Las fiscales indicaron en la audiencia que dentro de la organización ilegal, Peiti se encargaba de la gestión de los juegos de azar, Traferri de la recaudación a nivel político, mientras que los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, sumados al empleado judicial Nelson Ugolini se encargaban de la cobertura judicial. El senador habría sido quien ofició de nexo entre Peiti y los funcionarios del MPA.
Las funcionarias del MPA sostuvieron que la asociación ilícita buscaba quedarse con parte del dinero que recaudaba el juego ilegal en Santa Fe y, por otro lado, obtener que la empresa de Peiti, Wildar Game, obtenga la licencia para explotar el juego online en la provincia. Esta licencia ya es propiedad de Peiti en otras provincias y en el extranjero.
Con este último objetivo, desde la fiscalía acusaron que el senador desde 2017 realizó gestiones para adjudicarle el juego online a Peiti, algo que finalmente ocurrió en 2019, a través de un decreto. Según las fiscales, Traferri consiguió esto a través del control que ejercía en la comisión bicameral que se encargaba de este trabajo.
Además, Fabbro y de los Ángeles Granato presentaron evidencia de que el senador le solicitó a Peiti que por sus problemas legales le otorgue la titularidad de su empresa al expiloto de Fórmula 1 y empresario frigorífico Oscar Larrauri. Así, Peiti le transfirió a Larrauri y al abogado José Fernández Chemes todas su parte de la empresa, en una operación publicada en el Boletín Oficial de Santa Fe (27/11/2020).
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