Más (ladri) progresismo: Otro aumento del gas mientras hay ofensiva pingüina sobre TGN
3 decretos (234, 235 y 246) firmados por la presidenta Cristina de Kirchner y publicados en el Boletín Oficial, ratifican las actas-acuerdo firmadas con las distribuidoras, en el marco de la renegociación de los contratos de servicios públicos, y si bien marcan un avance hacia un nuevo ajuste, no conllevan la aplicación inmediata de la medida.
Eso sucederá una vez que el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) publique los nuevos cuadros tarifarios, algo que depende de que British Gas retire su demanda contra el Estado argentino .
Para los clientes de Metrogas, el incremento en la factura promedio, con impuestos, oscilará entre el 10% y el 30%, según la letra del decreto.
El alza será retroactiva al 1° de septiembre pasado y recaerá sobre los clientes que se ubiquen por encima de la categoría R2-2 (de mayor consumo). Los valores de las tasas y cargos que están en vigencia sufrirán un ajuste del 25%, mientras que los cargos fijos y las facturas mínimas se mantendrán iguales.
Estos aumentos se sumarán a los ajustes anunciados por el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a fines del año pasado.
El 1ro., destinado a subsidiar el precio de la garrafa social, también implicaba un incremento de hasta el 30% en la factura.
El 2do. ajuste tuvo 2 componentes: un aumento para elevar el precio del gas en boca de pozo, para alentar la exploración y la inversión, y un cargo variable para financiar la importación de gas desde Bolivia.
Esa medida implicó un ajuste en torno al 260% en el precio del servicio, generó un fuerte rechazo por parte de consumidores y una presentación ante la Justicia del entonces defensor del pueblo de la Nación, Eduardo Mondino.
Las distribuidoras defendieron esas medidas, aunque no percibieron ningún beneficio directo: todos los recursos fueron para las petroleras o el Gobierno.
Algo similar ocurre con este nuevo aumento.
Para Metrogas, se trata del 1er. ajuste en la tarifa de distribución para los hogares desde 2001.
Pero la empresa no se quedará con los fondos generados por el aumento: irán a un fondo fiduciario que financiará la expansión y mejora de su red de servicios.
El aumento forma parte del llamado 'régimen tarifario de transición', que regirá hasta que se termine de definir el cuadro que surja de la llamada revisión tarifaria integral, según el acuerdo alcanzado entre Metrogas y la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), que responde a De Vido.
Los acuerdos firmados con cada empresa forman parte de los anexos de los decretos.
"(...) La firma de Alejandro Ivanissevich aspira así a continuar su proceso de expansión en la actividad gasífera, pero sin un esfuerzo de recursos demasiado notorio, tal como reconoció a este diario el propio protagonista. Esta avanzada tiene el aliento oficial. Pero la negativa que opuso Techint, líder del grupo operador de la Transportadora de Gas del Norte, impidió hasta ahora la concreción de esa operación.
TGN está en una situación económica complicada y su vínculo con el Gobierno se deterioró sensiblemente, dos cuestiones que la hacen vulnerable. "Hay que reformular el plan de la empresa que se quedó sin estrategia y nosotros la tenemos", se ufanó Ivanissevich ante Página/12, entendiendo que el negocio de TGN está complicado a raíz de un par de decisiones del Gobierno: el congelamiento de tarifas internas y el bloqueo de exportaciones, que le permitía compensar lo primero.
En vísperas de la última Navidad, TGN declaró el default de una Obligación Negociable por poco más de US$ 22 millones, sobre su deuda total superior a los US$ 340 millones. Entonces, la compañía explicó que las cuentas de la compañía sufrían un deterioro por las causas detalladas arriba. "No podemos decir a los socios que su empresa no vale nada, pero la verdad es que vale poco", opina Ivanissevich. Con esta convicción, arrimó una propuesta para sumarse a TGN como socio controlante.
