Así se lo ha detallado el coronel Julio Canessa, director de la escuela, al general Augusto Pinochet en su primera visita como comandante en jefe del Ejército a la unidad ubicada en Blanco Encalada, en la mañana del 24 de agosto de 1973. Canessa, un hombre bajo y recio, está exasperado con el desorden del país; el desabastecimiento que puebla de hileras los comercios de Santiago, tiene en su caso una cara aún más ingrata, porque sus subalternos deben pasar en las calles en tareas de vigilancia. Por eso trata de escrutar si el nuevo comandante en jefe está dispuesto a hacer algo; el único comentario que recibe es enigmático: Paciencia.
No están los tiempos para confiar en nadie.
Ahora se acerca la medianoche del lunes 10 de septiembre y mientras camina hacia la puerta de salida de la casa de su hija Lucía, en Los Dominicos, el general Pinochet vuelve a recordar que la gasolina es un maldito problema. Entonces le dice a su yerno, Hernán García, que es mejor que saquen un poco de gasolina del auto oficial para que, si es indispensable, puedan movilizarse al día siguiente.
Esta noche, poco después de las 22, el general Pinochet ha pasado a ver a su hija, como hace a menudo, y después de acariciarla y besar a los niños -Hernán Augusto, de tres años, y Francisco Javier, de uno- se ha quedado conversando en el living con su yerno. Hernán García, técnico en productos lácteos y funcionario de la Empresa de Comercio Agrícola (ECA), debe viajar con frecuencia a Europa a supervisar las importaciones de leche y queso, y tiene una visión catastrófica de la producción agrícola en Chile. Lucía ha regresado a la universidad, a estudiar Educación de Párvulos en el centro del izquierdismo radicalizado, el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile, y aporta una percepción pavorosa de la violencia entre los jóvenes.
Esta tarde, después de almuerzo, su esposa Lucía Hiriart ha partido con los dos hijos más pequeños, Marco Antonio, de 16, y Jacqueline, de 15, a la Escuela de Alta Montaña, en Río Blanco, Los Andes. Los niños creen que van a pasar unos días de vacaciones, y en especial para esquiar en Portillo, como ha estado pidiendo Marco Antonio, el más entusiasmado con la excursión. El general se ha despedido de ellos con el cariño de siempre.
No, no el de siempre: por alguna razón, el adolescente lo ha sentido más emotivo y más cálido que otras veces, y lo ha visto hablar en voz baja con su madre, y dar instrucciones especiales al chofer Lobos. Llegarán a la unidad militar ya entrada la noche, se acomodarán en las habitaciones del Casino de Oficiales y los niños verán que su madre se queda conversando hasta tarde con las esposas de los jefes de la escuela. Es una madrugada extraña.
La escuela es dirigida por el coronel Renato Cantuarias, un hombre fuerte y efusivo, un clásico "montañés" que ha trabado excelentes relaciones con la familia Pinochet y que ahora despliega sus mejores dotes de anfitrión.
Cuando decide dejar la casa de los García-Pinochet, el general vuelve a besar a su hija y a encargarle el cuidado de los niños. Luego sale con García, para advertirle que mañana no salgan de casa.
Afuera inician ese desagradable trámite de inhalar por una manguera para que la gasolina pase de un estanque a otro, un proceso en el que siempre alguien traga algo. Un asco. Maldita gasolina.
00.30 horas, calle Laura de Noves
El general Pinochet regresa a su casa de calle Laura de Noves, preparado para pasar una noche solitaria. Paseará al perro, apagará todas las luces, pondrá el revólver de servicio en el velador y se quedará con los ojos abiertos en la penumbra. Empieza el día más importante de su vida, el que años después llamará "decisivo".
Un hecho es seguro: el general está intranquilo. Se siente vigilado. Se siente a punto de ser descubierto. Pero estos temores no son nuevos.
Lo acompañan con singular intensidad desde los últimos días de agosto, cuando una telefonista lo llamó a las tres para citarlo a la casa del Presidente Salvador Allende, en calle Tomás Moro. Alarmado, el general despertó a su esposa y a sus dos hijos menores y los llevó a la casa de su hija Lucía.
En el living de Allende lo esperaban los ministros de Defensa, Orlando Letelier, y secretario general de Gobierno, Fernando Flores; el secretario general del Partido Comunista, Luis Corvalán, y el director de Investigaciones, el médico socialista Eduardo "Coco" Paredes. También llegó, igualmente citado, el general Orlando Urbina, el único compañero de curso de Pinochet en el alto mando e Inspector General del Ejército, tercero en el mando.
El Presidente entró a la sala, saludó a los generales y les preguntó por sus actividades. Los asistentes civiles la recordarían como una conversación liviana y social, pero en la memoria del general Pinochet quedaría como un interrogatorio oblicuo y peligroso, en el que se le tendía una celada para descubrir sus actividades en la Academia de Guerra. En rigor, no era necesario que nadie las descubriera: tanto el Presidente como el ministro de Defensa estaban informados de la actualización del Plan de Seguridad Interior ordenada por Pinochet el 16 de julio, en su calidad de jefe del Estado Mayor del Ejército.
Después el Presidente habló de la confrontación en que se encontraban el gobierno y la oposición, y de la presión que ésta ejercía sobre las Fuerzas Armadas para sacarlas de su papel constitucional. De los dos generales, quien respondió fue Urbina: el gobierno, dijo, debía buscar pronto una salida a la crisis, por la vía del referendo o del acuerdo con la oposición, porque de otro modo crecería la violencia. Pinochet intervino muy poco.
Entre los asistentes quedó claro quién de los dos sería el comandante en jefe que sucedería a Prats. Aunque alguien hubiese tenido dudas sobre la designación de Pinochet, aquella noche el silencio inclinaba la balanza. Ese era el motivo encubierto de la cita. En la tarde Pinochet sería ungido con el mando superior del Ejército.
Al salir, Pinochet se fue en su auto con Urbina y le preguntó si él sería el general Rojo en caso de que se produjera la temida confrontación. Se refería al jefe del Ejército español que en 1936 permaneció junto a la República, en oposición al alzamiento de Franco. "No", dijo Urbina, "¿y tú?". "No", dijo Pinochet, y regresó a su casa. ¿Confiaba cada uno en la palabra del otro?
