Este estilo, que le permitió mantenerse en el cargo por 11 años, es el mismo que a Nelson Mery le ha valido un número no menor de enemigos, que encabezan los ex funcionarios que a la fuerza terminaron sus labores en Investigaciones tras su llegada.
# La crónica
El lunes 14, a la hora de almuerzo, el director de Investigaciones, Nelson Mery, supo que tenía los días contados. Una conversación telefónica con el ministro del Interior, José Miguel Insulza, le dejó en claro que terminaban sus 11 años como el hombre fuerte de la policía civil.
En contra de su deseo, el gobierno le ordenó dar un paso al lado y salir de vacaciones mientras los tribunales estudian la querella interpuesta por el jefe policial en contra de Odette Alegría, una ex presa política que lo acusa de vejámenes sexuales mientras permaneció detenida en la Escuela de Artillería de Linares, en 1973.
Alejarse del cargo no estaba en los planes de Mery. Quería poner sobre la mesa los privilegios con que cuenta el director de Investigaciones y pedir la designación de un ministro de fuero que, en corto plazo, despejara la acusación. Pero la estrategia de quien batió el récord de permanencia al mando de Investigaciones, no fraguó en La Moneda.
Fue el lunes en la mañana cuando el comité político del gobierno concluyó que el tema de Mery se había convertido en un conflicto de fuertes repercusiones. Insulza propuso sacar a Mery inmediatamente o buscar una salida intermedia. El vocero de gobierno, Francisco Vidal, y el ministro Francisco Huenchumilla, apoyaron la segunda opción.
El vicepresidente salió de la reunión con la tarea de hablar con el Presidente Ricardo Lagos, de gira en Canadá. La comunicación que selló el futuro de Mery se efectuó pasadas las 13 horas. El mandatario respaldó la decisión tomada en Santiago. Mery debía alejarse del cargo, pero su salida definitiva tenía que ser decorosa, respondiendo así al "pacto de sangre" que el funcionario policial ha mantenido con los gobiernos de la Concertación en los 11 años que ha estado al mando de la institución y por el que ha dado muestras de lealtad en inmumerables ocasiones. Algo que, por las características de su cargo, lo ha transformado en uno de los personeros que más secretos conoce sobre la transición.
El poder de MeryEn el gobierno se da por descontado que Mery ganará en los tribunales. Por ahora, es su palabra contra la de Odette Alegría. Sin otro testigo, los hechos denunciados por la ex presa política, respecto de que Mery puso el pene en su boca en tres o cuatro ocasiones mientras ésta se encontraba atada y detenida, es casi imposible de comprobar. Pero aunque Mery salga absuelto, el golpe a su imagen es fatal.
La acusación es de tal calibre y magnitud, reclama la diputada Laura Soto (PPD) -quien asumió la defensa jurídica de Alegría-, que el gobierno debería haber exonerado a Mery. Lo contrario, señala la parlamentaria, lo único que hace es levantar suspicacias. Tanto, que la DC, el PPD e incluso el PS, apoyaron la idea de que se alejara del cargo.
Que Mery tiene información que puede complicar al gobierno y a la clase política es un hecho que pocos ponen en duda. Con 150 funcionarios de la subdirección operativa dedicados exclusivamente a labores de inteligencia política, los que se reportan al director nacional de Investigaciones, la cantidad de información residual de inteligencia que puede haber acumulado en 11 años es enorme. "El sabe de todo", señala un alto funcionario de gobierno.
El martes, en los comedores del primer piso del Congreso Nacional, durante la cena de los parlamentarios socialistas con el jefe del partido, Gonzalo Martner, un senador recordó un episodio que aún los incomoda. El hecho ocurrió en 1996, cuando el jefe de la policía civil fue citado a declarar a la comisión secreta de la Cámara de Diputados que investigaba la denuncia del ex subcomisario Jorge Barraza sobre la existencia de una red de protección de miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) involucrados en el crimen de Jaime Guzmán al interior de Investigaciones y del gobierno.
