Fue hoy denunciado en C.Py,Lula Da Silva por delitos
de lesa humanidad,ver causa14.343 del año
2003,secretaria penal 4,y fiscalia 8.Fue por refrender
los decretos de expulsion de Brasil contra extranjeros
de origen chileno,expulsions cometidas durante la
pasada dictadura militar,y ahora Lula a convalidado
esos actos dictatoriales.Además de aquello,perjudico
un pedido de la APDH argentina que intervino en favor
de un chileno juan jose soto vargas,que habia sido
expulsado de brasil en el año 1981,y la APDH le pedia
en julio pasado que anule el decreto,sin embargo,Lula
confirmo mediante su ministro de justicia la expulsion
decretada por militares,la expulsion fue obtenida
mediante la tortura.
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Volver al pasado: Denuncian acto terrorista sucedido en 1976.
Se trata de la denuncia del Sr.Hugo Ra?l Viazzo, victima , de la
explosi?n ocurrida el 2 de julio 1976 en la Superintendencia de
Seguridad Federal - de la Policia Federal .
Aqui el texto de la denuncia y los fundamentos de la misma , asi
como los nombres.
Es de destacar que se deber?a investigar tambi?n las acciones de
Inteligencia montonera para este tipo de operaciones, donde
sindican al Perro Verbitsky como Jefe de Inteligencia y adem?s el
que especializ? en "Policia Federal" , pero no fue exclusivo, su
ex compa?eros lo marcan como el autor material de la activaci?n
de la bomba en el edificio del ej?rcito
( ver informe de SEPRIN del 28-08-03
http://www.seprin.com/menu/menu28-08-03.htm )
Incierto futuro de causas contra militares
RODRIGO LARA, Corresponsal. El Mercurio. Miércoles 3 de Septiembre de 2003
El pronunciamiento de la Corte Suprema es importante para aclarar el panorama.
BUENOS AIRES.- "Es otro momento histórico. Están dadas las condiciones para avanzar con los juicios. El Ejecutivo, el Legislativo, hasta el Procurador General de la Nación están a favor. Sólo falta la Corte Suprema". Con estas palabras, Carolina Varsky, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), aseveró ayer que confía en que la reapertura de dos "megacausas" que involucran a cerca de 700 uniformados de la Armada y el Ejército, permitirá que se castiguen los abusos de la última dictadura militar.
El lunes la Cámara Federal de la Capital ordenó que se vuelva a investigar en las causas 761 y 450, las cuales fueron sorteadas y cayeron en el tribunal No. 1 (de María Romilda Servini de Cubría) y el No. 12 (de Sergio Torres).
La primera de ellas se concentra en torturas, asesinatos y desapariciones ocurridas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En tanto que la segunda reúne similares delitos cometidos en cerca de 40 centros clandestinos de detención que dependían del Primer Cuerpo del Ejército, con jurisdicción sobre la Capital y las provincias de Buenos Aires y la Pampa.
Presión sobre la Corte
En la FF.AA., según el analista político Horacio Rodríguez Larreta, la mirada sobre lo ocurrido no es plácida. "Evidentemente están en ascuas. No les gusta y punto", explicó. Desde su óptica los militares en servicio activo "dicen que piden justicia y que ésta se haga rápidamente". El problema es que la velocidad no parece que vaya a venir, a menos que la Corte Suprema dictamine sobre la vigencia o no de las "leyes del perdón".
El ministro de Defensa, José Pampuro, declaró que la situación de los militares "es un tema que complica. No hay duda de que es un proceso y no se sabe cómo va a terminar".
La realidad es que el tribunal máximo tiene que expedirse en dos causas previas vinculadas a ellas. Su sentencia determinará un precedente poderoso. Si acepta que las Leyes de Obediencia Debida (exculpatoria de delitos cometidos por órdenes superiores) y Punto Final (que limita las demandas) ya no pueden aplicarse, las "megacausas" tomarán mucha fuerza. En caso contrario, la reapertura tendrá un peso menor.
