La querella que ha dado lugar a esta condena la presentaron los accionistas minoritarios de Urbanor -la sociedad propietaria de los solares- al entender que habían sido estafados, dado que percibieron por sus acciones menos de la mitad de lo que ganaron los Albertos por las suyas.
Sin embargo, los magistrados del Supremo han entendido que la querella que dio origen a esta causa se presentó antes de que se cumplieran cinco años desde la venta de los terrenos y, pese a contener defectos, es motivo suficiente para paralizar el periodo de la prescripción.
La Audiencia Provincial había considerado, sin embargo, que los fallos de forma que contenía la querella inicial -presentada sólo un día antes de que cumpliera el plazo y sin el poder del demandante- no permitían considerar que el proceso judicial se hubiera iniciado.
# Cortina
Alberto Cortina es copresidente del Banco Zaragozano, nació en Madrid el 20 de enero de 1947 y es hijo del ex ministro de Asuntos Exteriores, Cortina Mauri.
Se licenció en Derecho por la Universidad de Madrid y, al igual que su primo Alcoera, se inició en el mundo financiero a raíz de su matrimonio.
Casado con Alicia Koplowitz, ella le introdujo en la empresa Construcciones y Contratas (FCC), en 1969 como meritorio y donde en 1976 fue nombrado consejero delegado y dos años después -junto a su primo Alberto Alcocer- compró un 5% del Banco de Fomento, perteneciente a Banco Central.
En 1981, ya conocido como uno de los Albertos, compró pequeños paquetes de acciones de la cementera Portland Valderrivas, controlada por Banesto. Luego, ambos entran en negociaciones con esta entidad, pasando a controlar otro 12%, lo que permite situar a Alfonso Cortina, hermano de Alberto, al frente de Portland.
En 1982 compran el Banco Zaragozano, mediante pequeños paquetes de acciones, y en 1984 entran en la empresa constructora FOCSA, controlando el 35% de las acciones.
El 7 de enero de 1988, Alberto Alcocer, Alberto Cortina y el grupo kuwaití Kio formaron la sociedad Cartera Central, que poseía el 12,49% de las acciones del Banco Central. El 20 de enero, tras muchas negociaciones y comunicados, Alfonso Escámez, presidente del Banco Central, aceptó que formaran parte del Consejo de Administración.
Alberto Cortina fue Consejero Delegado de Cartera Central y de Construcciones y Contratas, cargos que intercambió con su primo, Alberto Alcocer. El Banco Central y Banesto intentaron realizar la fusión de ambas entidades, pero ésta fracasó.
Cortina dimitió de sus cargos en Grucycsa y Construcciones y Contratas tras divorciarse de Alicia Koplowitz. El acuerdo de separación dio a los Albertos el control del 30% de las acciones que Cartera Central tenía en el Banco Zaragozano, el 10% de Cofir, el 5% de Canal Plus y el 100% de la compañía Uniseguros.
El 21 de junio de 1990, los Albertos fueron nombrados miembros del consejo de administración del Banco Zaragozano y de su comisión delegada, entidad en la que Alberto Cortina y Alberto Alcocer constituyeron la Sociedad Cartera Zaragozano para la tenencia y administración de las citadas acciones.
El 2 de julio de 1990 se hicieron con el control del 30 % de la entidad Lorane Holding, propietaria de la firma suiza de relojes Girard-Perregaux (la compra se realizó a través de la sociedad instrumental Alcor Holding, propiedad al 50% de ambos). A los dos años, los Albertos vendieron a Cofir su participación del 5,17%, y un mes después, Cofir les vendió a ellos 705.000 acciones del Zaragozano (el equivalente a un 4,1%), con lo que pasaron a controlar el 34% de la entidad. Tras su salida de Cofir, Cortina presentó su dimisión como consejero de la corporación, que se hizo efectiva el 12 de enero de 1993.
La participación de los Albertos en el Banco Zaragozano fue incrementándose hasta superar el 38% en 1997, cuando fueron nombrados (el 10 de mayo de 1997) copresidentes de la entidad -en sustitución de José Ramón Álvarez Rendueles- y alcanzaron el 40% en 1998, cuando sus hijos mayores, Alberto Cortina Koplowitz y Alicia Alcocer, entraron en el consejo de administración de la entidad.
En abril de 2001 se realizó una modificación en los estatutos sociales del Banco Zaragozano, gracias a la cual, Alberto Cortina y Alberto Alcocer podrían mantenerse como copresidentes hasta 2005.
Actualmente está casado con Elena Cué.
# Alcocer
Alberto Alcocer Torra, financiero y empresario, actual copresidente del Banco Zaragozano nació en Madrid el 17 de diciembre de 1942 se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid e inició su andadura profesional, tras casarse con Esther Koplowitz, en Construcciones y Contratas como meritorio en 1969.
Siete años más tarde es nombrado consejero delegado de la compañía.
En 1981 compró, junto con su primo Alberto Cortina, pequeños paquetes accionariales de la cementera Portland Valderrivas, controlada por el Banesto. En el momento que alcanzan el 7% del accionariado negocian con la entidad bancaria, consiguiendo el 12% de la compañía y situando al frente de la empresa a Alfonso Cortina, hermano de Alberto Cortina.
El año 1988 es el de la formación, por Alcocer y Cortina con el grupo inversor kuwaití KIO de la sociedad Cartera Central. Además, el 20 de enero de 1988, como propietarios del 12,49% de las acciones totales del Banco Central, entran en el consejo de administración de éste, introduciendo a Romualdo García Ambrosio como consejero.
