Algunos funcionarios del gobierno central, sin embargo, están poniendo la lupa sobre dicha documentación. Mientras tanto, la demanda parece estar creciendo.
De acuerdo con funcionarios de la prefectura, hay cerca de 30 equipos de detección de radiación, cada uno conformado por 3 personas, entre ellas, un médico y un técnico en radiología.
Al 24/03, alrededor de 88.000 personas habían sido controladas, dijeron. De ellos, solo 98 mostraron lecturas de más de 100.000 cuentas por minuto, el nivel sobre el cual se requiere la correspondiente descontaminación”.
Un funcionario local dijo que ''la segunda lectura se hace después de que se les pidió que se quitaran la ropa o se sometieran a alguna otra medida y fueron siempre menores al nivel crítico. No ha habido casos donde la salud se ha visto afectada''.
Pero cada vez más alerta acerca de los niveles de radiación, los refugios de la prefectura han comenzado a exigir de los residentes la obtención de dicho certificado como demostración de que se han sometido a la evaluación, si tienen intención de ser admitidos.
Algunos refugios también están solicitando que dichos certificados se expidan sólo para asegurarse de que los residentes no suponen ningún riesgo para la seguridad.
Frente a esas demandas y para evitar cualquier confusión que pueda surgir, el gobierno local ha decidido emitir certificados ''para completar el examen”. Los médicos a cargo de los exámenes están autorizados a emitirlos. En los últimos días, los funcionarios están tratando de unificar la documentación para incluir un sello oficial.
En algunos refugios, sin embargo, parece que los certificados se han convertido en un “boleto de admisión”. Un refugio que aloja a los residentes que evacuaron del radio de 20 kilómetros de la central afectada ha puesto un cartel que dice “Los que no han pasado por los controles de radiación no deben entrar'.'
''Hemos notado un creciente número de casos en los que a los residentes de la zona de evacuación o zonas designadas para permanecer en sus hogares, se le han denegado el acceso'', dijo Hiroyuki Hayashi, un médico de 49 años de edad del hospital de la prefectura de Fukui y que ha participado en los controles.
El gobierno central ha pedido a las personas que viven dentro de los 20 km a la redonda de la planta nuclear que evacuen, mientras que los que viven entre 20 y 30 km deben permanecer en sus hogares para prevenir la exposición a la radiación.
Hayashi dijo que una vez un gran número de residentes se le acercó demandando certificados después de haber completado los exámenes, así que tuvo que pedir a los funcionarios del gobierno local a que se apuren a hacer 100 copias de los certificados que ya tenía.
''La ansiedad causada por la invisibilidad de la radiación está causando malentendidos y la difusión de todo tipo de rumores'', dijo el médico.
En el gobierno central, los funcionarios del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar Social, dijeron que son conscientes de este tipo de incidentes en los albergues, pero se confesaban perplejos.
''Es imposible que la gente de la zona afectada pueda tener un impacto adverso sobre las personas a su alrededor, ya que ninguno de ellos ha sido expuesto a radiación suficiente para dañar su salud'', dijo un funcionario. ''No hay ninguna necesidad de tales certificados''.
El 18 de marzo, el ministerio notificó a las organizaciones de salud que no deben hacer de los certificados una condición de alojamiento.
El 21 de marzo fue incluso más lejos al instar a las organizaciones pertinentes a mantener la cabeza fría. El aviso decía: “No es conveniente emitir un certificado a un residente que viene a consultar sobre su salud”.
Sin embargo, en la prefectura de Fukushima, los funcionarios locales que se esfuerzan por adaptarse a la evacuación de los residentes se mantienen indiferentes a tales acciones por parte del gobierno central y parecen decididos a continuar con su emisión.
“El gobierno central no ha visto lo que está ocurriendo en realidad”, dijo uno de ellos. “En realidad, algunos centros de acogida niegan alojamiento. De no emitirse los certificados, el problema será de los residentes. Sería mejor si el Estado garantizará su alojamiento”.
