A la espera de las reformas concernientes al Poder Legislativo, el plenario aceptó revisar la evolución del desempeño de Argentina en junio próximo.
Para ese entonces, el Gobierno deberá presentar un nuevo informe. Pero previamente deberá adoptar mayores medidas -varias de índole legislativo- para tener algo sobre lo que informar. En un año electoral y con un Congreso que ya no le es adicto, esto puede ser de cumplimiento imposible, o cuanto menos, harto difícil
En ese contexto, según se desprende del portal Puntojus que dirige Horacio Minotti, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, sabedor de su inacción, se mantuvo activa durante el receso legislativo de verano.
En ese marco, un grupo de expertos en políticas antilavado consensuó un par de propuestas para dotar a los jueces actuantes de nuevas herramientas para que “puedan decomisar previo a la sentencia penal los bienes, instrumento o producto de origen ilícito".
Por decisión de la Mesa Directiva de la Comisión de Legislación Penal, se constituyó en diciembre de 2010 un grupo de expertos cuyo objetivo fue el de analizar los proyectos con estado parlamentario en la materia, así como la situación jurídica del país a raíz de los informes del GAFI.
El grupo está coordinado por Alberto Binder y el presidente de la Comisión, Juan Carlos Vega, de la Coalición Cívica, presentará su informe final para el 15 de marzo. El Gobierno Nacional debe presentar su nuevo informe al GAFI en junio. Salvo que el tema adquiera prioridad legislativa (por la falta de anuncios, no pareciera ser el caso), los tiempos sencillamente no cierran para completar todo el proceso legislativo (sanción por ambas cámaras, promulgación, reglamentación y publicación en el Boletín Oficial).
Hasta el momento los consensos logrados, en el grupo de expertos, hacen a 4 aspectos esenciales en materia de prevención y represión del delito de lavado de activos:
> se prevé la configuración del tipo legal penal que incluye el auto lavado y su nueva ubicación dentro del Código Penal en nuevo título que lo desvincula por completo del delito de encubrimiento. En este sentido se estaría cumpliendo con una de las exigencias expresas del GAFI.
> El titular de la UIF será elegido mediante “un sistema similar al del nombramiento de magistrados previstos en el decreto 222/03 con un Tribunal de evaluación integrado por representantes de los 3 poderes”.
> En cuanto a las funciones de la UIF, se proyecta adecuarlas a los estándares internacionales “de modo de generar un canal eficiente de intercambio de información entre los distintos organismos pero al mismo tiempo evitar que el uso de esos datos exceda la investigación de un reporte de operación sospechosa o inusual para darle un fin político”.
> Finalmente, se prevé dotar de nuevas herramientas al juez competente de modo que pueda decomisar los bienes objeto o instrumentos del delito con carácter previo a la sentencia penal.
Según explico el presidente de la comisión, Juan Carlos Vega., “Queda claro en el consenso logrado que el control sobre el lavado de activos en la Argentina es absolutamente deficiente. Que detrás del lavado subyace la Corrupción, el Narcotráfico y el Terrorismo. Este es el verdadero contexto desde el cual se parte en el análisis de las reformas a la legalidad en la materia”.
El informe final será presentado el 15/03 y de allí deberá convertirse, en tiempo record, en un proyecto que deberá ser girado a las comisiones respectivas (salvo que se resuelva sobre tablas) para adquirir estado parlamentario. De allí, lo dicho: sanción por las 2 cámaras (Diputados y Senadores), promulgación, reglamentación y publicación en el Boletín Oficial. No habrá tiempo para grandes discusiones o disensos políticos, lo que implica todo un riesgo político para quien quiera aportar algo distinto que mejore la propuesta que seguramente hará propia el Gobierno Nacional.
El problema es que la directiva del Poder Ejecutivo a la UIF es avanzar lo más posible en materia de control y fiscalización, indicaron en el Gobierno. Pero la sanción de nuevas leyes quedará para después de las elecciones.
En junio, los representantes de los 36 países miembros del GAFI se volverán a reunir y allí sí, vistos los avances o falta de ellos, tomarán una definición definitiva. En el GAFI algunos funcionarios comienzan a perder paciencia con las dilaciones. Dentro de 4 meses en México, el examen tal vez sea más severo.
La Argentina necesita en este tema consenso político y dejar de lado las mezquindades políticas si queremos evitar sanciones del GAFI que afectaran a la Argentina toda, no solo al Gobierno.
Antes de las elecciones, habrá lugar a abusos de posición dominante o retaceo de quórum. Y después de las elecciones, ya será demasiado tarde.
