Ese fallo de Rafecas es el que hoy la Cámara confirmó. Al argumento central de Farah fue que las afirmaciones del periodista “nunca pueden configurar delito penal en los términos de los arts. 109 o 110 del Código Penal [calumnias e injurias] porque es indudable que se refirieron a asuntos de interés público”. El camarista dijo que eso es así, “al margen de consideraciones” sobre el “acierto o error” de los dichos de Pagni.
El camarista recordó que la ley es terminante cuando afirma que “en ningún caso configurarán delito de calumnia las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas”, que “en ningún caso configurarán delito de injurias las expresiones referidas a asuntos de interés público o las que no sean asertivas” y que “ tampoco configurarán delito de injurias los calificativos lesivos del honor cuando guardasen relación con un asunto de interés público”.
Farah dijo además que de la transcripción de los dichos de Pagni “surge claramente que el periodista no hizo una directa analogía como la que el querellante señala; no al menos en el sentido de haberle atribuido la comisión de los crímenes atroces que aquel ejecutó o haberlo equiparado en sus propósitos, métodos y estrategias de forma deliberada”.
En su fallo, Farah insistió: “El querellado se manifestó sobre asuntos de patente interés público, como son la tajante división de opiniones en la sociedad sobre la realidad política y económica, la violencia verbal con que se expresan esas opiniones, la incomunicación entre los representantes del pueblo para encontrar soluciones consensuadas a los problemas que aquejan al país y los ataques a la prensa por parte de funcionarios públicos”.
Incluyó en el final de su fallo una “reflexión” relacionada con “expresiones que han efectuado terceros al proceso” sobre el tema que se discute en el caso. Esos terceros son la DAIA; el presidente de Israel, Isaac Herzog, y el ministro Amichai Chikli, que expresaron su solidaridad con Javier Milei por la supuesta analogía de Pagni, después de que el Presidente denunció al periodista.
“Se han traído a colación manifestaciones que a propósito de los hechos han realizado prestigiosas autoridades e instituciones de la colectividad judía -dijo Farah-, donde se refirieron a la necesidad de impedir cualquier riesgo de banalización del Holocausto o tomar alguna de sus circunstancias a la ligera. Comparto absolutamente esa mirada. La mera equiparación de fenómenos políticos actuales a aquellos que fueron el punto de partida de eventos de los más trágicos que ha experimentado la humanidad, despierta lógicamente emociones de dolor fuertemente arraigadas en todos, pero especialmente en quienes pertenecen a una comunidad y a familias que resultaron el grupo más atacado y perseguido en aquel período histórico."
Farah sostuvo que “nada, por más opinión negativa que se pueda tener al respecto de lo que pasa ahora en el país, se asemeja a cualquier etapa de construcción, desarrollo o culminación de una política que entre otras cosas tendió al exterminio de una parte de la población civil por motivos raciales, religiosos y de culto”. Y concluyó: “Pedir respeto y especial consideración al hacerse referencia a tan trágicos acontecimientos es lo mínimo que puede hacerse”.
Antes, Farah había sostenido no negaba y hasta entendía “razonables” las “consecuencias que, según dice [Milei], puedan haber generado en su esfera íntima las alusiones y comparaciones que efectuó el querellado, en un editorial en el que lo mencionó renglones después de haberlo nombrado a Hitler”. Y agregó que los periodistas no tienen “la libertad de dañar a otros en cualquier supuesto y escenario”. Pero insistió en que en materia penal “es la propia la ley la que torna no delictivos a estos hechos” y, por eso, le “impone confirmar la desestimación de la querella” decidida por Rafecas.
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