Macri fue notificado sobre su citación recién el miércoles después de que Bava enviara varios oficios a diferentes domicilios por no poder constatar dónde estaba residiendo.
El juez Bava -que subroga el juzgado que comandó Alejo Ramos Padilla- busca determinar si desde el gobierno se buscó controlar los movimientos de los familiares de las víctimas a través de la Agencia Federal de Inteligencia entre fines de 2017 y diciembre de 2018. La denuncia había sido motorizada por la interventora Cristina Caamaño.
En la misma resolución en la que fue llamado a indagatoria Macri, fueron procesados los ex directivos de la AFI Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, junto a un grupo de autoridades y espías de la AFI.
“Los cargos más altos de la Agencia Federal de Inteligencia –en el período investigado- fueron quienes llevaron adelante la planificación, la organización y la distribución de la información ilegalmente producida por la Delegación de Mar del Plata; la cual llegó a lo más alto del Poder Ejecutivo Nacional”, señaló en aquella resolución.
A Macri se le imputan 6 hechos, en donde se reportan fotos, búsquedas en redes sociales, seguimientos, infiltraciones en marchas y testimonios. A criterio de Bava, esas diligencias no guardaban relación con la seguridad del Presidente -que se iba a reunir con los familiares- sino que se trataban de tareas de “inteligencia ilegal” que buscaban controlar las protesta e influir en la opinión pública frente a los planteos que hacían los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.