1.00 horas, Temuco
Esta noche de vigilia, el general Urbina duerme en Temuco, en el Regimiento de Infantería Nº 8 Tucapel. Al ascender Pinochet, ha asumido como jefe del Estado Mayor, y en la mañana del lunes 10 ha partido al sur en comisión de servicio.
Pinochet ha visto con alivio este viaje, porque los mandos que operarán durante el 11 han expresado su desconfianza hacia el segundo hombre del Ejército. Haciendo caso a esas objeciones, Pinochet ha dicho, ante el pequeño grupo de generales que el mismo 10 se juramentó para iniciar la sublevación, que en caso de que le ocurriese algo, tomaría el mando del Ejército el general Oscar Bonilla.
La decisión no es inocua. Bonilla ocupa la sexta antigüedad del cuerpo de generales; implícitamente, aunque los demás no lo sepan, en esta reunión la línea jerárquica ha sido quebrada. Si a Pinochet le hubiese ocurrido algo esa noche, cuatro generales habrían sido desplazados; ha sido la autorización de un golpe interno.
Con Bonilla, Pinochet ha elegido al de mayor rango entre los generales más vehementes en contra del gobierno, los únicos que podrían forzar un quiebre del Ejército. Una concesión a los duros que podría descabezar a los cuatro que están en medio.
De ellos, la quinta antigüedad es de Ernesto Baeza, comandante de Infraestructura, sin mando de tropas; el cuarto, Manuel Torres de la Cruz, manda la poderosa Quinta División, en Punta Arenas; el tercero, Rolando González, está dejando el Ministerio de Economía en el último gabinete de Allende. El más importante es el segundo: Urbina.
Pero nadie tiene razones de gran peso para desconfiar de Urbina. El general, delgado, austero y severamente profesional, es constitucionalista y detesta la deliberación política. No le gusta Allende, pero sus opiniones no trasponen los muros del hogar. Comparte ese estilo con Pinochet, y por eso ambos han estado, en distintos momentos, bajo la suspicacia de los oficiales más impetuosos.
Sin embargo, no son tan amigos. Mejor dicho: los liga la camaradería de quienes han compartido 36 años en el Ejército. Los oficiales inferiores creen que son íntimos, porque los han oído tratarse mutuamente de 'hermano'. Lo que no saben es que el apelativo contiene una carga de recíproca socarronería: Urbina le dice 'hermano' para recordarle a Pinochet su remoto paso por la Masonería, y Pinochet hace lo mismo porque siempre ha pensado que Urbina exagera su observancia católica.
Urbina está bajo sospecha desde que, en 1970, como comandante de la Segunda División y juez militar de Santiago, emitió severas condenas contra el grupo que asesinó al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, para impedir la asunción de Allende. En el complot se mezclaban militares retirados y activos con jóvenes extremistas de ultraderecha. Las condenas no podían ser benevolentes, tratándose de uno de los pocos magnicidios de la historia republicana. Pero ya entonces había en el Ejército quienes creían que el fin de impedir el ascenso del marxismo justificaba medios violentos.
Más tarde, en 1972, el gobierno lo designó vicepresidente de la comisión encargada de organizar la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (Unctad III). Y el general devino la cabeza visible de ese evento que la oposición calificaba como un aparato propagandístico del gobierno. Urbina entró de nuevo en los rumores.
Y ahora, siendo el jefe del Estado Mayor, el segundo en la línea jerárquica, es uno de los pocos generales que no sabe que el Ejército está a punto de movilizar su pesada maquinaria de fuerza.
¿Cuándo empezó todo esto? Algunos piensan que el mismo día en que Allende obtuvo la primera mayoría presidencial, el 4 de septiembre de 1970, un triunfo relativo que hizo que Richard Nixon golpeara la mesa de su despacho en Washington, vociferando en contra de "ese bastardo". La pataleta de Nixon, que veía en Chile un nuevo golpe del comunismo en un momento candente de la Guerra Fría, encontró eco en un grupo de civiles y militares en Santiago y terminó en el asesinato de Schneider, un episodio que en la mentalidad de sus ejecutores obligaría a las Fuerzas Armadas a intervenir.
Nixon ayudó a que el gobierno de Allende se viese rodeado de un clima enrarecido desde el comienzo. Sin embargo, ni él ni nadie que actuase en solitario podría haber logrado que tres años después la crisis se agudizara como ocurrió. Por eso otros sitúan el comienzo del fin en el descomunal paro de octubre de 1972, donde camioneros y comerciantes jaquearon al gobierno hasta obligarlo a constituir un gabinete integrado por altos mandos de las Fuerzas Armadas. El ingreso de los uniformados a los ministerios marcaría, según esta visión, el inicio de la intervención militar en la política.
Para el general Carlos Prats, la deliberación abierta partió el 11 de abril de 1973, cuando el ministro de Educación, Jorge Tapia, presentó el proyecto de la Escuela Nacional Unificada a los altos oficiales. El contralmirante Ismael Huerta, que poco antes había renunciado a su cargo de ministro, criticó en términos ásperos el proyecto; lo siguieron el general de Ejército Javier Palacios y los coroneles Pedro Espinoza y Víctor Barría. El Presidente le pidió al jefe de la Armada, el almirante Raúl Montero, el retiro de Huerta, pero éste lo defendió. Y el general Urbina exigió a Palacios su renuncia, sin éxito, motivando la intervención de Prats para calmar los ánimos.
Pero cualquier fecha que quiera señalar el inicio de la deliberación política de los militares es muy relativa. En el Ejército, el general más activo fue, por lejos, Sergio Arellano, que pasó meses en reuniones con otros militares, políticos y miembros de otras ramas de las Fuerzas Armadas. Sus notas personales reflejan una incesante actividad al margen del mando, más allá de todos los principios de obediencia y prescindencia política. Su convicción sobre la justicia de la causa era superior a ellos, aunque no del todo: en la última línea, Arellano le temía al quiebre de la unidad tanto como todos los militares.
En los trajines deliberantes lo acompañaron, con diversa intensidad, Javier Palacios, Sergio Nuño y Arturo Viveros (los generales más jóvenes del momento) y, ya avanzado 1973, también el general Oscar Bonilla. Semana tras semana, Arellano y sus colegas construyeron "por debajo" la unidad con las otras Fuerzas Armadas, mediante reuniones secretas. Sólo faltaba descabezar a los altos mandos.
