El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, reconoció al término de la cumbre que se había producido "una larga discusión, pero es normal porque se trata de dar un paso muy importante en la coordinación económica y no se puede hacer a la ligera".
Ni siquiera Francia parece compartir por completo las propuestas de Alemania, que oscilan desde las medidas de política fiscal (armonización de la base del Impuesto de Sociedades) hasta las destinadas a facilitar la movilidad laboral (reconocimiento mutuo de los títulos de educación).
España sí que apoyó los términos generales del Pacto, aunque en el tema de las revisiones salariales según la inflación Zapatero se mostró dispuesto a defender el modelo de la negociación salarial.
En disciplina presupuestaria, en cambio, el presidente del Gobierno anunció que está dispuesto a un endurecimiento de la norma actual (Ley de Estabilidad Presupuestaria) para aumentar el control del gasto de las comunidades autónomas. La fijación de un techo de gasto regional debería discutirse con el PP, para extenderlo a todas las comunidades.
Las críticas al Pacto también se refirieron a su diseño formal. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo, en concreto, expresaron su rechazo a la intención de Alemania de excluir a las instituciones europeas de la aplicación del futuro Pacto.
El presidente del Parlamento recordó que ese error ya se cometió con la llamada Agenda de Lisboa (pactada en 2000 en la capital portuguesa) y se tradujo en un rotundo fracaso en la consecución de los objetivos de modernización de la economía europea.
¿Requieren las exigencias de Merkel nuevos y dolorosos sacrificios?
Según Zapatero, corresponde a los sindicatos y a la patronal pactar la propuesta más sensible, desvincular la evolución de los salarios de la de los precios.
Zapatero señaló que "el mal modelo es un modelo rígido", porque garantizar la indexación automática de los salarios conducirá a la destrucción de empleo si se produce una nueva crisis.
Los gobiernos de Austria y Bélgica rechazaron gran parte de la propuesta de Alemania. La Comisión Europea y el Parlamento Europeo, que se sienten ninguneados por el rodillo germano, apoyaron la protesta.
El 1er. ministro belga, Yves Leterme, y Jean Claude Juncker, 1er. ministro luxemburgués (y, a la vez, presidente del Eurogrupo), no dudaron en oponerse.
"No estoy en absoluto de acuerdo", dijo Leterme, que se mostró a favor de una mayor coordinación económica, pero advirtió de que Bélgica "no aceptará que su modelo de concertación social sea desmantelado".
"No veo ninguna razón para decir que abolir la indexación permitirá mejorar la competitividad de mi país o de la zona euro", añadió Jean Claude Juncker. Ambos países garantizan la indexación salarial por ley.
