De esta manera, según la legisladora, "contemplamos la posibilidad que no solo las ONG sino también las personas individuales puedan cultivar cannabis”, con lo que esto se traduce en “sacar de la clandestinidad a muchas familias y muchas mamás que no tienen otra alternativa”.
“Frente a la necesidad de contar con el aceite, mucha gente comenzó a cultivar de manera clandestina, con todo lo que ello significa”, precisó Abilés, quien detalló que esta ley permite que terceros, como las ONG, “puedan invertir, producir, investigar y comercializar el cannabis medicinal”.
Este proyecto de adhesión a la Ley nacional 27.350 y a su decreto reglamentario 883/2020, que venía con la media sanción de la Cámara de Diputados, que la trató y aprobó el martes pasado, pasó ahora al Poder Ejecutivo salteño para su promulgación.