Por su parte, el ministro del Interior, Aníbal Fernández, afirmó que los jubilados no van a tener ninguna complicación, ya que las AFJP deberán hacerse responsables por sus inversiones.
No obstante, en el ámbito empresario hay coincidencia de que las AFJP deberían tener un tratamiento especial por parte del Gobierno en la operación de reestructuración de la deuda. Esta fue la postura del presidente de la Asociación Empresaria Argentina (AEA), Luis Pagani. Por su parte, el jefe de Gabitente, Alberto Fernández, dijo: "Es evidente que el sistema de jubilación privada está en crisis".
De acuerdo a información del diario Infobae, Fernández aseguró que "hay aspectos que deben ser revisados y corregidos". En ese sentido, ejemplificó: "Siempre se cuestionó el sistema de comisiones que tienen: es inadmisible que de cada $10 se queden con $3. El sistema de vínculos empresariales con las aseguradoras de vida y los bancos merecería alguna reedición. Hay que ser prudente con el tema, porque la situación es delicada, evidentemente".
Añadió, al respecto, que "hay que ver con tranquilidad el asunto" porque "el sistema tiene fallas importantes" y deben "ser capaces para tomar de la experiencia los aspectos negativos", aunque advirtió que eso no debe conducir "a extremos desmedidos".
Lo cierto es que las AFJP encontraron en un poderoso sector del empresariado un aliado adicional en su enfrentamiento con el Gobierno para evitar la aplicación de una quita sobre los títulos públicos en default en los que tienen invertidos los fondos de los afiliados.
Finalmente, para el economista jefe de FIEL, Juan Luis Bour, una eventual vuelta de la AFJP al sistema de reparto implicaría "donar nuestros ahorros al gobierno". Según su visión existe una "tentación" entre los políticos, para avanzar de esta forma, porque implicaría un incremento de recaudación de $ 3.500 millones anuales, "cerca de 1% del PBI por año".
En una entrevista con Ambito Financiero, Bour calificó a la propuesta de quita que ofreció el gobierno argentino como "inconsistente", porque "se promete crecimiento económico y apreciación del tipo de cambio para los próximos 15 años, pero en cambio, se niega un mayor esfuerzo fiscal para el pago de la deuda".
