De acuerdo a una residente de la ciudad, el hospital le alquilaría, entre otros, a las petroleras, que abundan en la zona. Se sabe que por ley éstas están obligadas a tener una ambulancia en sus centros de operaciones pero muchas veces no cuentan con ella y se la pagarían al hospital, que por tratarse las petroleras de entidades privadas no debería suceder que el sistema de salud público llegue a los yacimientos.
También recae sobre la municipalidad la acusación de que su prestador de ambulancia es no sería justamente una empresa de emergencias médicas con una base operativa concreta tal como se requiere, sino un tercero que simplemente compró el vehículo destinado al traslado de personas enfermas o heridas ajeno a cualquier disposición que impera en la ley 906-E/2017, la resolución que se registra en materia normativa a nivel nacional.
El mal manejo de la Salud Pública en la ciudad rionegrina de Catriel es como el de muchos pueblos en el Interior del país, cuyo sistema de salud se ve inmerso en un sinfín de irregularidades que atentan contra el acceso a una rápida atención por parte de los habitantes. Maniobras ilegales como las de este tipo por parte de quienes deben garantizar la salud pública son frecuentemente denunciadas, pero la práctica ilícita parece nunca desaparecer.