"Tal actitud omisa, sumado a los argumentos esgrimidos por la ACUMAR en su petitorio, y las pruebas incorporadas al presente, resultan suficientes para acreditar la verosimilitud del derecho reclamado, más teniendo en cuenta que éste concepto no requiere la prueba terminante y plena del derecho invocado, sino que alcanza con su acreditación prima facie", añade la misma.
Para este año 2011, la Corte podría volver a convocar a una audiencia pública por el proceso de saneamiento del Riachuelo que dispuso en 2008, y que fijó una serie de pautas en ese sentido a cumplir por parte de ACUMAR, un organismo conformado por los estados Nacional, Bonaerense y de la Ciudad.
La limpieza de las márgenes del Riachuelo es con el objeto de "transformar toda la ribera en un área parquizada".
¿Que es un “camino de sirga”?:
Entre las restricciones y limites al dominio privado el Código Civil argentino establece el camino de sirga en el art..2369, que dice: “Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua están obligados a dejar una calle o camino publico de 35 metros hasta la orilla del río, o del canal, sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción ni reparar la antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna”.
Mas claro agua (pero no aún del Riachuelo).
Denuncias a otra empresa por enterrar amianto en el Riachuelo.
Contemporáneamente con la resolución del juez Armela, Greenpeace y legisladores y concejales de la Coalición Cívica presentaban ante la Justicia una denuncia contra la firma Eternit y la Autoridad de la Cuenca por la supuesta presencia del cancerígeno amianto, sustancia prohibida en la Argentina desde el año 2003.
La denuncia fue presentada por Greenpeace contra la firma Eternit, fabricante de materiales de construcción, que posee un predio en la cuenca Matanza-Riachuelo, en la localidad de González Catán, en ese distrito de la provincia de Buenos Aires.
Diputados de la Coalición Cívica y un concejal municipal acompañaron la denuncia penal, ya que aseguran que científicos argentinos y estadounidenses confirmaron la presencia de amianto en la superficie de un terreno a cielo abierto.
La diputada Fernanda Reyes sostuvo que la empresa no cumple las normas de seguridad básicas para residuos peligrosos.
"Pedimos que se cierre momentáneamente el establecimiento para que puedan hacer el proceso de enterramiento correcto", señaló y agregó: "Que la empresa se haga cargo de todas las cuestiones que determina la normativa". Además, pidió que la Autoridad de la Cuenca "haga los controles que le corresponden".
