El PJ dijo "no" y Suárez se queda sin reforma constitucional
El peronismo mendocino anunció su oposición al proyecto de reforma constitucional de la provincia que promueve el gobierno del radical Rodolfo Suárez.

El peronismo mendocino anunció su oposición al proyecto de reforma constitucional de la provincia que promueve el gobierno del radical Rodolfo Suárez.
De esa manera, el PJ local -que lidera la senadora camporista Anabel Fernández Sagasti, una de las manos derechas de Cristina Fernándeez, bloquea el acceso a los 2 tercios necesarios en la Legislatura para modificar la carta magna provincial.
No obstante, el justicialismo sí promueve una enmienda a un único artículo de la Constitución que tiene que ver con el financiamiento de las Cámaras de Senadores y de Diputados provinciales.
La decisión peronista fue informada a través de un comunicado, en el cual criticó al gobierno radical y lo acusó de “no promover un diálogo directo con las fuerzas políticas y sociales de la Provincia para debatir temas centrales de la vida cotidiana de los mendocinos”.
En este sentido, marcaron que el Gobierno “se maneja en soledad y no gestiona los consensos necesarios para garantizar cambios institucionales y acuerdos programáticos”, pero también que las medidas tomadas han sido “sólo una seguidilla de fracasos en temas estructurales para Mendoza” y que se han buscado “culpables ajenos”.
Por otro lado, apuntaron sobre la supuesta disminución del gasto público que impondría la reforma, y aseguraron que, en coincidencia con los partidos Demócrata y Protectora, las modificaciones planteadas “perjudicarán la representación de las minorías debilitando los sistemas de control legislativo que permitieron echar luz a casos de corrupción en la gestión, como fue el caso de Vialidad Provincial”.
Finalmente, como contrapropuesta, afirmaron que promoverán en la Legislatura una enmienda constitucional de un sólo artículo de la Carta Magna, “para establecer un límite máximo para el presupuesto de las cámaras de Senadores y Diputados con un tope como porcentaje del presupuesto general de la provincia".
La respuesta del gobernador Suárez no se hizo esperar. “Realmente tengo muchos reparos y cosas que decir, y cosas que me cuesta entenderlas. Cómo a este PJ no le importa Mendoza, tiene que ver con eso. No les importó Mendoza cuando votaron en contra de los créditos para los créditos del BID”, empezó diciendo ante la consulta de la prensa durante una visita a la empresa IPC Pools.
Dijo que el rechazo dde la reforma constitucional no es un “fracaso” de su gestión, porque aseguró que la reforma “es apoyada ampliamente por los mendocinos y mendocinas". " Así como Mendoza se distingue por muchas cosas, queremos distinguir a Mendoza con instituciones distintas; por qué no tener la mitad de legisladores con representatividad”, sostuvo.
“Nosotros damos una señal a la política y decimos: ¿Por qué votar cada dos años y que se dediquen a gobernar y dejen la politiquería? ¿Por qué no votar que los municipios sean autónomos?... A mí me sorprende porque ellos saben (por el peronismo) que hay amplio apoyo de toda la ciudadanía a esta reforma”, agregó.
También comentó que la discusión a la que quiere llegar es que “hay que hacer cambios profundos para sacar a la provincia adelante. Hace 6 meses que presentamos el proyecto”, marcó, y volvió a apuntar contra el PJ y sus presuntas motivaciones políticas: “Hay otros intereses que tienen que ver con la ideología. Me sorprende porque es una torpeza política”, aseguró.
Con respecto a cómo sigue el debate, el mandatario confirmo que no declinaran en la estrategia porque “vamos a ir al recinto y que voten en contra. En ese comunicadito no hay un solo argumento”.
“Estoy ansioso por escuchar los argumentos que den en las cámaras legislativas. Van a tener que explicarlo”, dijo.
El proyecto enviado por el Ejecutivo mantiene la prohibición de la reelección inmediata del gobernador y vicegobernador, pero elimina la elección de medio término e incorpora un sistema legislativo unicameral.
Por otra parte, crea nuevos distritos electorales. También introduce el sistema de doble vuelta para la elección de gobernador y vicegobernador (balotaje).
En materia judicial, el proyecto establece como edad máxima para jueces en 70 años y ubica tanto a la Fiscalía de Estado como al Tribunal de Cuentas como órganos de control extrapoder, fuera de la sección del Poder Judicial.