Todas las pesquisas se remiten a un trabajo del Comité Federal de Radiodifusión del 7 de diciembre de 2001, sobre actuaciones originadas entre el 1º de enero de 1994 y el 30 de junio de 2001. "(...) Se recibió documentación con las siguientes falencias:
• Documentación que debía ser en original o copia certificada y legalizada por el Colegio de Escribanos, en fotocopias simples o bien, certificadas y no legalizadas.
• Documentación en instrumento privado que carece de la certificación de firma.
• Documentación que carece de la legalización del Colegio de Escribanos.
• Se visualizó en algunos expedientes que las firmas del mismo representante en distintos documentos difieren notablemente entre sí.
(...) • Se han evaluado Estados de Situación Patrimonial o Estados Contables en los cuales el valor de la licencia o participación adquirida por la que se solicita la aprobación se encuentra incorporada, distorsionándose, de tal modo, cualquier análisis razonable sobre la base de indicadores u otros parámetros.
(...) • Falta de elementos de juicio para determinar el valor de las transacciones por no adjuntarse en las actuaciones el documento por el cual se formalizó la operación de compraventa, o por carecer el mismo del valor de la cesión.
• En un expediente el contador dictaminante de los Estados Contables de la sociedad cesionaria, es uno de los cinco accionistas de la mencionada sociedad, situación considerada incompatible según las normas profesionales vigentes (Resolución Técnica N° 7 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas).
(...) • La mayoría de los dictámenes de evaluación patrimonial efectuados por el Comfer, en los expedientes analizados, carece de opinión sobre la demostración del origen de los fondos, incumpliendo lo establecido en el Inc. c) del Art. 45 de la Ley de Radiodifusión.
(...) • En la mayoría de los expedientes analizados los socios ingresantes carecen, según su propia declaración, de algún tipo de participación en actividades culturales, no obstante lo cual en el Dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Comfer, se deja constancia que reúnen los requisitos de idoneidad cultural.
• Algunas de las empresas han utilizado como fuente de financiamiento préstamos sindicados, Obligaciones Negociables o prenda de acciones. No se desprende de las actuaciones que el Comfer haya indagado acerca del tipo de condiciones y restricciones y si estas pueden llegar a tener incidencia sobre las licencias.
Algunas de estas operaciones resultan de naturaleza jurídica análoga a la emisión de debentures, figura que se halla expresamente vedada en la Ley Nº 22.285 (Art. 46 inc.d).
(...) • Falta de cumplimiento con lo establecido en la normativa vigente para el caso de situación concursal del licenciatario (extinción de la licencia) o del cesionario (caducidad del trámite).
(...) • Inconsistencias en la base de datos, en virtud de la falta de inclusión de actuaciones, incorrecta carga de datos, y falta de un padrón actualizado.(...)".
El juez federal Claudio Bonadío se encuentra convencido de que han existido conductas financieras delictivas en varias empresas de TV por cable.
El titular del Juzgado federal porteño Nº 11, comenzó investigando, según el expediente, la violación de la Ley de Radiodifusión, nvestigación del año 2000 por una denuncia de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) respecto del incumplimiento de ciertos deberes.
En muchos casos, debidamente apuntados en el expediente, empresas controladas por Multicanal, Supercanal y Cablevisión, o estas mismas, han sufrido reiteradas rotaciones societarias que en escasas ocasiones se notificó al Comfer y menos aún se solicitó la aprobación de la transferencia, tal como lo exige la legislación vigente.
Además, sus directivos, en la mayoría de los casos, no cumplen con los requisitos que exige la norma para detentar la propiedad de esas emisoras.
Cuando el juez Bonadío evaluó que la complejidad contable se le escapaba de sus manos, solicitó auxilio a la Administración Federal de Ingresos Públicos.
Los contadores del Fisco han manifestado sorpresa ante los hallazgos producidos por su tarea y esto provocó la ampliación de la investigación, y lo que aparecía como un anexo -el presunto lavado de dinero- tomó importancia.
Los peritos de la Administración Federal de Investigaciones solicitaron, de inmediato, una ampliación de las pericias en ese caso, y el juez Bonadío pidió a los inspectores fiscales los balances consolidados de las empresas.
