Con la nueva tasa la Provincia espera recaudar entre 300 millones y 400 millones de pesos anuales.
El problema surgirá si la flamante Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones de Hidrocarburos, que encabeza Kicillof rechaza la idea pero el legislativo cordobés la aprueba de todos modos.
Ocurre que el viceministro de Economía tiene potestad para imponer sanciones a las empresas, requerirles información y, en particular, fijar precios en el mercado, siempre que lo considere necesario para garantizar el “autoabastecimiento y la sustentabilidad”, acorde con lo dispuesto por Cristina Fernández en la puesta en marcha de la Comisión que motivó quejas de los gobernadores de las provincias petroleras.
El proyecto de ley delasotista dispone el cobro de 30 centavos por litro de combustible líquido (naftas y gasoil) y 10 centavos para el gas natural comprimido (GNC).
El dinero recaudado irá a un fondo vial para hacer mantenimiento, conservación y mejoras en la red de rutas y caminos, precisó la Voz del Interior.
Coloca a las estaciones de servicio como agentes sustitutos para la percepción del impuesto y se especula que el régimen de liquidación de los expendedores a la provincia sería cada 15 días.
En todos los casos, la tasa eleva en alrededor de siete puntos porcentuales la ya de por sí alta carga impositiva que tienen los combustibles, que equivaldría a más del 50 por ciento del costo de llevar el combustible al surtidor.
Ese cálculo surge de tomar el promedio simple del listado de precios que figuran en los surtidores de las estaciones cordobesas publicado por la Secretaría de Energía nacional, sin discriminar los tipos de naftas y gasoil.
En materia de impuestos internos, la alícuota sobre el gasoil y el diésel es de 19 por ciento, mientras que en el caso de las naftas, se ubica entre el 62 y el 70 por ciento, según la calidad del producto, de acuerdo con un relevamiento realizado tiempo atrás por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Castellano reiteró sus reparos a la aplicación fáctica de la iniciativa. “Las estaciones YPF no pueden cobrar este adicional, ni dentro del precio ni fuera, porque está claramente establecido en los contratos. Por lo tanto, si la empresa YPF no accede a que se realice ese cobro, el estacionero quedará en una situación complicada”.
En tanto, según informa Comercio y Justicia, agrega que Castellano se mostró preocupado por una eventual discrepancia entre la Nación y la Provincia respecto al tema. “Lo que más nos preocupa es el impacto en las ventas y qué decisión vamos a tomar cuando el Gobierno nacional diga blanco y la Provincia diga negro”, aseguró.
El proyecto para generar una tasa vial se trataría el miércoles de la próxima semana o a más tardar el último miércoles de agosto.
La intención oficial es que el proyecto esté vigente en septiembre.
El martes próximo, las comisiones de Economía, Legislación General y Obras Públicas continuarán con el tratamiento del tema, en este caso con la presencia de sectores empresariales.
