La ética se ha convertido en el tema de mayor debate en este fin de siglo. En Argentina, como en el mundo todo, el conflicto que emerge del relativismo moral propio de estos años tan llenos de individualismo, ha pasado a ocupar el centro de la escena.
Promediando el año anterior, en víspera de elecciones generales, 5 de cada 10 argentinos residentes en Capital y Gran Buenos Aires, entendían estar habitando "el país más corrupto del mundo" y más de la mitad entendía que la corrupción era la principal causa de nuestra crisis social.
Aunque aquellas respuestas parecen haber estado influidas por las campañas políticas, lo cierto es que la corrupción (como negación de lo ético) se ha convertido en uno de los principales factores de la crisis estructural que afrontan las organizaciones modernas. Y aún cuando muchos se sientan tentados a pensar que aquél es un problema esencialmente circunscripto a las organizaciones públicas, la realidad indica que el mundo de la empresa privada afronta en esta materia una situación, cuanto menos, tan crítica como la de aquellas.
¿Ética o negocio?
Una encuesta recientemente realizada sobre 200 altos ejecutivos de empresas privadas argentinas, nos ha permitido conocer la sensación que impera entre los miembros de esas organizaciones. Admitiendo como cierto que la ética es la convicción humana de que no todo vale por igual, pues hay razones para preferir un tipo de actuación a muchos otros, el sondeo revela que los ejecutivos de empresas privadas prefieren obviar la conducta debida que la comunidad espera de ellos si por esa vía se garantizan una ganancia.
Si uno tiene en cuenta el proceso de privatización y liberalización económica que Argentina ha desarrollado a partir de 1990, es lógico suponer que las maniobras no éticas debieron haberse minimizado en su expresión como consecuencia de una mejor gestión (privada) y de una más alta competencia. Aún así, no parece ser esta la premisa que domina el ánimo de quienes fueron consultados: el 66 % de ellos cree que la corrupción es igual en cantidad o ha aumentado en relación a la que observaban cinco años antes.
Indudablemente, en este nuevo contexto que vive el país, es muy preocupante observar que a la hora de tomar decisiones los empresarios argentinos tiendan a pasar por alto principios éticos o presionen a sus empleados para que así lo hagan si por esa vía se obtienen mejores resultados.
La liberalización de nuestra economía ha determinado las condiciones o reglas bajo las cuales funcionará la competencia entre los operadores en los diversos mercados. A la vez, con esa mayor competitividad se han acotado los márgenes de ganancias de quienes compiten por imponer bienes o servicios entre los consumidores.
La corrupción no sólo afecta la sana competencia, sino que también reduce los márgenes de rentabilidad al representar un costo adicional. ¿Tendrán presente los empresarios que no es posible sobrevivir en una economía libre violando las reglas de la leal competitividad y adicionando costos ociosos?
Corrupción e impunidad
Nunca la Argentina ha debatido tanto el problema de la ética en las organizaciones como ahora y nunca antes los argentinos nos hemos propuesto hacer frente al problema. Sin embargo, este parece ser el tiempo en el que con mayor frecuencia asoman hechos de corrupción y en el que menos conformes nos sentimos con las acciones tendientes a frenarla. ¿Por qué?
Los argentinos creemos que las reglas no son claras y por lo tanto sentimos que las posibilidades de transgresión son mayores. Por momentos nos sentimos abrumados por la impunidad con que se apremia a los transgresores.
Que la gente no se siente apoyada institucionalmente cuando impulsa acciones en pro de la ética y del castigo a quienes la violan, conduce a cultivar la desazón humana y el descrédito de los sistemas.
El hecho de que 7 de cada 10 ejecutivos acepten haber reportado alguna vez en su empresa una conducta no ética, demuestra la clara voluntad mayoritaria de no quedar al margen en la lucha contra la corrupción.
Pero si inmediatamente se da cuenta de que el 40 % de esas denuncias no recibieron el tratamiento esperado, se hace más simple justificar el desaliento.
Toda organización (pública o privada) necesita fijar las condiciones en las cuales han de desarrollar sus actividades quienes la componen. Credos, pautas o normas que marcan los límites a los que debe someterse sus miembros, sumados a sistemas o procedimientos transparentes, garantizan una pronta solución de cualquier conflicto ético.
Descrédito
Cuando una organización carece de esas normas y de las herramientas que les dan virtualidad, sus miembros desconocen las reglas de juego, dudan sobre los verdaderos objetivos buscados y la rentabilidad final se deteriora. Una organización de esas características ha de enfrentar irremediablemente el descrédito social con la consecuente pérdida económica que ello acarrea. La Argentina de estos días ofrece muchos casos que prueban lo dicho. Tal vez, la típica "picardía" argentina y la historia del país todo, pueda haber impulsado a nuestros hombres de negocios a desoír la ética para ganar más dinero. En la última década, el país ha vivido una etapa de profundas transformaciones en sus pautas de comportamiento (económicas, sociales y políticas), y también en sus costumbres, valores e instituciones. Las empresas, si quieren permanecer y como organizaciones que son, deberán sobrellevar la obligación de un cambio que induzca a sus miembros a dejar de lado la inescrupulosidad a la hora de los negocios y a revalorizar el sentido ético por el que las sociedades les han dado vida.
Ante relaciones internacionales globalizadas y un modelo económico fundado en mercados libres y competitivos, la ética y la integridad de las empresas y la transparencia con la que materializan sus negocios, adquiere una importancia central y estratégica.
Si se entiende de otro modo, como comunidad veremos frustrada nuestra vocación de conformar un país en el que la trampa y su impunidad dejen de beneficiar a unos pocos en desmedro de la mayoría.
