Durante el 2020, Llaryora debió enfrentar, además de la urgente pandemia, un conflicto con el gremio que nuclea a todos los empleados municipales. La disputa se había generado luego de que en los primeros meses, el intendente cordobés hiciera efectiva su promesa de realizar un recorte en el gasto de salarios que el municipio de Córdoba venía realizando.
Así, Llaryora dispuso el recorte salarial en numerosos sectores de la municipalidad, el congelamiento de la carrera administrativa, y la quita de una hora de trabajo para todos los empleados municipales. La medida apuntaba a apaciguar el gasto superfluo que se había gestado mediante horas extra, cobro de bonos, ascensos y otras prácticas que ya no eran soportadas por las arcas de un municipio altamente endeudado.
Las disposiciones, como era de esperarse, llevaron al enojo de la mayoría de los empleados municipales, que decidieron mediante el SUOEM, encarar una postura combativa contra la nueva gestión de Hacemos por Córdoba. Y el inicio de la pandemia sólo agravó la situación.
Desde el mes de marzo del 2020, hasta septiembre del mismo año, las protestas del sindicato de municipales cordobeses se hicieron sentir en el centro de la ciudad. Incluso en ocasiones, las mismas se tornaron violentas, con enfrentamientos entre los manifestantes más radicalizados y la policía, destrozos, e incluso algunos vecinos golpeados. Ante esto , Llaryora decidió encarar una negociación con el SUOEM, por la cual en octubre del presente año arribaron a un acuerdo que terminó resultando más que conveniente para el municipio y lograron domar a las “fieras” del sindicato de municipales cordobeses (acordaron un aumento del 24% por todo el año, en cuotas, algo que no convenció a buena parte de los afiliados).
Sin embargo, el Intendente de Córdoba no se olvidó de las imágenes de los destrozos, por lo que dispuso medidas administrativas, además de las denuncias pertinentes ante la policía, para aquellos empleados reconocidos entre los actos vandálicos y violentos. Entre numerosas investigaciones, en los últimos días se dio a conocer la suspensión de tres empleados que habrían estado implicados en agresiones, y que ya habían sido imputados por la justicia.
De este modo, Llaryora reafirmó una postura de “mano dura” contra prácticas que ya son costumbre en lo que rodea al municipio cordobés, aunque parecen ser medidas que no tienen otro destino que advertir a donde están los límites. Los empleados suspendidos no podrán asistir al municipio por solo 30 días, sin goce de sueldo (por el momento no se habla de despido).
Por supuesto que luego de calmar el incendio que significó la negociación salarial, la idea del intendente cordobés es no echar más nafta al fuego, por lo que intentará no caer en medidas que lo arrimen a un conflicto gremial. Pero tampoco pretende quedarse en la nada en cuanto a la imagen firme que pretende dar.
La propia interna del SUOEM le da plazo a poder tomar decisiones grises que le permiten conservar el músculo político intacto. La reaparición del mítico Rubén Daniele y su disputa con Daniel Fernández, un reciente integrante de la cúpula del SUOEM, hacen que las dos caras visibles del gremio se peleen por la aprobación del Intendente, que parece estar cada vez más cómodo.