Por eso algunos han propuesto como fecha decisiva el 30 de junio de 1973, cuando, a proposición del almirante Patricio Carvajal y con la anuencia de los mandos, se constituyó el Comité de los 15 (cinco oficiales generales por cada rama de las FF.AA.), que dio patente oficial a la deliberación, es decir, a los generales y almirantes que en los meses previos se venían reuniendo en forma clandestina.
La instalación del comité fue uno de los resultados de la conmoción producida el día anterior por la rebelión del Regimiento Blindados Nº 2.
La historia de este putsch es curiosa.
Gracias a una indiscreción del abogado Sergio Miranda Carrington -siempre ligado a grupos nacionalistas-, el gobierno se enteró de que algunos oficiales planeaban un alzamiento militar el 27 de junio. El gobierno tuvo tiempo para suspender las clases y el Ejército arrestó a varios oficiales del Blindados Nº 2. La tensión de la situación se reflejó esa tarde, cuando el general Prats disparó al auto de una mujer que le hizo gestos de burla.
Dos días después, el comandante del Blindados, teniente coronel Roberto Souper, sacó los tanques y marchó sobre el Ministerio de Defensa y La Moneda. Prats partió con las tropas de la Escuela de Suboficiales a defender el Palacio, mientras Pinochet encabezaba el Regimiento Buin para encerrar a los rebeldes por el sur y por el norte. A pie, armado con una subametralladora y acompañado por el teniente coronel Osvaldo Hernández Pedreros, el capitán Roger Vergara y el sargento Omar Vergara, Prats fue rindiendo a los conductores de tanques, hasta que uno de ellos, el teniente Mario Garay, se negó y le apuntó con su ametralladora; su ayudante, el mayor Osvaldo Zavala, encañonó en la cabeza al sublevado y lo redujo. Souper huyó del centro con sus últimos tres tanques a eso del mediodía.
Esa mañana murieron 17 soldados y cinco civiles, y 32 personas quedaron heridas. Prats puso en peligro su vida. Muchas unidades estuvieron a punto de seguir al Blindados. Pero los dirigentes de la UP, leyendo mal las señales, llamaron a la ocupación masiva de fábricas y fundos, en lugar de aplacar la tensión. 244 empresas fueron ocupadas ese día y el siguiente. Esa tarde se asilaron en la embajada de Ecuador cinco dirigentes máximos de Patria y Libertad, reconociéndose instigadores de la asonada y alegando haber sido objeto de una "traición".
Un año más tarde, el general Arellano y el general de la Fach Germán Stuardo admitieron que ese día se preveía el alzamiento de diversas unidades, como estuvo a punto de ocurrir. Lo que hizo fracasar ese diseño fue la intervención del comandante en jefe, lección que se convertiría en el número 1 de la agenda del golpe en el Ejército: no habría garantía de éxito sin los mandos superiores. El número 2: Prats era un obstáculo.
En la primera sesión del "Comité de los 15", Pinochet intentó evitar que se hablara de política, pero los asistentes subrayaron que no había otro tema. Se reuniría cinco veces entre junio y agosto. Pero ya en la segunda sesión, el 1 de julio, produjo una Apreciación de la Situación, rotulada "estrictamente secreta", que fue entregada al general Prats para que la hiciese llegar al Presidente.
Al día siguiente, Allende pidió a los tres comandantes en jefe que se integrasen al gabinete para apoyar el Programa de Emergencia Económica. Prats se reunió con los generales, que expresaron su rechazo a participar en el gobierno; uno de ellos, Carlos Araya, le dijo más tarde que su imagen ante los subalternos era ya muy negativa. Sintiéndose cada vez más aislado, Prats encargó a cuatro generales de su confianza -Pinochet, Urbina, Mario Sepúlveda y Guillermo Pickering- que expusieran ante Allende los argumentos del alto mando. El Presidente terminó por aceptarlos, enojado:
"Muy bien. Por ahora no habrá gabinete con las Fuerzas Armadas".
Pero un mes después, el 9 de agosto, la situación política había empeorado tanto -nuevos paros, atentados, la exigencia del PDC de generar un gabinete con mayoría militar, el asesinato del edecán naval Arturo Araya, la falta de alineamiento de los partidos de la UP con el gobierno, la inflación elevada al 283%-, que Allende insistió en llevar a los jefes militares y de Carabineros a un gabinete de "Seguridad Nacional", abriendo un capítulo dramático para los comandantes en jefe: Prats, en Defensa; Montero, en Hacienda; el general de la FACh César Ruiz Danyau en Obras Públicas y Transportes, y el general director de Carabineros, José María Sepúlveda, en Tierras. Ninguno de ellos estaría en el mando 32 días después.
00.30 hora
Academia de Guerra Fach, Las Condes
Aquel gabinete precipitó la crisis de los mandos militares con una celeridad que sólo se podía imaginar si se tenía conciencia de vivir sobre un polvorín.
"La semana más importante en la política chilena antes del golpe del 11 de septiembre comenzó el lunes 20 de agosto de 1973", ha escrito, con exactitud, el historiador Paul Sigmund.
Ese 20 de agosto, unos 120 oficiales de la Fach reunidos en la Base Aérea El Bosque debatieron a voz en cuello en contra de la decisión presidencial de remover al comandante en jefe, el general Ruiz. La crisis se había iniciado la semana previa, cuando Ruiz quiso renunciar al gabinete (sólo seis días después de asumir), en vista de las acciones del intendente de Santiago contra los camioneros en huelga. Allende le exigió que dejase también la Fach. Ruiz se resistió a esto último, pero el 17 de agosto no pudo contener la presión presidencial. Esa noche, en la casa del cardenal Raúl Silva Henríquez, Allende hizo ostentación de su energía política ante el presidente del PDC, Patricio Aylwin, con quien cenaba en secreto para buscar una salida a la crisis, mostrando la carta de renuncia que tenía en su bolsillo. Confiaba aún en su capacidad de maniobra.
Pero Ruiz no se quedó en paz y continuó reuniéndose con sus oficiales, en las bases de Los Cerrillos y El Bosque; éstos se acuartelaron luego de notificarle que seguirían considerándolo su comandante en jefe. Entre tanto, Allende ofreció el mando -con el ministerio- a los generales Leigh y Gabriel van Schouwen, que lo rechazaron. Al fin, acordó con Leigh que asumiera el mando de la Fach y dejase el ministerio al general Humberto Magliochetti.
