El Jefe de Gobierno es quien decide quienes estarán a cargo de las distintas áreas y por lo tanto es responsable del accionar de los mismos. Entrando ya específicamente en el tema, queda claro que el Dr. Ibarra haciendo uso de sus facultades designó a los funcionarios a cargo de Salud y de Seguridad. Forma parte de sus obligaciones ejercer la supervisión de la gestión de las diferentes áreas. Es obvio que el Jefe de Gobierno no puede realizar personalmente una inspección ni brindar asistencia médica, pero si debe supervisar que las mismas se efectúen correctamente.
Fue el Dr. Ibarra quien comunicó a la sociedad que el área de verificaciones y control de la ciudad no funcionaba correctamente y que él, personalmente, se haría cargo de solucionar tan irregular y peligrosa situación. Cansado de recibir denuncias y reclamos de los vecinos, disolvió el área.
Es así que comienza un sin fin de modificaciones, resoluciones y decretos con el objeto de ordenar el área y hacer que ésta cumpla con su misión. Ha quedado claro que no se logró esa meta, pero lo que es aún peor es que muchos de los funcionarios y empleados siguieron prestando servicios en el Poder Ejecutivo de la Ciudad en otros cargos, sin evaluar nunca que cambiándoles el cargo no se cambiaría el fondo. Se puso en manos de estos funcionarios el criterio selectivo de las inspecciones. Esto, entre otras cosas, generó que los empresarios transgresores se autocontrolaran. La noche trágica de Cromañón, el local funcionó por su autohabilitación como sitio público de recitales, con notable exceso en la cantidad de público permitida a la que se le sumó el hecho de las puertas internas cerradas, la salida de emergencia encadenada y la falta de ventilación; situaciones sin duda motivadas por la codicia de Chabán. Ahora bien, aunque su actitud es imperdonable, no es menos grave el hecho de que nadie lo controlara y mucho peor es que el 30 de Diciembre fue el tercer recital de las mismas características en el mismo local, situación que no pudo pasar inadvertida por la comisaría de la zona. Sumado a esto la ausencia del poder de policía antes y durante, equivale y deja probada la inexistencia total del servicio público a cargo del estado, el cual como antes mencionara, debe velar por la seguridad pública.
Una prueba de esto es que luego de analizar los testimonios de los secretarios de seguridad en funciones al momento del desastre y los dos posteriores, podemos evaluar sin duda el desorden que reinaba en el área y también establecer que las normas vigentes en Diciembre de 2004 eran suficientes. Esta misma normativa hizo posible clausurar gran cantidad de locales que funcionaban sin control alguno y en muchos casos hacían peligrar la integridad de su concurrencia. Pero lamentablemente la decisión de aplicar la ley se tomó después de los hechos del 30 de Diciembre, desastre que dejó un saldo imposible de comprender, un dolor profundo en todos y cada uno de nosotros y una pregunta sin respuesta: ¿Por qué?
¿Por qué quienes fueron a divertirse no volvieron con vida a sus hogares?
¿Por qué la acción de algunos y la omisión de otros les quitó la vida?
¿Por qué duró tanto el CAOS?
¿Por qué no hubo vallado?
¿Por qué se traslado el caos a los hospitales?
¿Por qué se permitió el traslado de pacientes sin asistencia?
¿Por qué se unificó la clasificación de los pacientes?
¿Por qué no se cuidó la vida?
¿Por qué no se respetó a los muertos?
¿Por qué no se cumplieron las normas?