"Pese a que el objetivo de su exposición era desestimar los cargos del ex agente, Mery comenzó a sacar archivos y a decir 'Barraza me decía tantas cosas... que tales parlamentarios consumían sustancias ilícitas, que tales otros tenían amantes, que estos otros realizaban tales actividades...'. Quedamos todos muy impactados. Nos quedó la sensación de que había un aparataje de inteligencia sobre nosotros", les recordó el senador a sus colegas de bancada.
No era la primera vez. Los congresistas fueron sujetos de seguimientos poco antes de que estallara el "caso Drogas" en el Congreso. Esa vez, sin embargo, pese a que Investigaciones colaboró en las pesquisas que permitieron al ex ministro Francisco Javier Cuadra lanzar la acusación, Mery se presentó ante la Cámara en abril de 1996 con documentos confidenciales que permitieron desactivar la bomba política que remeció al Parlamento.
"Demostró que no sólo tenía manejo policial, sino también que había adquirido una gran muñeca política", afirma un alto funcionario de gobierno.
# El único aliado
Cuando se inició la transición, los gobiernos de la Concertación incrementaron los recursos financieros y tecnológicos a la policía civil. La razón: las Fuerzas Armadas y Carabineros estaban encabezadas por mandos contrarios al gobierno y La Moneda requería un aparato de inteligencia que les permitiera competir en ese terreno. La única posibilidad era formar una alianza con Investigaciones.
Mery encajó en ese esquema. Aunque fue el azar el que, en 1992, lo llevó a la cabeza de la institución. En febrero de ese año, la divulgación de los planes "Halcón I" y "Halcón II", destinados al espionaje de autoridades de Estado y los jefes castrenses, provocó la renuncia del jefe de Investigaciones, Horacio Toro, cuando éste recién iniciaba los procesos de los funcionarios vinculados a los servicios de seguridad del régimen militar, o implicados en drogas y actos de corrupción.
En plena crisis, el gobierno tuvo que buscar un sucesor. "Por ley sólo podíamos elegir un general de las Fuerzas Armadas y no contábamos con muchos cercanos al gobierno en ese momento. La opción era un funcionario de carrera", recuerda el ex ministro del Interior Enrique Krauss.Mery fue el "mal menor". Había estado más ligado a actividades académicas que operativas.
Y, además, estaba a cargo de los contactos con los equipos de inteligencia de las policías de Italia y España que se encontraban en Chile adiestrando a los funcionarios de Investigaciones en la lucha antiterrorista, un tema que era prioritario para el gobierno y que terminaría uniéndolo aún más con la Concertación.
De a poco, Mery fue construyendo una estrecha relación con el subsecretario del Interior, Belisario Velasco. Un personero que trabajó con ambos, asegura que el jefe de la policía civil "fue como un discípulo" del subsecretario. A diario, el jefe policial pasaba por la oficina de Velasco, quien permaneció en el cargo hasta 1998. "El fue clave en que nadie dudara de la permanencia de Mery en el cargo", señala una fuente gubernamental.
Tras la salida del subsecretario, en 1998, los grandes aliados de Mery fueron los sucesivos ministros del Interior, incluido Insulza. Pero, además, en ese contexto adquirió aún más poder. "Carlos Figueroa, por ejemplo, o el propio Edmundo Pérez Yoma, en Defensa, le pedían que cumpliera algunas misiones, pero con la condición de que nunca les contara el procedimiento utilizado", señala un amigo de Mery.
Así, el jefe policial se fue transformando en su propio jefe. Y cada vez con más recursos. Alemania y España, recuerdan autoridades del gobierno de Frei, hicieron "donaciones de equipos de espionaje electrónico, intervención telefónica y micrófonos para grabar a distancia", los que son utilizados en operaciones antidrogas y antiterroristas. También vendieron sistemas para "limpieza electrónica" y equipos de encriptamiento de mensajes, los que se emplean en las comunicaciones confidenciales de Mery con sus subalternos de confianza.