Tras la cesación de pagos de TGN en diciembre el Enargas intervino esa privatizada con el argumento de que peligraba el servicio público. Nombró como coadministrador a Roberto Pons con el argumento de que el traspié financiero hacía peligrar la prestación del servicio. Pero la empresa consiguió una medida cautelar en segunda instancia judicial del fuero contencioso administrativo por la que se limitaron las atribuciones del interventor. El Ente Regulador decidió afrontar esa medida vigorizando las inspecciones sobre la compañía. La apuesta de los reguladores es que prospere la denuncia penal contra la conducción de TGN por presunta violación de los libros y actas de directorio.
La tensión entre Planificación (bajo cuya órbita está el Ente Nacional Regulador del Gas) y TGN trasciende esa disputa. La compañía aún no renegoció su contrato de concesión y nunca quiso firmar la cláusula de indemnidad para que sus socios, y no el Estado argentino, asuman el pago indemnizatorio de US$ 133 millones a favor del ex accionista CMS, que reclamó ante el Ciadi por los supuestos perjuicios de la Ley de Emergencia Económica. También hubo un fuerte cruce por el escándalo por los sobreprecios pagados a Skanska en la ampliación del gasoducto. (...)".
El 56% de TGN pertenece a Gasinvest, núcleo que integran Tecgas (de Techint), la malaya Petronas, la francesa Total y CGC. De ellos, Techint es el que se niega a abandonar ese negocio, aunque se lamente por su magra rentabilidad.
Es otro frente de conflicto entre el Gobierno Nacional y Techint.
Ferrer recibió anteanoche, a última hora, un llamado telefónico desde el Ministerio de Planificación. Era para comunicarle que sería propuesto oficialmente para ocupar el directorio de Siderar. También hubo luego una comunicación con la empresa. Para el inicio de la asamblea de ayer ya estaban todas las partes de acuerdo. "Nos pareció una propuesta sensata y no existió objeción para que se convierta en el nuevo director de la compañía", reconoció la fuente de Siderar. Los representantes de la Anses que participaron de la asamblea también quedaron conformes.
La situación se había vuelto tensa ente los directivos de Techint y el Gobierno. La puja comenzó con la nota enviada por la Anses el miércoles 7 de abril último, con firma del subdirector de operación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, Sergio Chodos, en el cual se reclamaba el derecho a voto por el 25,97 por ciento del capital social de Siderar. La nota fue enviada una semana antes de la asamblea general ordinaria de la sociedad para elegir directores.
Al lunes siguiente, luego del feriado por Semana Santa, el apoderado de Siderar, Horacio de las Carreras, envío a la Bolsa la respuesta del grupo. En el texto se hace mención a las limitaciones establecidas en el artículo 8 de la Ley 26.425 y el artículo 76 de la Ley 24.241. "En ningún caso las inversiones realizadas en una sociedad nacional o extranjera habilitarán para ejercer más del 5 por ciento del derecho de voto, en toda clase de asamblea, cualquiera sea la tenencia respectiva", señala el punto "f" del artículo 76.
La administración que conduce Amado Boudou pretendió en un principio, al amparo de la Ley 19.550, de Sociedades Comerciales, ocupar tres sillas en el directorio de la empresa siderúrgica. El Gobierno ya había ejercido esa opción en otras firmas sobre las que ostentaba participación accionaria, como Camuzzi Gas Pampeana, Transportadora Gas del Sur, Gas Natural BAN y, desde ayer, también en Consultatio (ver aparte). Sin embargo, el Gobierno decidió no avanzar con presentaciones judiciales y se abstuvo a las normas presentadas por la empresa.
"Para avanzar sobre esa iniciativa no quedaba otra que cambiar las leyes vigentes", reconocieron a Página/12 desde la Bolsa. Según se explicó, en la última modificación que se realizó sobre la ley de Seguridad Previsional no se realizaron cambios en los límites impuestos sobre la representatividad en el directorio. (...)".