A Cristina Fernández, Gils Carbó le aporta un currículum-vitae mucho más sólido, desde el punto de vista académico, que el de Reposo: ella es abogada de la Universidad de Buenos Aires y tiene una maestría en Economía Política en Flacso.
Antes de ser fiscal fue prosecretaria letrada de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial y secretaria del Juzgado en lo Comercial 8. Sólo la primera etapa de su carrera, hasta 1987, fue en el ámbito privado. Como docente fue adjunta en la cátedra Derecho Comercial I hasta 1989 y profesora en la Universidad de Belgrano, en la cátedra Papeles de Comercio y Ejecuciones Colectivas. Publicó Régimen legal de las bases de datos y Habeas Data (tuvo un rol central en la reglamentación de esa ley) y colaboró en los libros Manual para fortalecimiento de Consejos Directivos de Organizaciones sin fines de lucro y Los Derechos Humanos en la Jurisprudencia de la Corte.
Hace 1 año, Gils Carbó respaldó la resolución de la Comisión Nacional de Valores (CNV), que declaró irregulares e ineficaces las decisiones tomadas en la asamblea de socios de Siderar del 15/04. Fue una gran contribución al esfuerzo de Axel Kicillof de poner a Roberto Rocca y Techint entre la espada y la pared. El accionista mayoritario (Techint) desconoció aquel día la vigencia del decreto que eliminaba el tope de representación estatal en el directorio de la empresa, luego de que la firma se negara a reconocer a la ANSeS el derecho a voto por la totalidad de su paquete accionario. El FpV quedó encantado con Gils Carbó.
En julio de 2011, apeló el fallo de la Cámara de Apelaciones en lo Comercial que revocó la intervención judicial de Papel Prensa. La decisión les había valido a los jueces José Luis Monti, Juan Garibotto y Alfredo Kolliker Frers un elogioso editorial de La Nación, que los calificó de “magistrados ejemplares que afirman el imperio de la ley”.
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Tras la apelación de Gils Garbó, los camaristas la descalificaron aduciendo que atribuía al Estado facultades supralegales. El entonces procurador Esteban Righi, en cambio, la respaldó y sostuvo que los jueces “han quebrado el papel neutral que deben desempeñar".
Obvio que Righi no sabía que, meses después, él terminaría vilipendiado y despedido para intentar que no se hundiera Amado Boudou, el vicepresidente de la Nación.
Antes de todo eso, en 2002/2003, Gils Carbó sostuvo una dura puja con Santiago Soldati por el concurso del grupo Sociedad Comercial del Plata, en el que Gils Carbó todo tuvo toda la razón, más allá de que camaristas del fuero desestimaran las denuncias de Gils Carbó y de Manuel Garrido, por entonces Fiscal de Investigaciones Administrativas, hoy diputado nacional.
Sin embargo, la fiscal Gils Carbó recibió un espaldarazo de la Corte Suprema de Justicia, que al momento de analizar lo ocurrido en el concurso preventivo de Sociedad Comercial del Plata, destacó las posiciones de Gils Carbó, sin cuya actuación se habría consagrado un millonario perjuicio a las arcas públicas.
De todos modos, hoy día no es buena la relación entre Gils Carbó y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Tampoco es cordial su relación con la Cámara Comercial: los camaristas -integrantes de todas las salas de la justicia comercial- llegaron en una ocasión a suscribir un documento reiterando su rechazo a diversas manifestaciones de Gils Carbó y solicitando a la Corte Suprema de la Nación “tenga a bien adoptar las medidas necesarias, a fin de resguardar el debido orden institucional entre el Ministerio Público Fiscal y esta Cámara”.
Ya en octubre de 2010 los mismos magistrados habían cuestionado una serie de expresiones de la fiscal vinculadas con decisiones adoptadas por varios de ellos en causas de su competencia.
“A través de declaraciones que distintos medios de comunicación masiva atribuyen a la Sra. Fiscal General o a su entorno más próximo, se formulan graves manifestaciones e imputaciones que afectan seriamente la investidura, dignidad, reputación y el buen nombre y honor de los jueces de esta Cámara, con apreciaciones sobre causas en trámite”, sostuvieron los 16 camaristas, advirtiendo sobre posibles incumplimientos de la ley 24.946 del Ministerio Público Fiscal.
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Ellos habían comunicado esa situación a la Corte, al procurador general de la Nación -por entonces Esteban Righi- y a la propia Gils Carbó, “en la inteligencia de que se reencauzarían las relaciones institucionales entre la Cámara y la representante del Ministerio Público Fiscal”.
Fue en esa circunstancia cuando Lorenzetti -hoy tan alejado de Gils Carbó- la respaldó.
