El rodado, registrado por la provincia de Río Negro en el año 2018, contaba con toda la documentación en regla aunque, en una requisa que realizaron los uniformados, en la plaza trasera del utilitario detectaron una caja llena de billetes de distinta denominación.
La plata estaba repartida en fajos, algunos de los cuales mantenían sellos de distintas entidades bancarias y otros sólo estaban agrupados con gomitas elásticas, sin identificación.
En cuanto los gendarmes que dependen del Escuadrón 34º de Bariloche detectaron el dinero, consultaron al Juzgado Federal los pasos a seguir y recibieron como instrucción que debían secuestrar los billetes y contabilizarlos de manera minuciosa para labrar el acta formal.
Fuentes judiciales indicaron que "el objetivo es determinar el origen del dinero, si está relacionado a una misión oficial y su destino". No obstante, los primeros indicios señalan que la investigación del magistrado se orienta a una causa por posible "lavado de dinero".
"Secuestramos el dinero porque ninguno de los dos ocupantes de la camioneta pudo justificar su origen", señalaron fuentes de la fuerza que realizó el operativo.
Picapietra dependía de la secretaria de Estado de Energía, Andrea Confini, quien se excusó de brindar detalles del caso debido a que interviene la Justicia. Ambas funcionarias se encargaron de aclarar que el dinero "es de origen legítimo".
La titular del área no pudo explicar si Picapietra cumplía una misión oficial o si era un viaje particular, a pesar de que el vehículo está registrado a nombre de la provincia de Río Negro.
"Toda la documentación que acredita el origen del dinero fue presentada ante el Juez Federal de Bariloche", se defendió la funcionaria.
En su argumento aseguró que llevó el dinero "como un favor" a un conocido, quien le solicitó el traslado de una caja cerrada donde estaban los billetes. Incluso fuentes del Gobierno de Río Negro afirmaron que el hombre se presentó en el Juzgado Federal para justificar el origen del dinero y también el destino del mismo.
Picapietra fue ratificada en su cargo en diciembre de 2019 por la gobernadora Arabela Carreras, quien desplazó también a su esposo, Alejandro Nahuelquín, que también formaba parte del gabinete rionegrino como director de Políticas Sociales Tradicionalistas, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Desde su entorno aseguran que "todo es demostrable", insisten en que "incluso ella no está imputada en ninguna causa", y que todo esto se trata sólo de una "desprolijidad".
Según el diario 'Río Negro', es Nahuelquín quien tiene un recorrido polémico por la política. Se inició como chofer del exintendente Alberto Icare e integró las filas del partido SUR junto a la actual gobernadora. Luego fue funcionario municipal con Darío Barriga y el radical Marcelo Cascón. Weretilneck lo sumó a sus filas años más tarde y lo respaldó a pesar de tensiones generadas con el intendente barilochense Gustavo Gennuso.
En 2018 Nahuelquín fue foco de tensiones en el seno de Juntos Somos Río Negro cuando se filtró un audio en el que señalaba a Gennuso por negociaciones con la concesión del cerro Catedral. Esas expresiones surgieron en campaña legislativa de fines de 2017 y cuando se hicieron públicas Weretilneck dijo evaluar su continuidad como director de Políticas Sociales del Ministerio de Desarrollo Social, pero finalmente lo ratificó.
Gennuso en tanto tuvo expresiones duras hacia Nahuelquín al tildarlo de "nefasto" y que podría haber estado "alcoholizado o drogado".
Más adelante Nahuelquín cambió de rol y asumió como director de Políticas Sociales Tradicionalistas ya que en Bariloche el funcionario tenía estrecha vinculación con agrupaciones gauchas y tradicionalistas. En enero Nahuelquín fue ratificado por Carreras en el mismo cargo.
En paralelo Nahuelquín también transitó los pasillos de los juzgados de Bariloche. Estuvo condenado a dos años de prisión en suspenso por participación en un robo y fue sobreseído el año pasado en una causa de usurpación de tierras en la ciudad andina.