El año pasado, Mery compró en Alemania 25 computadores modelo RT 6000 a un valor aproximado de US$ 60.000, con capacidad individual para interceptar y registrar hasta 24 líneas telefónicas y celulares simultáneamente. Estos equipos fueron distribuidos a la Brigada Investigadora del Crimen Organizado (Brico), el Departamento de Inteligencia Antinarcótico, y la Jefatura de Inteligencia Policial (Jipol).
Además, se adquirieron 10 vehículos de vigilancia estacionaria, los que están dotados de micrófonos direccionales, visores térmicos e infrarrojos y cámaras digitales.
Mery siente especial fascinación por estos aparatos. Incluso su amplio despacho esconde algunos de ellos. En su escritorio tiene un botón que abre una compuerta que da paso a un baño oculto tras una estantería de libros que hay detrás de su sillón.
Su estilo de liderazgo, muy personalista y discrecional, concentró aún más el manejo de información en Investigaciones. Mery construyó una red de incondicionales que fue colocando en puestos claves de la institución, lo que le permitía recopilar información fresca de manera directa, muchas veces, pasando por alto a los jefes de departamento.
Es usual que ordene a dos funcionarios investigar lo mismo, sin que ellos sepan, para chequear los datos. Y anualmente, según relatan funcionarios, elige personalmente entre los 47 prefectos a los 10 que van a hacer el curso de alto mando que les permitirá llegar a los máximos escalones.
Algo que también le ha permitido bloquear el ascenso de quienes mejores condiciones han mostrado para sucederlo.Pero el temor de que Mery desarchive información para usarla en su favor es algo que La Moneda descarta. En varias oportunidades demostró su lealtad; la misma que fue sellando el "pacto de sangre" con la Concertación.
# Prueba de fuego
En diciembre de 1996, Mery prefirió "autoinmolarse" antes que entregar a funcionarios de gobierno, cuando la entonces jueza Raquel Camposano lo sometió a proceso por obstrucción a la justicia, al ocultar evidencia considerada útil para detener a los asesinos de Jaime Guzmán. Funcionarios de la administración de Patricio Aylwin recuerdan que cuatro años antes, Mery, quien recién había asumido la jefatura de Investigaciones, colaboró estrechamente con la Oficina de Seguridad Pública, dirigida por Marcelo Schilling, en las tareas para desactivar a los grupos extremistas.
Por entonces, el FPMR y el Movimiento Lautaro estaban en plena actividad. Sólo meses antes se había producido el secuestro de Cristián Edwards y el asesinato de Jaime Guzmán, y la desarticulación de estos movimientos era la prueba de fuego para la naciente democracia.
Aunque las operaciones fuesen realizadas al filo de la ley. "Las tareas operativas de La Oficina eran efectuadas por funcionarios de la policía civil e informadas al director, por lo que Mery sabía de todas las acciones", relata un conocedor del tema.
Aún así, pasó tres días de arresto domiciliario y enfrentó la amenaza de una condena de hasta cinco años de cárcel. Al declarar ante el tribunal, Mery siempre dijo que las acciones eran operativos policiales encomendados por la jefatura y no responsabilizó al gobierno.Tampoco dijo nada de las redes de informantes que se manejaban desde la Subsecretaría de Interior.
Muchos de esos informantes pagados, entre ellos el "analista de inteligencia" Lenin Guardia, trabajarían directamente para Mery, lo que quedó en evidencia el 2001, cuando Guardia fue detenido por su responsabilidad en las cartas bombas enviadas a la embajada de los Estados Unidos en Santiago."Conocemos su pasado"Cuando Mery fue nombrado, un "elemento" manchaba su historial.
