Durante 15 meses el interventor de la obra social fue Pedro Ferrara. Nadie verificó la gestión de Ferrara, en especial la denuncia de que
durante su gestión creció el pasivo en $ 100 millones, dicen en el sindicato.
Y lo más reciente que se conoce de la obra social es que sigue en convocatoria de acreedores, difícil de afontar con un déficit operativo mensual de $ 8 millones.
El 28/12/2010, por Decreto 2070 se levantó la intervención con el argumento de que la intervención realizó “numerosas tareas de reestructuración que han derivado en la normalización del funcionamiento de la Obra Social, tanto en la faz interna, como en la atención a los afiliados”, según el texto firmado por la presidenta Cristina Fernández.
En los fundamentos del Decreto se dejó constancia que, a raíz de la investigación de Oyarbide, "se advirtió una situación crítica y alarmante en la provisión irregular de medicamentos y la consecuente atención por parte de dicha obra social hacia los afiliados, demostrando un total desamparo de los mismos".
Pero que, durante la intervención, se realizaron "tareas de reestructuración que han derivado en la normalización del funcionamiento de la obra social citada, tanto en la faz interna como en la atención a los afiliados".
Muy mal informada la Presidente al firmar ese texto. La situación ya era caótica y ahora lo es mucho más. La intervención nada reparó.
En el texto publicado en ese momento en el Boletín Oficial, se informó el altísimo nivel de endeudamiento de la obra social: “Que, en el plano económico, se realizó una convocatoria de acreedores en la cual se presentaron a verificar más de mil (1.000) firmas, reclamando una deuda mayor a pesos seiscientos millones ($600.000.000)”, sostuvo uno de los párrafos.
De inmediato los trabajadores de la Obra Social Bancaria Argentina reclamaron nuevamente otra intervención a la obra social y se reunieron con funcionarios del Ministerio de Trabajo para protestar por “la grave crisis que atraviesa” la entidad.
Ellos denunciaron ante Carlos Tomada que estaba en peligro “la fuente laboral de 1.700 familias”.
Ahora, la falta de atención a los afiliados ya lleva 2 meses pero las autoridades gubernamentales pretenden no enterarse.
Y esto ocurre en un escenario sindical complicado en el gremio bancario, que amenaza con nuevas medidas de fuerza.