Para Varsky, la Corte Suprema "hace más de un año que las tiene en su poder, así que no sabría decir cuál es un plazo razonable para que se expida".
Desde el gobierno del Presidente Néstor Kirchner la mirada es que ese "plazo" ya expiró. Ayer el ministro de justicia, Gustavo Béliz, indicó que "lo que consiste como normal funcionamiento de las instituciones son pronunciamientos que no se demoran eternamente". Lo que se entendió como una demanda a la Corte para que se apresure.
Y además, agregó que "siempre es mejor que la Justicia trabaje con celeridad, porque la demora en el ejercicio de ella siempre termina redundando en algo negativo para la ciudadanía".
Sus palabras no fueron neutras, en particular porque las dijo en el Centro de Investigaciones Tecnológicas de las Fuerzas Armadas (CITEFA), de Villa Martelli.
Aunque para Rodríguez Larreta "el fallo de la Cámara equivale más a una declaración política", sin duda genera un escenario en el que "la Corte Suprema no puede ignorar que hay una Cámara que le está pidiendo que se expida". Para él, "en el fondo los camaristas le están diciendo a la Suprema: 'si va a dictaminar en contrario (a la anulación de las leyes citadas), ¡hágalo!"'.
Pero ya no parece tan claro que el alto tribunal vaya a hacerlo en ese sentido. La situación es compleja y los tribunales están llenos de rumores. Unos dicen que las defensas impugnarán a la Cámara Federal y tratarán de fraccionar la causa.
Otros que habrá que disponer de un cuerpo de fiscales extras para avanzar en la investigación. Y una tercera alternativa indica que en realidad las causas originalmente estaban tan avanzadas, que las detenciones empezarán mucho antes de lo esperado.
Para colmo las declaraciones de cuatro generales en retiro - a un documental francés- , justificando las torturas y el método de las desapariciones masivas, "le hacen un gran favor a los que buscan reabrir los casos", dice una fuente cercana a una de las ramas de la FF.AA.
"Esto atiza el fuego. Es una cosa insólita. En la Marina estaban consternados. No lo podían creer", dice.
Medidas para generales
El ministro argentino de Defensa, José Pampuro, adelantó ayer la posibilidad de que sean dados "de baja" los generales retirados Reynaldo Bignone y Ramón Díaz Bessone, por haber defendido en un reportaje a la TV francesa los métodos ilegales de represión de la pasada dictadura militar.
Pampuro sostuvo respecto de las declaraciones de ambos militares a la televisión francesa, publicados el domingo y lunes por el diario argentino "Página 12": "Estamos esperando, tenemos la información de que hay dos episodios más de esta cuestión, así que vamos a evaluar todo en conjunto y ahí saldrá la determinación de cuál es la sanción", dijo.
El ministro reiteró que las declaraciones reivindicatorias de los métodos de tortura y muerte utilizados en la dictadura "han caído muy mal en el gobierno" y "son muy desafortunadas".
Incierto futuro de las causa militares
Dadas las circunstancias actuales en que los MMCCSS han generado un escenario que los hechos y decisiones que se fueron sucediendo demuestran su virtualidad, todo lo relacionado con el „juzgmiento al pasado‰ adquiere una dimensión cuya proyección expone a la sociedad a dar una solución. Sin embargo, se ha hecho presente otra realidad en el marco jurídico que está signado por la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Esta constituyó una decisión jurídica que vulnera no sólo lo relacionado con un aspecto parcial como fue el primigenio objetivo del PEN con su presión al Congreso y todo lo atinente a los DDHH sino que ha expuesto nuevamente al país frente a una dualidad inexplicable en lo referido a la seguridad jurídica que implica a una totalidad jurisdiccional.
