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Vuelve el clásico de los '90: Moneta vs. Clarín / Clarín vs. Moneta

Durante los '90, la batalla entre los ex socios en Multicanal, Grupo Clarín y Grupo República, fue la comidilla de la City. Una noticia que publicó hoy el diario Clarín actualizó las noticias sobre la guerra entre ambos que parecía gozar de alguna tregua negociada por Daniel Vila y José Luis Manzano. La denuncia contra el diario La Nación, aparentemente, rompió ese paréntesis. Aquí la nota de Clarín:

ELP Investments, una empresa que presidió el banquero Raúl Moneta y que actualmente conduce su yerno, Eduardo Pearson, denunció por defraudación al fondo de inversiones norteamericano Hicks, Muse, Tate & Furst (HMTF), uno de los propietarios de Cablevisión.

El procedimiento empleado contra HMTF tiene algunos rasgos similares con el que se intenta montar contra el diario La Nación. La denuncia se radicó en una comisaría, un modo de elegir al juez de la causa. Con inusual rapidez —sostiene una de las partes— se ordenaron medidas cautelares luego de que se eligiera un segundo juez, dado que el primero fue acusado públicamente de corrupción.

El 15 de noviembre de 2002 un pariente de Moneta y de Pearson, el abogado Matías Eusebio Bravo, en representación de ELP (una empresa constituida en Grand Caymán) presentó una denuncia por administración fraudulenta en Cablevisión contra HMFT ante la División Delitos Complejos de la Policía Federal, a cargo del comisario Carlos Sablich.

Según los especialistas, tal como ocurrió con el caso de La Nación, el tipo de delito denunciado no es de los que se consideren "urgentes" como para presentarlo en sede policial. Pero cuando la denuncia se realiza en sede policial, el juzgado que interviene es el que está de turno con esa sede: un mecanismo que podría asimilarse a un intento de elegir al juez.

Con este procedimiento, la denuncia quedó radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 29, a cargo de Juan José Madhjoubian. Pocos días después estalló un escándalo que derivó en que el juez Madhjoubian terminara denunciado ante el Consejo de la Magistratura y que su secretario, Daniel Mauro, fuera suspendido por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Todo, porque "Telenoche Investiga" filmó con una cámara oculta a un abogado que arreglaba, con el secretario del tribunal y con dos jefes de Defraudaciones y Estafas, el trámite que le iba a dar a una denuncia.

En su presentación, Bravo pidió una medida precautoria: que se dispusiera el embargo de un fondo de garantía abierto en el J.P. Morgan de Nueva York, donde se encuentra depositado el saldo del precio de la venta de acciones de la operación de venta del CEI, un multimedio de HMTF y Moneta.

Pero el fiscal Luis María Bunge Campos entendió que no correspondía ese embargo: consideró que era prematuro y que antes era necesario, cuanto menos, llamar a una indagatoria.

Tras reflotar una antigua causa, ELP logró que su denuncia contra Hicks pasara del juzgado de Madhjoubian al Juzgado de Instrucción N° 22, a cargo de Ismael Muratorio. Todo se habría hecho con celeridad: apenas tomó el caso, el juez Muratorio ordenó el embargo que había pedido ELP, según una de las partes.

Finalmente, el pasado 19 de marzo Moneta declaró como testigo ante Muratorio, y explicó que él había pasado a ser presidente de ELP, controlante del República Holding.

La denuncia, a comienzos de año, por pedido de uno de los imputados había sido apelada ante la Cámara del Crimen. Le tocó intervenir a la Sala IV, integrada por Alfredo Barbarosch, presidente del cuerpo, y por Mariano González Palazzo.

Entonces, un cronista de "El Guardián", un periódico que no tiene editor responsable, se presentó en el despacho de Barbarosch y pidió entrevistar al juez. Y que ante la negativa de la secretaria privada del magistrado, le dejó una tarjeta junto con un interrogatorio para que Barbarosch respondiera.

El tenor de las preguntas parecía dirigido a orientar una respuesta determinada del juez o a que, cualquiera fueran sus respuestas, igualmente Barbarosch quedara comprometido.

Aparentemente, algo de esto ha de haber sentido Barbarosch, pues presentó una denuncia "ante la posible comisión de algún delito de acción pública, habida cuenta de la gravedad" del contenido del interrogatorio presentado por el cronista de "El Guardián".

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