El nombramiento fue una sorpresa para todos: Allende sabía que Leigh era un "duro" y que había sido un protagonista del "Comité de los 15". Ese día, sin embargo, envió los principales aviones de combate a la base de Carriel Sur, en Concepción, para impedir que los oficiales en rebeldía quisieran usarlos. El último acto del drama ocurrió el lunes 20 de agosto, en el teatro de la Base El Bosque, donde los oficiales discutieron acaloradamente acerca de la designación de Leigh. La deliberación también estaba desatada en la Fach. Sólo que, por esta vez, predominaría la obediencia: no aceptar significaría una rebelión frontal contra el gobierno.
Esa mañana, un grupo de esposas de oficiales de la Fach se congregó ante al Ministerio de Defensa para gritar consignas a favor de Ruiz y en contra del gobierno y del ministro de Defensa, el general Prats. Era un preludio de lo que ocurriría al día siguiente frente a su casa.
En cualquier caso, la gestión de Leigh caracterizó de inmediato a la Fach como la rama más severa de las Fuerzas Armadas, en particular en el allanamiento de industrias bajo el paraguas de la ley de Control de Armas. La ley durmió desde que fue promulgada en 1972, pero después del "tancazo" las Fuerzas Armadas la activaron drásticamente.
El Presidente no era en absoluto contrario a la ley; a la inversa, en numerosas ocasiones propuso aplicarla con más severidad. Pero la insistente acusación, por parte de los dirigentes de la UP, de que los militares la usaban en forma sesgada y pasando a llevar a trabajadores, lo convenció de limitarla.
Un incidente de mayor cuantía ocurrió en la Lanera Austral de Punta Arenas, cuando un operativo conjunto de la Fach y el Ejército derivó en un tiroteo que dejó a un obrero muerto. El gobierno exigió a Leigh abrir un sumario y pidió a Pinochet remover de su cargo al general Manuel Torres de la Cruz, conocido adversario del gobierno. Ninguna de las dos cosas ocurrió, pese a las promesas de ambos jefes militares.
La ostensible irritación del oficialismo se colmó en la noche del 7 de septiembre, cuando una unidad aérea allanó la textil Sumar, con intercambio de disparos. Según la versión de la UP, los obreros de turno fueron maltratados por las tropas de la Fach; según ésta, los militares fueron rodeados por decenas de hombres, amenazando con reducirlos. Tras una conversación telefónica de Leigh con el ministro Letelier, los uniformados abandonaron el sector. El incidente sembró, en los mandos armados, el temor de que los irregulares pudiesen estar empatando el nivel militar de las tropas profesionales.
Al día siguiente, Allende citó a Leigh a su despacho y le ordenó cesar los allanamientos a industrias sin previa autorización del ministro de Defensa. En su presencia encargó al director de Investigaciones, el socialista Alfredo Joignant, realizar la indagatoria sobre los sucesos de Sumar. La guerra con la Fach estaba lanzada.
El domingo 9, Leigh se encaminó a la casa de Pinochet.
Y ahora que el momento ha llegado, en la madrugada del martes 11, el jefe de la Fach ha citado sólo a un pequeño grupo de oficiales para que lo acompañe en la Academia de Guerra Aérea. Como casi todos los altos mandos en los últimos meses, Leigh está invadido por las suspicacias y por el miedo a las traiciones. El mando ya sabe que algunos oficiales y suboficiales han mantenido reuniones con los socialistas Erich Schnake y Carlos Lazo, presidente del Banco del Estado.
En el Chile de este momento, la lealtad se ha convertido en un bien más escaso que los cigarrillos.
Todo se ha venido superponiendo desde aquella semana crítica de agosto. El martes 21 de ese mes, esposas de oficiales de la Fach continuaron protestando ante la oficina de Prats. Lo culpaban de haber maniobrado, como ministro de Defensa, para ayudar al Presidente a sacar a Ruiz.
Lo ocurrido era lo contrario -Prats se negó a intervenir-, pero esa tarde las acusaciones contra el jefe del Ejército adquirieron un cariz radical: unas 300 mujeres, entre las que se contaban las esposas de nueve generales del Ejército, se agolparon ante su casa. Llevaban una carta para su esposa, Sofía Cuthbert, en la que le pedían "interceder" ante el comandante en jefe (sin precisar para qué). La aglomeración, que se incrementó con oficiales de uniforme y de civil, se prolongó hasta la noche y derivó en un enfrentamiento con la policía. Sólo el general Bonilla, que fue a buscar a su esposa, entró a la casa de Prats y, tras pedir disculpas por la presencia de su mujer, le dijo que la imagen del comandante en jefe se había deteriorado en el Ejército.
Prats lo hizo retirarse, pero no tomó medida alguna en su contra. ¿Había llegado a sentirse ya inmovilizado por el temor a que un gesto suyo desencadenara la rebelión? Eso sugieren sus Memorias. A diferencia de Ruiz y Montero, Prats no tenía dudas sobre la existencia de una conspiración capitalista contra el gobierno; su única interrogante, repetida una y otra vez, era quién la dirigía.
Al día siguiente, Prats ordenó a Pinochet que exigiera a los generales emitir una declaración en su respaldo. Si no lo hacían, renunciaría. En la sesión dirigida por Pinochet, los generales Sepúlveda y Pickering presentaron sus renuncias en señal de vergüenza por el incidente; los siguieron los generales Gustavo Alvarez, Raúl Contreras, César Benavides y, sólo de palabra, Herman Brady. Encabezaron la defensa de las esposas los generales Bonilla y Vivero; la señora de este último había ayudado a reclutar mujeres, junto a la de Palacios.
Pinochet regresó ante Prats con malas noticias: los generales no firmarían una declaración. Más tarde traduciría sus sentimientos en una frase gráfica: "Lo que le han hecho a mi general se paga sólo con sangre de generales". Y se entendía que pensaba en los líderes de la revuelta contra Prats: Arellano, Palacios, Vivero y, por supuesto, Bonilla.
