Es decir, cualquier resolución al respecto, en el mejor de los casos, estaría lista para marzo del 2005, mucho tiempo después de que se haya resuelto el proceso electoral de fin de año, lo que despierta suspicacias sobre las intenciones electoreras de la propuesta.
En ese sentido, resulta inquietante saber que, a diferencia de lo que ha sucedido con otras iniciativas sobre migrantes, ésta no fue ampliamente cabildeada por Bush entre los legisladores y que fue enviada sin consensos previos.
El presidente entonces podría argumentar para sus fines que él ya cumplió con la comunidad latina en particular con los casi 5 millones de mexicanos que viven allá y que el resultado ya no depende más que del Congreso.
En todo caso, la oferta hecha ayer es insuficiente, pues no busca resolver el problema de fondo.
Enemigo de la idea de "amnistía", Bush propone en cambio ofrecer aquellos trabajos que ningún estadounidense quiera realizar, durante 3 años, después de los cuales se revisaría la situación laboral del inmigrante o se regresaría a su lugar de origen.
Los años de estancia no generarían antigüedad para optar por la residencia, lo que es visto por organizaciones de migrantes como un ofrecimiento parcial que tiene sólo como objetivo incrementar los controles migratorios.
A diferencia de lo que prometió, la iniciativa de Bush no pretende premiar el esfuerzo, sino amortiguar los efectos más severos de la demanda laboral que cíclicamente requieren agricultores y maquiladores de la Unión Americana.
Ahora bien, visto de otra manera, por limitada que sea, la iniciativa migratoria presentada ayer es un avance respecto de otros gobiernos de la Casa Blanca, refractarios al tema, y puede ser considerada no un producto acabado, sino un buen punto de inicio de debate que puede perfeccionarse sobre la marcha, con la participación incluso de México a nivel de negociaciones, para hacer sentir su presencia y opinión en dicho tema.
Cuando los antecedentes de legislación migratoria en Estados Unidos sólo se piensan en función de iniciativas persecutorias como la SimpsonRodino, la de ayer, con sus limitaciones, abre la esperanza de que es posible esperar un cambio de actitud que permee en la alta burocracia norteamericana y en los grupos de migrantes y concretamente de mexicanos que hoy día trabajan para cooperar con la riqueza de Estados Unidos.
El debate, pues, apenas comienza y debe pugnarse por que no se agote con el calendario electoral del vecino país, sino que eche raíces y sea el inicio del reconocimiento legal de una realidad económica que amenaza con salirse de control si no se le enfrenta con pragmatismo.
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El Universal, Ciudad de México DF, México, 2004.
