Amparados en convenios internacionales firmados por Bolivia y leyes vigentes en ese país, los indígenas bolivianos demandaron el 31% del territorio de Bolivia para desarrollarse y mantener sus culturas.
Se trata de más de 30 millones de hectáreas que quieren los aborígenes, de las 109,8 millones de hectáreas del territorio nacional.
"Son territorios que nos pertenecen", justificó el diputado indígena José Bailaba. Sin embargo, el director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Alcides Vadillo, considera irracionales e inequitativas las aspiraciones de los aborígenes.
Quien está de acuerdo con el requerimiento es el ministro de Asuntos Indígenas, Ricardo Calla. "Es justo y equitativo lo que piden y calculo que la demanda se detendrá cuando se acerque a los 50 millones de ha", advirtió.
Calla, quien dijo estar identificado con las reivindicaciones territoriales de los aborígenes, argumentó que las pretensiones están sustentadas en el pasado régimen comunitario de Bolivia. "La demanda es justa, pero para el Estado no es fácil atenderla en términos de seguridad y saneamiento jurídico", justificó.
De acuerdo al Censo de 2001, por lo menos la mitad de la población boliviana es indígena y la mayor parte de ellos (72%) habita el área rural.
La distribución de la tierra en Bolivia nunca fue equitativa.
El servicio Nacional de Reforma Agraria, hasta 1985, dotó 36 millones de hectáreas de tierras, de las cuales 32 millones (el 91%) beneficiaron a empresarios medianos y grandes, en tanto que las restantes 4 millones de hectáreas (9%) fueron entregadas a empresarios pequeños productores (cifras señaladas por Miguel Urioste, con base en la información del censo agropecuario de 1984). El INRA no tiene esta información con datos actualizados.
Sin embargo, el director del INRA sostiene que los originarios deberían adecuar sus demandas pensando en que existen otros sectores de la sociedad que también quieren tierras. "Deben pedir con la lógica de la equidad", subrayó, insistiendo en que las etnias "pretenden acaparar tierras sin lógica productiva ni histórica".
El criterio fue refutado por el ex secretario de Tierra y Territorio de la Confederación Indígena de Pueblos del Oriente y Amazonia de Bolivia (Cidob), Bienvenido Sacu. "No es así, más bien las comunidades corren riesgo de desaparecer porque no tienen territorios consolidados y sufren avasallamientos permanentes", respondió.
Si bien la demanda de tierras de los originarios es millonaria, en la práctica, la dotación legal (entrega de títulos) se ha distribuido en desmedro de las etnias.
El ejemplo más claro, que está sustentado en cifras del mismo INRA, es que de las más de 30 millones de hectáreas demandadas, de las cuales 14,2 millones están contempladas en la Ley INRA, sólo 2,8 millones fueron reconocidas por decretos supremos y tituladas. A esto se suma que las demandas que ya fueron tituladas, fueron disminuidas en un promedio del 50% del total requerido.
"Estamos perdiendo territorio con el saneamiento y las conciliaciones a las que nos induce el INRA. Pedimos una determinada extensión y nos titulan solamente la mitad", denunció Bienvenido Sacu.
Alcides Vadillo respondió que durante los seis años de saneamiento de la tierra, los aborígenes fueron los más beneficiados. Argumentó que de los siete millones de hectáreas que se han saneado, 5,5 millones corresponden a TCO.
En el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), ONG que presta asesoramiento en materia legal a las comunidades indígenas, informaron de que las TCO tituladas, en la mayoría de los casos, son extensiones que no fueron pretendidas por nadie por estar distantes de las zonas urbanas, por ser poco productivas o porque su fauna sufre procesos de extinción.
Hasta 2003, se presentaron 103 demandas por 11,7 millones de hectáreas en tierras altas, de las cuales el Estado tituló apenas 100.000 hectáreas (en Potosí).
La Ley del Servicio Nacional de Reforma Agraria (INRA), promulgada en 1996, reconoció los derechos territoriales de los pueblos originarios de Bolivia. Fue producto de una multitudinaria marcha de aborígenes que salieron de sus comunidades hacia la sede de Gobierno.
A los gobernantes no les quedó otra opción que responder, favorablemente, a las etnias, cuyas exigencias legítimas estaban sustentadas en acuerdos internacionales suscritos por el Estado boliviano, entre ellos el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Las críticas a las demandas territoriales de los indígenas no se han dejado esperar. En el Comité pro Santa Cruz, institución que recientemente incorporó a organizaciones originarias, manifestaron que el Estado boliviano podría percibir ingresos económicos de las tierras que pretenden los indígenas si se comercializara el oxígeno que producen esas extensiones de bosques.
"Significaría millones de dólares de ingresos para el país que vendiéramos el oxígeno que generan esas extensiones", dijo el primer vicepresidente del ente cívico, Germán Antelo.