Prats supo que había caído. Tras él se irían Sepúlveda, jefe de la Guarnición de Santiago, y Pickering, director de Institutos Militares: los dos hombres con mayor número de tropas y últimos obstáculos para la iniciativa armada. Hay quienes asignan importancia crucial al retiro de Prats porque dio paso a un cambio en la doctrina del Ejército.
Pero como el sucesor nominado por Allende -con las especiales recomendaciones del general saliente y del ex ministro de Defensa José Tohá- fue el general Pinochet, que había mostrado una férrea lealtad a Prats, hay todavía quienes estiman que la fecha real de desencadenamiento del golpe fue el domingo 9 de septiembre de 1973, cuando Pinochet firmó el compromiso de actuar el martes 11. Líder de esta versión fue el almirante José Toribio Merino, secundado por otros altos jefes de la Armada, todos los cuales coinciden en atribuir la detonación final a esa rama náutica. Lo que ellos sugieren es que, si la Armada no hubiese impuesto la fecha, el Ejército podría haber pasado semanas o meses de dilaciones.
Cualquiera que sea el inicio que se escoja -o incluso si se opta por la versión del engranaje de todos los sucesos, como si la historia fuese una máquina implacable-, la pregunta es: ¿Pudo evitarse en algún punto lo que ahora, al comenzar el martes 11 de septiembre, está a punto de ocurrir? Todos intuían este desenlace, y nadie hizo lo suficiente para detenerlo.
Es la definición técnica de tragedia.
1.00 hora
Academia de Guerra Naval, Valparaíso
Cerca de la 1 de este martes 11, el almirante Merino disuelve la reunión en que su estado mayor ha compartido unos whiskies para aplacar la tensión de la víspera de la batalla. Está en la Academia de Guerra Naval en forma secreta, luego de enviar a su familia a otra casa, y de dejar la suya vestido con el uniforme de su asistente, para burlar la vigilancia policial. En la puerta de su cuarto se tiende su ayudante de órdenes, el capitán Víctor Díaz Torres.
Culmina un largo camino, que se inició formalmente el 12 de julio de 1973, cuando recibió -¡por fin!- el texto del Plan de Acción de Anti-Insurgencia Cochayuyo, diseñado para tomar el control de las zonas de jurisdicción de la Armada. Para esa fecha, Merino tenía ya la decisión de hacer frente al gobierno, cuyo sesgo marxista era incompatible con su ideario del nacional-catolicismo, que tan bien encarnaba el caudillo de España, Francisco Franco.
De todos los militares involucrados en el alzamiento, Merino es posiblemente el más ideológico: su aversión al marxismo es tan visceral, que la siente como parte de una cruzada a la que no puede renunciar. Y por ello es también el más decidido, el único al que no intimida el peligro de una guerra civil (otra vez en esto, piensa en Franco), ni siquiera el de una confrontación con el Ejército. En algún punto, esa convicción entronca con una cierta tradición intelectual de la Armada. Así se entiende mejor lo que le dijo a su amigo Huerta:
-¡A Allende lo voy a sacar yo!.
No necesitó decírselo al almirante Carvajal, que desde el verano había alcanzado la estratégica posición de jefe del Estado Mayor de la Defensa, lugar desde donde se coordinan las tres ramas de las FF.AA. Adelantando tareas, Carvajal había infiltrado a dos marineros cocineros en la casa del Presidente.
Quedaba un solo problema: el comandante en jefe de la institución era el almirante Montero, conocido por su temperamento moderado. La situación de Montero es la de un personaje trágico: en los días que corren, un espíritu reflexivo parece, de modo inevitable, vacilante. Su aislamiento, facilitado por su continua presencia en Santiago y las reiteradas peticiones de Allende de que participara en el gobierno, se precipitó bruscamente hacia agosto.
En la primera semana de ese mes, Merino denunció el descubrimiento de una infiltración izquierdista en el crucero Almirante Latorre y el destructor Blanco Encalada, patrocinada por el senador y secretario general del PS, Carlos Altamirano, el diputado y secretario general de la facción "dura" del Mapu, Oscar Guillermo Garretón, y el secretario general del MIR, Miguel Enríquez. Los marinos implicados en las reuniones con esos dirigentes dirían más tarde que intentaban prevenir la sublevación de los oficiales. En cualquier caso, se trataba de deliberación política a favor del gobierno.
Ese mismo día, los comandantes de seis naves de la escuadra se negaron a zarpar a los preparativos de la Operación Unitas.
Argumento: no dejarían a sus familias solas, ni se expondrían a peligros como los descubiertos en los otros dos buques.
La Armada estaba al borde de un caos interno.
El martes 21 de agosto, un día después de la tempestuosa asamblea de la Fach y al mismo tiempo que estallaban en Santiago las manifestaciones de esposas contra Prats, los almirantes, presididos por Huerta, se reunían en Valparaíso para debatir una decisión del comandante en jefe: que el almirante Daniel Arellano asumiese como nuevo ministro de Hacienda. Los almirantes reclamaban que un Consejo Naval anterior había acordado rechazar la participación de la Armada en el gobierno.
En la noche, una delegación viajó a Santiago y se reunió con los almirantes Montero, Merino y Hugo Cabezas en el Ministerio de Defensa, notificando la conclusión del día: el comandante en jefe ya no era un factor de cohesión. Merino lo defendió, haciendo ver que se iría cuando fuese apropiado, alrededor de un mes más. Pero la deliberación estaba fuera de control. Montero presentó su renuncia al Presidente.
El 24, Allende se la rechazó. Esa tarde, Montero se reunió con los almirantes y volvió a escuchar a Huerta, que ahora planteó la necesidad imperiosa de su retiro. En la noche citó al almirante Merino, que llegó con el contralmirante Sergio Huidobro, jefe de la Infantería de Marina. Merino le reiteró que debía renunciar. Montero llamó a Allende:
-Presidente, tengo aquí a dos almirantes que me piden la renuncia en nombre del Consejo Naval.
Allende los convocó de inmediato y tuvo su primer enfrentamiento verbal con Merino. No permitiría la salida de Montero en estos términos. Dada la insistencia de Merino, el Presidente le espetó:
-Entonces, quiere decir que estoy en guerra con la Marina.
El 30, Merino, actuando como juez de la Primera Zona Naval, pidió el desafuero de Altamirano y Garretón, una decisión que, en el caldeado ambiente que se vivía, sólo podía ser interpretada como un desafío abierto.
