La cifra de 12.300 pesos es un redondeo del tope que hasta este mes aplicó la Anses a sus propios beneficiarios, que en el próximo pago (en los primeros días de septiembre) se elevará a 13.770,83 pesos por aplicación de la ley de movilidad jubilatoria.
Hoy, 7.828 de los 92.528 beneficiarios de la Caja cobran por encima de ese tope. En promedio, la Caja eroga por cada beneficiario de este grupo –formado sobre todo por ex funcionarios del Poder Judicial, ex jerárquicos del Ejecutivo y ex empleados de la Epec, Bancor y la Municipalidad de Córdoba– un total de 18.488,94 pesos al mes.
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Si se aplicara el “tope Anses”, por cada uno de ellos la Caja se ahorraría 4.718,11 pesos, según una simulación hecha por el organismo apenas conocida la sugerencia sobre la nómina salarial de agosto, que aún no se pagó.
En esos términos, el gasto de la Caja por cada afectado sufriría un recorte del orden del 25,5 por ciento, calculó el matutino.
En agosto, ese recorte permitiría reducir el gasto prestacional de la Caja en 36,9 millones de pesos, que, anualizados, significarían 480 millones, poco más de un tercio del déficit proyectado para este año.
Entre las otras tres “situaciones desfavorables” del sistema previsional que apunta la carta se menciona:
- Que el haber medio provincial “excede largamente” el que paga la Nación.
- Que la relación entre aportantes y beneficiarios no permite pagar el 82 por ciento móvil.
- Y que en 2014 se acelerará la jubilación de empleados activos, agravándose la relación beneficiarios/aportantes.
El “tope Anses” no está dentro de los puntos pactados en su momento con el organismo para “armonizar” (igualar) el sistema previsional cordobés al nacional. Ese convenio concluyó en diciembre de 2011 y la Nación nunca cumplió en enviar ni uno solo de los recursos comprometidos en él.
Pero la sugerencia, piensan en Córdoba, podría ser incorporada como requisito por parte de Anses en un nuevo convenio, si lo hubiera. En el actual contexto de incumplimientos, tensión política y demandas ante la Corte, eso no es previsible.
En la Provincia consideran que el tope violentaría la Constitución Provincial y daría lugar a una gran cantidad de litigios sin mencionar la conflictividad social.