Él mismo se lo advirtió al gobieno el día en que fue llamado a La Moneda para ser ungido en el cargo. En una reunión en el despacho de Krauss, en el que también estaban presentes Velasco y los abogados de la Dirección Jurídica de la cartera, Mery le señaló a Krauss que tenía tres cosas que decir.
-Lo primero que quiero que sepa, señor ministro, es que soy masón-, partió señalando Mery.
-No hay problema en eso, ¿cuál es la segunda?-, le respondió Krauss.
-En 1973 me correspondió cumplir diligencias decretadas por la fiscalía militar como oficial de enlace en el servicio de inteligencia de la Escuela de Artillería de Linares, lo que podría ser causa de conflicto-, señaló.
-Su historia ya la conocemos, ¿cual es la tercera?, dijo el ex ministro.
-En mi institución se corre el rumor que tengo debilidad por las faldas-, acotó Mery.
-Pensé que me iba a decir que era maricón-, dijo entre risotadas Krauss, antes de dar por terminada la entrevista.
El paso de Mery por Linares no era desconocido para La Moneda. Días antes del nombramiento, el Ministerio del Interior envió a dos funcionarios a investigar en la zona las denuncias.
Por entonces la directiva de la AFDD, encabezada por Sola Sierra, le había entregado un dossier sobre los casos de Linares al ministro de Justicia, Francisco Cumplido. Además, el abogado Alejandro González, de la Vicaría de la Solidaridad, había advertido al gobierno sobre las imputaciones contra Mery.
Ahí había varias referencias al actual jefe policial. El propio Mery declaró como testigo en 1976, ante la fiscalía militar en el proceso 4218 por la desaparición de Alejandro Mella Flores. Entonces reconoció su rol en las detenciones e interrogatorios de detenidos políticos en la Escuela de Artillería de Linares, donde trabajó como oficial de enlace en el Servicio de Inteligencia Militar, desde el 12 de septiembre de 1973 hasta el 28 de diciembre de ese año.
Entonces niega la desaparición de Mella: "Si el detenido no fue sometido a proceso es porque tiene que haber sido dejado en libertad", señaló al fiscal militar.En Linares, los funcionarios enviados por el Ministerio del Interior entrevistaron en sus casas al entonces diputado Jaime Naranjo, al obispo Carlos Camus y a varios ex detenidos de la Escuela de Artillería. Toda la información fue entregada al ministerio.
"Todos sabíamos que Mery estuvo en la Escuela de Artillería de Linares, pero nadie lo acusaba directamente de torturas, menos aún de vejámenes sexuales como lo hace Odette ahora", señala el ahora senador Naranjo.
Krauss dice que entonces se recogió información "en el sentido que cumplió por un breve período funciones como detective y que incluso tuvo tratos de humanidad con algunos detenidos".
El actual embajador en España recuerda testimonios en el sentido de que Mery les había pagado de su bolsillo bebidas y comidas a unos presos que serían llevados a Santiago, o que transmitía información entre los familiares y los detenidos.
Así, el gobierno desestimó entonces un hecho relevante: Mery estuvo hasta fines de diciembre de 1973 en la Escuela de Artillería y a los nueve detenidos desaparecidos de Linares se les pierde el rastro entre fines de diciembre y principios de enero. "Mery debe saber algo más de lo que ha declarado", sostienen abogados de DD.HH. a cargo de las causas de Linares.
# Balance azul
No son pocos, en todo caso, quienes conscientes de que la carrera de Mery está terminada, ven tras la denuncia de Alegría una operación de inteligencia, comandada por militares procesados en causas de derechos humanos, para afectar al jefe policial.
Los avances en las investigaciones en este ámbito, tras la creación del Departamento V, es el logro de Mery más valorado en la Concertación y La Moneda, aparte de la desarticulación del Movimiento Lautaro -cuestión que reconocen como un mérito policial-, el rol que jugó Investigaciones para encarcelar a Manuel Contreras y la limpieza efectuada en la institución.