Al día siguiente, el Consejo Naval y la oficialidad se reunieron en la Escuela Naval, bajo la presidencia de Montero. Ahora quien le quitó el respaldo de sus subordinados fue el almirante Horacio Justiniano.
Montero sabía que ya no tenía sustento. Su salud estaba quebrantada por una úlcera y la ordalía de reuniones descalificatorias había deteriorado su voluntad. Pero cuando se lo fue a plantear a Allende en su casa, esa noche, recomendando nombrar a Merino para apaciguar, el Presidente desestimó sus ideas: no estaba dispuesto a ceder.
El 1 de septiembre, el recién instalado ministro de Defensa, el socialista Orlando Letelier, citó a los almirantes y los emplazó a explicar la deliberación contra Montero. Carvajal y Huerta lideraron los argumentos, que Letelier rechazó de plano. Era un diálogo de sordos.
El lunes 3, el ministro anunció a los almirantes que Montero mantendría su cargo, y que tampoco serían cursados los retiros solicitados por los almirantes Arellano y Cabezas. No dijo que en la mañana se había cursado el del contralmirante Huerta. Arellano era ministro de Hacienda y Cabezas, jefe del Estado Mayor de la Armada. Además de ellos, que tenían cercanía con Montero, sólo el contralmirante administrativo Francisco Poblete, destinado en el Estado Mayor, respaldó al comandante en jefe. Poblete denunció lo que era obvio: había una insubordinación generalizada.
Además de extenuante, la sesión fue un desastre. Tras salir el ministro, los almirantes continuaron a solas. Montero, agobiado, sufrió un vahído; el contralmirante Huidobro, que fue en su ayuda, repitió los argumentos del almirantazgo. Montero le pidió a Letelier que oyera a Huidobro. Y el ministro terminó proponiendo que los almirantes Montero, Merino, Huidobro y Erich Pablo Weber se reuniesen con Allende. La escalada de reuniones concluyó con la promesa del Presidente de que el viernes 7 pasaría a retiro a Montero y designaría a Merino.
Aquel viernes, Merino regresó a La Moneda, y encontró a un Allende indignado con el titular del diario de derecha Tribuna: "Hoy vence plazo de la Armada a Allende". En estas condiciones, dijo, no anunciaría el cambio de mando. Merino recordaría el inicio del encuentro como un acto casi armado: al ver a cuatro miembros del Grupo de Amigos Personales (GAP) situados en las esquinas del comedor, sacó su pistola y la puso sobre la mesa. En todo caso, salió con el mismo cargo con que había entrado. Y eso fue lo que, disgustado, informó en la noche al general Sergio Arellano.
Según el entonces parlamentario socialista Erich Schnake, ese mismo viernes 7 ocurrió un hecho extraordinario: Huidobro, que era su amigo y apoderado de su hijo en la Armada, lo llamó para informarle que se planeaba el derrocamiento de Allende. Los cabecillas eran el almirante Merino y los generales Leigh, Bonilla y Arellano. Pasarlos a retiro cuanto antes podría salvar al gobierno. Schnake narró esto en casa de Allende, pero nadie se mostró proclive a actuar de prisa. Huidobro desmentiría esta versión, pero no su cercanía con Schnake; por lo demás, es un hecho que el PS lo consideraba uno de sus informantes privilegiados.
El mensaje era tardío y ambiguo.
¿Se trataba de maniobras diversionistas, trucos para desorientar al adversario? ¿O eran apuestas de doble juego, por si las cosas tomaban otro giro? En un ambiente donde no se puede confiar en nadie, todo vale y todo es posible.
Al día siguiente, sábado 8, Merino se reunió con el alto mando y tomó la decisión de iniciar el levantamiento; en su análisis, las dilaciones de Allende habían llegado al límite, y ahora se corría el riesgo de que descabezara a los altos mandos. Llegando con retraso desde Santiago, el almirante Carvajal informó que la Fach participaría, pero que no tenía seguridades finales de Pinochet.
El domingo 9, Merino decidió enviar un mensaje a Pinochet. El contralmirante Huidobro y su jefe de Estado Mayor, el capitán de navío Ariel González, viajaron a Santiago con una nota manuscrita de Merino, informando que la Armada se alzaría a las 6 del martes 11 y requiriendo el compromiso de apoyo de Pinochet y el comandante en jefe de la Fach, Gustavo Leigh. Aunque la nota es explícita en plantear una sublevación conjunta, Merino diría en sus Memorias que se les pedía, al menos, no emplear sus fuerzas en contra de la rebelión marina.
Acompañado de Carvajal, a quien pasó a buscar para dar más autoridad a su visita, Huidobro entró a la casa del jefe del Ejército en la tarde, mientras la familia celebraba el 15º cumpleaños de Jacqueline, la hija menor. Ya estaba allí Leigh, que había llegado con idénticos motivos.
Leigh había sido informado en la mañana, por el general Arellano, de que Pinochet continuaba siendo un enigma. Según Arellano, lo había visitado la noche del sábado 8 y le había dicho que estaba en marcha una insurrección contra el gobierno, que esperaban que liderase como jefe del Ejército. Pinochet se comprometió a comunicarse con Leigh.
Pero al día siguiente Pinochet estuvo muy ocupado.
Al mediodía, y acompañado del general Urbina, fue a la casa del Presidente, que les quería informar de su decisión de convocar, esa semana, a un plebiscito para romper el empate político. Los generales se mostraron satisfechos: era lo que había propuesto Urbina ya en la madrugada del 23 de agosto. En ese contexto sería más fácil cursar los retiros de los generales que deliberaban contra el gobierno. Al salir, alcanzaron a ver a los dirigentes del PC que llegaban a la casa para dar su aprobación a Allende.
Cuando el jefe de la Fach llegó, inquieto, a su casa en la tarde del 9, Pinochet no mencionó este hecho. Y discutían sobre el levantamiento inminente (Leigh recordaría que Pinochet dijo que "esto podría costarnos la vida") cuando recibieron a los dos jefes navales con la nota de Merino.
Pinochet buscó su pluma y dio su aprobación. Leigh puso la suya. Día D, 11 de septiembre. Hora H, 6 de la mañana.
El tío Sergio Hiriart, hombre de humor rápido y contagioso, miró la extraña reunión desde el living donde se celebraba el cumpleaños y se permitió una broma visionaria:
"Mira, esos de allá están en un complot".