En 1989, Alberto Alcocer fue nombrado presidente de Cartera Central y de Construcciones y Contratas. Tras sufrir desavenencias con su mujer Esther Koplowitz, el 5 de febrero de 1990 Alcocer tuvo que presentar la dimisión de todos sus cargos en Construcciones y Contratas.
El 4 de abril fue designado presidente de las inmobiliarias Puerto Sotogrande, en sustitución de Juan Miguel Villar Palasí, y Financiera Sotogrande. Tras la fusión de éstas, en mayo, continuó como presidente de Sotogrande.
En junio de 1990, en virtud del acuerdo de separación alcanzado entre los Albertos y las hermanas Koplowitz, Alberto Alcocer dimitió de sus cargos de copresidente de Grucysa y consejero delegado de Cartera Central el 15 de junio de 1990, después de año y medio de negociaciones.
# El pelotazo
El interminable caso Urbanor, conocido por una serie de irregularidades en las transacciones para la construcción de la Puerta de Europa de Madrid (dos torres inclinadas conocidas como las Torres KIO) es un proceso tiene su origen en enero de 1988, cuando la sociedad Urbanor vendió los terrenos de Plaza Castilla, de Madrid, al grupo kuwaití KIO, operación de la que salieron beneficiados los Albertos, así como Enrique Sarasola, a través de sus sociedades.
El capital de Urbanor estaba repartido de la siguiente forma: Construcciones y Contratas, gestionado por los Albertos, era dueña del 40% de las acciones, seguido de Astor (32%), de Construcciones San Martín (14%) y de la panameña Horwitz (propiedad de Enrique Sarasola), con idéntico porcentaje.
En el año 2000 arranca el juicio contra los Albertos y dos consejeros de Enrique Sarasola, Alvaro Álvarez Alonso y Rafael Montes, pero en realidad sería el juicio principal por el caso Urbanor. El tribunal se limitaría a dirimir si los querellados estafaron a la sociedad Promotora de Negocios Astor, la querellante, con el resultado de que habría cobrado mucho menos dinero del que le correspondía por su participación en Urbanor.
En noviembre de 1997 -según el texto original de la querella-, Cortina convocó al resto de accionistas para comunicarles que "tenía un grupo inversor extranjero (Kio) que estaba interesado en comprar como mínimo el 95%" de Urbanor. Los accionistas le autorizaron para negociar "en nombre de todos".
Así fue, y en el mismo mes los Albertos y Alvaro Álvarez Alonso (como representante de Horwitz) firmaron con Kio un "contrato de promesa de compraventa" del 51,3% de Urbanor en el que aquéllos asumían el compromiso de realizar las gestiones necesarias para que la inversora kuwaití se hiciera con el 95% citado.
Los accionistas de Urbanor lo eran sólo hacía 18 meses, y habían pagado por la sociedad -por los terrenos de Plaza de Castilla-. Además, el solar estaba pendiente de recalificación, y existían fuertes resistencias del Ayuntamiento de Madrid para concederles el permiso necesario para edificar en él 125.000 metros cuadrados. En definitiva, Kio asumía un riesgo excesivo y a un precio demasiado alto que no podía entenderse salvo conociendo las demás fases de la operación.
Astor sostiene que Kio redactó una «carta-oferta» para adquirirles el 30,4% de la sociedad. En este punto, la querellante acusó a los procesados de haberla falsificado, incluyendo el porcentaje de Construcciones San Martín y, a pesar de ello, reduciendo el precio por los dos paquetes.
Al final, la operación se llevó a cabo mediante la acción combinada de una venta directa de acciones del Banco Central y otra indirecta (vía derechos de suscripción para una ampliación de capital) y Astor sostenía que cobró por su parte menos de lo que, a su juicio, le correspondían.
En el juicio, que quedó visto para sentencia el pasado 24 de noviembre, el fiscal solicitó a la Sala que se condenara a los cuatro imputados por falsedad en documento mercantil para cometer apropiación indebida.
Finalmente el Tribunal, tal y como solicitaron las defensas, decidió declarar la prescripción de los delitos y la absolución de los dos principales acusados, Alberto Cortina y Alberto Alcocer, mientras que a los representantes de Horwitz los ha absuelto también por entender que no participaron directamente en la operación.
La absolución de los Albertos —que presiden el Banco Zaragozano— también se extendería a la constructora FCC, que en este proceso figuraba como responsable civil subsidiaria.
La venta de Urbanor a Kio se materializó en enero de 1988 y, aunque la querella que da origen a este juicio se presentó el 6 de enero de 1993 (un día antes de que se cumplieran cinco años), su admisión a trámite, que es la que podría haber paralizado la prescripción, no se produjo hasta noviembre; esto es, casi seis años después de la compraventa de Urbanor.
Sin embargo, ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien modificase la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Madrid a principios de 2001, en la que resultaron absueltos, por considerar que los delitos de los que se les acusaba habían prescrito, y les ha condenado a tres años y cuatro meses de prisión.
Por otra parte, en 1996, los accionistas minoritarios de Urbanor, encabezados por el arquitecto Pedro Sentieri, acusaron a Alcocer y Cortina, así como a Rafael Montes (que figura como apoderado de una sociedad de Enrique Sarasola) de estafa y otro de falsedad cuando éstos cedieron la mayoría del capital de dicha empresa a Construcciones y Contratas y a Horwitz.
