No son pocos los que advierten que la cercana relación del gobernador De la Sota con el ministro de la Suprema Corte Juan Carlos Maqueda, quien fuera uno de sus colaboradores, le permitió esquivar algunos baches administrativos en los que incurrieron las otras provincias a la hora de recurrir al máximo tribunal.
La presentación de Córdoba se produjo por lo que se definió como incumplimientos de lo pactado en el convenio 80/09, de armonización de normas previsionales.
La noticia se conoce al mismo tiempo en que la legislatura provincial se dispone sancionar la ley para denunciar el Pacto Fiscal firmado por todas las provincias y la Nación en 1992 por las que los Estados resignaron el 15% de sus coparticipación para financiar la reforma previsional de los años 90.
La norma sería un paso necesario para avanzar con el reclamo ante la Corte, y su segura sanción habría precipitado la decisión del Procurador.
La “denuncia” del Pacto a través de una ley implica que la Provincia da por extinguida la vigencia de aquel acuerdo, con el objetivo de que el Gobierno nacional deje de retenerle el 15 por ciento de la coparticipación que Córdoba y el resto de las provincias argentinas cedieron hace 20 años para el sostenimiento del sistema previsional nacional.
Hace dos décadas, los estados provinciales cedieron ese porcentaje para contrarrestar el desfinanciamiento que afrontó el sistema nacional por la creación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Afjp). Reestatizado el sistema, en noviembre de 2008, ese 15 por ciento no volvió a las provincias, a pesar de que, como en el caso de Córdoba, muchas tienen su propio sistema previsional desfinanciado.
La sanción de la ley contará con el respaldo opositor, aunque no está claro si se logrará por unanimidad o por mayoría, ya que se especula con que el Frente para la Victoria votará en contra.