Huidobro y González retornaron a Valparaíso al anochecer para informar a Merino.
2.00 horas,
Casa Presidencial de Tomás Moro
A las 2 de esta madrugada que comienza a eternizarse, Allende levanta la cena que ha reunido, desde hace cinco horas, a sus ministros del Interior y Defensa, Carlos Briones y Orlando Letelier; al asesor de prensa Augusto Olivares y al asesor político Joan Garcés; a su esposa, Hortensia Bussi, y a su hija Isabel. Ambas regresaron en la tarde de México, y parte de la cena se dedicó a sus impresiones de ese país. Con un matiz: en el intertanto, Olivares fue informado por la secretaria privada del Presidente, Miria "Payita" Contreras, que dos camiones con tropas marchaban desde Los Andes a Santiago. Ella prometió volver a llamar cuando tuviese más información.
Más tarde, los comensales de Tomás Moro entraron a los temas políticos. Allende anunció que ya tenía el apoyo del PC para convocar a un referendo acerca de las áreas de la economía (privada, mixta, estatal) y el acuerdo del PDC sobre el texto de la reforma constitucional que se requería para ello.
A la segunda llamada de Payita por los camiones militares, Allende ordenó a Letelier que ubicara al nuevo jefe de la Guarnición de Santiago, el general Herman Brady. Pero éste dijo no saber nada. Más tarde explicó que eran refuerzos antidisturbios. (Lo que no dijo es que en el intertanto llamó a Pinochet, quien a su turno llamó al regimiento de Los Andes para que devolviesen los camiones a la altura de Chacabuco). A Letelier le hizo sentido: en la mañana, Pinochet le había dicho que acuartelaría al Ejército, en previsión de desórdenes por los desafueros de Altamirano y Garretón. Por las dudas, en la cena Letelier le propuso a Allende llamar a Pinochet, pero el Presidente, entre cansado y bromista, le dijo que no, que si hicieran caso a todos los rumores…
Allende había tenido un día de perros. Al mediodía había convocado a un consejo de gabinete en el que dio un cuadro dramático de la situación. La tensión con la Armada y con la oposición se había agravado tras un desafiante discurso pronunciado el domingo por Altamirano. Las arcas fiscales estaban destruidas: ya casi no se disponía de divisas. Un atentado terrorista contra el oleoducto de la Enap agudizaría la falta de combustible en los próximos días. Y, debido a la paralización del sistema de descarga de granos del puerto de San Antonio, el país disponía de trigo para sólo cuatro días. En vista de este cuadro, dijo, anunciaría diversas medidas en las próximas horas, incluyendo un referendo.
Su decisión era una bomba política. En la noche del sábado 8, había recibido con indignación la carta del comité político de la UP, redactada por Adonis Sepúlveda, en respuesta a sus propuestas. Una apretada síntesis:
-Acuerdo con la DC sobre las áreas de la economía: Rechazado.
-Convocatoria al referendo: Rechazado.
-"Gabinete de Guerra": Rechazado.
-Voto de confianza al Presidente para decisiones urgentes: Rechazado.
Allende estaba especialmente furioso por la falta de proposiciones alternativas. Era un no sin reverso ni salida. Por ello, al decidir el referendo a pesar de la carta, Allende había desahuciado a la UP. Sin saberlo, la coalición se había terminado ese día 10, dinamitada por el "infantilismo revolucionario" (Lenin), la idea del "enfrentamiento inevitable" (Altamirano) y la "parálisis de las contradicciones" (Garcés). Sólo faltaba la fecha pública. Podía ser mañana, el martes 11, aprovechando un acto en la Universidad Técnica del Estado.
El Presidente almorzó con los ministros Briones y Letelier, el asesor Garcés y los ex ministros José Tohá y Sergio Bitar, analizando el nuevo diseño dentro de una situación militar ya extrema. Además de modificar el equipo ministerial y anunciar el plebiscito, crearía una Dirección de Seguridad, a cargo de Tohá, encargada de coordinar la inteligencia de las FF.AA. y monitorear las amenazas contra el gobierno. En la tarde recibió al canciller Clodomiro Almeyda, que llegaba de Argelia, y más tarde se reunió con los cuatro ministros militares.
Este encuentro, escasamente recordado, tiene gran importancia: el Presidente anunció a los uniformados que preparaba la formación de un "Gabinete de Guerra". No abundó en detalles.
Los ministros militares entregaron sus renuncias y el general Rolando González se quedó para resolver un último asunto en Economía. Allende le anunció allí su decisión de no dejar su cargo en ninguna circunstancia. Le mostró su metralleta:
-General, con esta arma defenderé este puesto; tengo aquí dos cargadores de 18 tiros cada uno. Los dispararé defendiendo este sillón, pero dejaré dos tiros para mí.
Luego, el Presidente se fue a la cena que lo esperaba en casa.
Letelier, citando las conversaciones con Prats que le indicaban que un intento golpista se produciría el viernes 14, planteó en la cena la necesidad de pasar a retiro inmediato a los generales Torres de la Cruz, Bonilla, Arellano, Nuño, Palacios, Viveros y Washington Carrasco antes del viernes, como se lo había dicho a Pinochet. Allende lo aprobó.
Cuando por tercera vez sonó el teléfono -ahora era Altamirano, que habló con Garcés-, el apacible ministro Briones se impacientó:
-¡Otra vez los camiones de Augusto!.
Es que Augusto Olivares ha estado realmente nervioso, desde antes de que la cena se iniciara. El Presidente los calma a todos, después de hablar con el general Jorge Urrutia, el segundo hombre de Carabineros, que le confirma que los movimientos de tropas son los previstos para un día como el 11. Eso le han dicho los generales del Ejército.
Allende se va a dormir. Frente a su recámara se instala el turno del GAP, con las armas preparadas, consciente de que el sueño del Presidente es un momento apropiado para copar el poder. En los jardines rondan 12 carabineros, al mando de un teniente; afuera de la casa vigilan otros ocho, en dos tanquetas Mowag Roland. En las habitaciones externas del GAP se celebra, regadamente, la despedida de soltero de uno de sus miembros.