Las señales de la CSJN han comenzado a manifestarse con la decisión tomada ante el caso Videla, al negarle la calidad de cosa juzgada a un hecho que así quedó establecido oportunamente y que Moreno Ocampo ha descrito con argumentos jurídicos no despreciables. No puede concluirse otra cosa que el Tribunal Supremo está sufriendo los embates de la comunicación social, independientemente de las presiones políticas a las que ha sido sometido y que terminó con la renuncia del Ministro Nazareno y la continuación de la causa contra el Ministro Moliné O´Connor
El hecho real es que la CSJN ya dio su veredicto con respecto a esas leyes y las consideró constitucionales, cuando estaba constituida por 5 miembros, durante el gobierno de Alfonsín. Nada hay que descalifique su decisión. No puede argüirse que la Corte de hoy es distinta a aquella porque sería agregar otra vulneración de la seguridad jurídica, ya que ante cada cambio de los miembros del Tribunal Supremo se corre el riesgo de revisión de todo lo actuado por los miembros anteriores y entraríamos en un caos jurisdiccional de resultados imprevisibles.
El Congreso, al considerar nulas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, ha retrotraído todo lo acontecido a un punto de no existencia de lo actuado, lo cual implicaría cortar y dar de nuevo como en un juego de barajas. Sin embargo, cualquier defensor puede apelar esa nulidad ya que como lo han expresado tanto juristas como políticos, el Poder Legislativo puede derogar una ley, pero, no considerarla nula. Este hecho pondría nuevamente a la Corte en la disyuntiva de resolver la constitucionalidad de la decisión tomada por los legisladores.
Este escenario adquiere una mayor complejidad y conspira contra una solución jurídica „pura‰ y será necesaria la participación política nuevamente, en un tiempo que llevará -teniendo en cuenta los de nuestra justicia- cuya extensión, al momento de la decisión, puede encontrar un escenario distinto y estaríamos frente a nuevas indecisiones de la sociedad política tan vulnerable a los vaivenes de su propia incompetencia.
A modo de conclusión, podemos adelantar que nuevamente nos encontramos ante un berengenal sin solución de continuidad y que pone de manifiesto la incompetencia y falta de capacidad de la sociedad política que padecemos. Si comparamos estos vaivenes con las soluciones que encontraron a problemas similares Sudáfrica, durante el gobierno de Mandela, y al que está enfocado el gobierno chileno, en el que algunos de sus políticos no han vacilado en enfocar los hechos acontecidos dentro de un escenario internacional con influencias „cuasi‰ imposibles de evitar ante la presión de los países hegemónicos: USA y URSS.
Si analizamos lo expuesto por los generales que participaron en la filmación a la que se refiere Vertbisky en Página 12, no dicen nada que no sea la otra cara de una misma moneda que involucra también a esa Europa y la Francia que tanto nos presionan y caben aquí: los versos de Sor Juana Inés de la Cruz para agregarle un tinte diverso a lo expuesto: „hombres necios que acusais a la mujer sin saber sois la causa de lo mismo que culpais‰
Y volviendo a la incompetencia de nuestros políticos, el Ministro de Defensa no hace más que demostrar de una manera descarnada la incapacidad de la clase política, al abocarse a analizar la posibilidad de dar de baja a los generales Diaz Bessone, Bignone y otros. Esos generales son ciudadanos argentinos como todos los que la Constitución Nacional considera tales y están facultados por ella a emitir opiniones. Acallarlas mediante la baja de las FFAA, sería ir en contra de los fundamentos contenidos en la defensa de la libertad de expresión contenida en nuestra Carta Magna. Quizás podría caber una sanción, en el supuesto caso que hayan vulnerado aspectos reglamentarios propios del arma a la que pertencen, más no sobre lo que opinan. Un análisis descriptivo de lo acontecido, de ninguna manera constituye una apología como la que hizo Hebe de Bonafini, por ejemplo. Y pido disculpas por establecer esta comparación de opiniones personales que nada tiene de comparables sobre la decisión de emitir sus opiniones, ya que la finalidad no es nada más ni nada menos que expresar diferencias ubicadas entre sí en la antípodas y que -a tenor de lo expuesto por el Ministro de Defensa- las pondría en un plano de igualdad aberrante.
Un saludo.
Tach