Hoy, todos los ministros de fuero y los jueces especiales en DD.HH. trabajan con la unidad de 150 funcionarios que logró capturar en el extranjero a represores como Miguel Estay Reyno, Osvaldo Romo, y aclaró policialmente casos como Tucapel Jiménez, Degollados, Orlando Letelier, y otros que están al borde del cierre, como Operación Albania, el asesinato de Jecar Neghme o del periodista José Carrasco.
Muchas de estas investigaciones han dado sus frutos en los últimos cinco años, por lo que al llegar Lagos se optó por no hacer cambios. Insulza, entonces, fue su principal apoyo. Pero, además, el gobierno tenía una dificultad objetiva: Mery manejó a su antojo los ascensos en la policía civil. "Partió siendo el director de Investigaciones, luego se convirtió en el señor de Investigaciones y finalmente en el amo indiscutido", señalan en la policía civil.
Sólo en noviembre pasado, cuando intentó marginar a Luis Henríquez -quien ahora lo está subrogando- personeros de la Concertación bloquearon la jugada.
Ese hecho es reconocido como un déficit en La Moneda, atribuido a los ministerios del Interior y Defensa. De hecho, hace dos meses Insulza inició las negociaciones para sacar a Mery, y el jefe de la policía civil le mandó a decir que le pidiera la renuncia derechamente, sin tratativas. Ahora que está en el suelo, La Moneda no quiere golpearlo. "No vamos a dejar caer sin elegancia a alguien que tiene enemigos entre los tiras corruptos, la ex CNI, los militares procesados y la derecha", dice una alta fuente de gobierno.
Pero, además, "subirle el precio a la salida de Mery" le sirve al gobierno para lograr un objetivo mayor: aprobar la ley sobre el jefe de Investigaciones, permitiendo que su reemplazante sea un civil. Algo que le abre el abanico de posibilidades a La Moneda.
# Aciertos
Derechos Humanos: el avance en el esclarecimiento policial en los procesos por derechos humanos, entre ellos casos emblemáticos como Degollados, Caravana de la Muerte, Letelier, Tucapel Jiménez, Operación Albania y otros, fue una de las mayores fortalezas de Mery.
Lealtad con el gobierno: bajo su mando Investigaciones operó para el gobierno durante los momentos más tensos de las relaciones cívico militares de la transición, como el Boinazo (mayo de 1993) y la detención del general Manuel Contreras (1995).
Modernización de Investigaciones: encabezó el proceso de profesionalización y modernización de Investigaciones. Este se tradujo en la adquisión equipos de inteligencia de alta tecnología y un impulso a la actividad académica.
Depuración del Servicio: a su llegada a la dirección de Investigaciones Mery inició un proceso de "limpieza" de la institución, dando de baja a centenares de funcionarios relacionados a casos de corrupción.
# Errores
Espionaje político: la denuncia, el 19 de junio pasado, de una supuesta vinculación de Mery con un delincuente que habría extraído documentos de sedes de oposición, abrió un flanco para el director de Investigaciones.
Alto Hospicio: los errores en la investigación por el asesinato de 12 menores en la Primera Región motivó que la derecha exigiera la salida de Mery de la institución. El gobierno lo apoyó y sólo fueron removidos dos altos jefes de policía de la zona.
Red Paidos: el desmantelamiento de esta red de pedofilia tras una denuncia televisiva le costó críticas a Mery, puesto que Investigaciones tenía antecedentes del caso desde hacía un año.
Caso Guzmán: la decisión de la ministra Raquel Camposano de someter a proceso a Mery y al subsecretario de Desarollo Regional Marcello Schilling por obstrucción a la justicia en la investigación por el asesinato de Jaime Guzmán, fue uno de los traspiés más fuertes para el director de Investigaciones.
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(*) La Tercera, Santiago de Chile, 2003.
