de los letrados que defienden a Cristina Fernández de Kirchner, "participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo".
Y añadieron que "las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces. Y, como vimos, el Observatorio del ISSP no tiene entre sus funciones las actividades de docencia, por lo que, si Capuchetti hace algo además de cobrar un sueldo, es diáfano que es algo incompatible con su cargo".
Luego, recordaron que la "autoridad política" de ese organismo es el ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro, lo cual "tiene un doble impacto: por un lado, se trata de una persona que ha realizado un viaje ilegal con empresarios de medios y jueces a la mansión de Joe Lewis en Lago Escondido, y de quien se han conocido mensajes en los que queda muy claro su rol en la manipulación de causas judiciales contra Fernández de Kirchner y el espacio político que integra".
"Por otro lado -recordaron-, el Ministerio de Seguridad de la CABA tiene a su cargo a la policía de la Ciudad, que debería haber sido investigada en estas actuaciones (como lo fue la Policía Federal) pero respecto de la cual la jueza no dispuso una sola medida".
“Cobra”
En síntesis, los abogados de Cristina afirmaron que "Capuchetti cobra dinero y asesora a un organismo del que depende una fuerza de seguridad a la que explícitamente omitió investigar" en la causa por el atentado.
Y enfatizaron que "está claro que lo sucedido afecta gravemente la imagen que tanto las partes como la sociedad tenemos de la jueza (ya era muy mala, ahora es peor). De este modo, se configura lo que se conceptualiza como una falta de imparcialidad objetiva".
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