La auditoría -revela La Voz- advierte a la fecha de corte (diciembre pasado) la Municipalidad evidenciaba “importantes deficiencias en sus sistemas de información” y una “casi total ausencia y/o deficiencia de controles internos”, sobre todo en áreas críticas, como recaudación, bancos, recursos humanos y proveedores.
Además, señala que la falta de controles redunda en “baja probabilidad de detección de fraudes, posibles pérdidas patrimoniales, ineficiencias operativas, ausencias de responsables y baja confiabilidad de la información disponible”, a la par de sugerir correcciones de fondo en los procesos y el replanteo general y modernización de la administración.
Entre sus conclusiones, la auditoría también expresa “sorpresa mayúscula” por el hecho de haber detectado falta de controles en los ingresos de dinero al municipio, cuando lo más frecuente es encontrar problemas de esa índole sólo con el gasto.
Al respecto, menciona que el esquema de control no asegura que el total de lo recaudado sea íntegramente rendido y también advierte que cajas tercerizadas depositan fondos a destiempo, lo que puede generar perjuicios financieros que incluso el municipio no detecte. Más aun, puntualiza que las imputaciones de recursos increíblemente se realizan en forma manual y no automáticamente.
A partir de este cuadro general, el informe desmenuza varias situaciones críticas, como el sistemático desvío de fondos con asignación específica a otros destinos; la emisión de 113 cheques por $20 millones el 2 de diciembre, a sólo una semana de concluir la gestión; falta de controles sobre el dinero ingresado a las cajas por precaución propia y coparticipación; y casos de obras públicas contratadas en forma directa, por fuera de norma y con precios excesivos.
Ese combo fue el que dio fundamento a la decisión del oficialismo cordobés de llevar los antecedentes a la Justicia Penal, en una determinación que ya había sugerido el propio Mestre en varias oportunidades.
