Esta definición podría marcar un quiebre en el modelo sindical y es seguido con atención por gremialistas y empresarios. Podría convertirse en un caso testigo o escalar como sucedió con el enfrentamiento entre la UTA y los metrodelegados por la representación de los trabajadores del subte. Moroni tendrá la última palabra. O algún juez laboral que se atreva a una medida exprés.
Otra cuestión que atraviesa Moroni es resolver si habilita el PPC solicitado por Latam o lo descarta. El PPC, establecido en la década del 90 en la denominada ley de empleo, permite a las empresas concretar suspensiones y pagar menos por las indemnizaciones. "Citaremos a audiencia y veremos", informó un jerárquico de la cartera laboral. Moroni designó al abogado Pablo Topet para llevar los hilos de la negociación.
A todo esto la CGT por fijó su postura la semana pasada cuando rechazo a través de un comunicado la alternativa del PPC y advirtió que "no hay otra salida posible que el pago de la doble indeminización", como lo establece un decreto presidencial que fue extendido hasta fin de año para evitar una caída del empleo en tiempos de crisis.
Es la misma lectura que hacen los cinco gremios con personería gremial que deberán negociar con Latam. Se trata de los pilotos de Apla, que encabeza Pablo Biró; el personal técnico, de Ricardo Cirielli; Aeronavegantes, de Juan Pablo Brey; el personal superior, de Rubén Fernández, y el personal de tierra, que representa Edgardo Llano. Todos ellos recibieron la notificación de Moroni y es probable que se nieguen al camino del PPC.
"Si Moroni acepta un recurso de los 90 para liquidar la empresa y esquivar la doble indemnización, tendrá que dar explicaciones. No es un proceso para despedir. Si lo hace, iremos a la Justicia", advirtió Pablo Biró , referente de los pilotos, que también descartó que el funcionario habilite a participar de la negociación a los tres gremios con simple inscripción. "No creo que lo haga, hay otros mecanismos como una compulsa. Sería desconocer el modelo sindical", dijo.
Los gremios del sector mantienen una pelea adicional con Moroni, que les habría prometido levantar la intervención impuesta por la gestión de Mauricio Macri a la Federación Argentina del Personal Aeronáutico (FAPA) y avanzar con su normalización. La federación es la excusa perfecta para ocultar las diferencias internas y unir a los sindicatos del rubro para exhibir más fortaleza.
Entre los argumentos expresados por Latam, una de las razones de su salida fue la imposibilidad de avanzar en acuerdos con los sindicatos. Los coletazos económicos por la pandemia por el coronavirus y la reconversión que demandará en la industria aeronáutica aceleraron la decisión final, que sería difícil de revertir.
Los representantes de Latam se convencieron que no había vuelta atrás cuando en medio de la pandemia la empresa ofreció pagar el 50% del sueldo no remunerativo a los 1700 empleados (con un mínimo de $47.700), pero la medida fue rechazada no solo por los sindicatos sino también por Moroni, que intimó a pagar el 100% del sueldo.
Al ministro ni siquiera lo lograron convencer al mostrarle que la mitad de los 2200 empleados había aceptado por carta una reducción salarial.
El antecedente de la carta no es menor. Si el PPC no termina de despegar, es probable que la empresa avance en acuerdos individuales con algunos empleados mientras que con otros irá a un inevitable conflicto.