2.00 horas, Intendencia de Santiago
A las 2 de la mañana, el general Arturo Yovane llega a la Intendencia de Santiago, frente a La Moneda. Viene a dar las instrucciones al personal policial de turno, y a advertir al segundo de la prefectura de la capital, el general Néstor Barba, de la movilización en curso. Poco antes se ha despedido del general César Mendoza, luego de salir de la Escuela de Carabineros, donde han reclutado al director, el coronel José Sánchez Stephens, para las acciones del 11. Pero Mendoza sigue inseguro acerca del alcance de la sublevación. No es por temor: es porque ocupa el sexto lugar de la jerarquía policial, está bajo la sospecha del gobierno y depende de las gestiones de un general -Yovane- que tiene el puesto número 14.
Sus posibilidades se fundan en que amanezca en el lugar correcto: el edificio Norambuena, donde está la Central de Comunicaciones de Carabineros.
Los carabineros han estado sometidos a fuertes tensiones durante el último año. Además de ocupar la primera línea del orden público en un país donde a cada minuto estallan disturbios, sufren la presión de la justicia, que los acusa veladamente de no cumplir sus resoluciones por órdenes del gobierno.
La tensión cristalizó el 29 de junio, durante el "tancazo", cuando el subdirector de Carabineros, el general Ramón Viveros, ordenó a la guardia de Palacio no disparar contra las tropas del Blindados Nº 2, contraviniendo las instrucciones del Presidente. Viveros debió pedir el retiro. Su sucesión motivó alguna polémica entre la dirigencia de la UP, que propuso, por vía de Altamirano, nombrar al general Rubén Alvarez, tercero en la línea jerárquica. Pero Allende, que siempre se reservó las designaciones militares, prefirió seguir la propuesta del general director, José María Sepúlveda, y nombró al general Jorge Urrutia, prefecto de Concepción, pese a que se había enfrentado al secretario regional del PS.
Era un supuesto del gobierno que los mandos de Carabineros permanecerían leales. Sólo estaban entre ojos el general Mendoza y, más oblicuamente, el general Yovane. Mendoza se había indispuesto con el gobierno en 1972, al ordenar una acción policial contra los ocupantes izquierdistas del Supermercado Los Presidentes, considerado un emblema de la lucha de la UP contra los comerciantes. Pero, desplazado a la Dirección de Bienestar, ya no representaba amenaza operativa.
De Yovane, el gobierno sabía que, de ser un oficial con simpatía inicial por la UP, se había convertido en un general "duro", que encabezaba el grupo denominado "Los Italianos" y que, mientras fue prefecto de Valparaíso, mantuvo contactos con Merino, Arellano y Carvajal. El 20 de agosto de 1973 fue trasladado a Santiago, a la Dirección de los Servicios, que reducía considerablemente su capacidad de amenaza. Lo que La Moneda ignora es que Yovane ha realizado una sostenida campaña de visitas a las unidades policiales, para apreciar su grado de adhesión en caso necesario.
Yovane es a Carabineros lo que Arellano al Ejército, sólo que mucho más sofisticado en sus capacidades conspirativas. A este general aguileño e incansable no le importa quebrar la jerarquía. Casi se puede decir que sus tácticas contemplan esa ruptura: cada vez que busca el apoyo de una unidad, se asegura de tener por anticipado la del segundo en el mando.
Del cuerpo de generales, sólo habla de política, a lo largo de 1973, con seis -Viveros (que sale), Mendoza, Alfonso Yáñez, Enrique Gallardo, Mario McKay y Néstor Barba-; en cambio, su agenda está llena de coroneles y capitanes. Y se despliega en claves y lenguajes cifrados: con la Armada habla de las reuniones de "Las Cañitas", un proyecto inmobiliario de Viña del Mar; con McKay utiliza al Colo Colo; y con otros hasta menciona a una abuelita.
El 4 de septiembre, alertado por distintas voces, Allende pidió al general Urrutia que pasara a retiro a Mendoza y Yovane. Urrutia defendió a Mendoza y aplazó por unos días la decisión respecto de Yovane. Este supo que se jugaba su carrera.
En la tarde del 9, consiguió la adhesión del director de la Escuela de Suboficiales, el coronel Lautaro Melgarejo (aunque ya tenía la del subdirector, el coronel Oscar Torres) y luego se reunió con otros oficiales en el Club de Carabineros. En la noche, se preocupó de un aspecto ignorado por los militares: la policía civil. Citó al mismo club al prefecto de Investigaciones de Santiago, Julio Rada (no al subdirector), y lo informó sobre el movimiento. Sólo pidió una cosa: que los detectives se abstuvieran.
Pero lo más importante es que escogió al nuevo líder para Carabineros: Mendoza, un hombre apacible, con una popularidad debida a su pasado de equitador, apreciado por sus subalternos y con bajísima visibilidad política. Tanta, que en la noche del viernes 7 de septiembre, Allende asistió a una cena de los generales de Carabineros, organizada por Urrutia, y sentó a Mendoza a su lado izquierdo. Bromeó con él ("¿Ustedes saben, señores, que yo le enseñé a montar a Mendoza?") y en el brindis lo sintió como uno de los leales, uno más de los jefes policiales.
En la tarde del lunes 10, Yovane congregó al personal del edificio Norambuena, para hacer un brindis por el cumpleaños del general Mendoza, que sería el martes 11:
-Lo vamos a felicitar por su cumpleaños, dijo, y luego llevó su audacia al límite: "Y también por algo mucho más importante, que va a ocurrir mañana".
Ahora, el último paso es la Escuela de Carabineros; claro que antes de hablar con el coronel Sánchez Stephens, Yovane ya tenía controlada la Sección de Ametralladoras, la única con real poder de fuego en esa unidad. Tras separarse de Mendoza, Yovane se va a dormir a la casa del empresario Juan Kassis, dueño de las cecinas La Germania, que vela su sueño armado con una metralleta.
Ya todas las piezas están en su lugar. Para que el golpe de Estado tenga éxito, se superponen otros tres golpes institucionales: el de la Armada, donde Merino ocupa la jefatura de facto; el de Carabineros, donde Mendoza está sobrepasando a cinco generales, y el del Ejército, que quedará como un mero diseño verbal, aunque podría haber superado a cuatro generales.
Pero nada de eso ha ocurrido todavía. De momento, es hora de ir a dormir. Eso sí: con vigilantes armados.
------------------
(*) La Tercera, Santiago de Chile, 2003.
