> El crecimiento del gasto estuvo contenido gracias al retraso de los salarios públicos y las jubilaciones.
Si el 2005 hubiese sido un año de plena estabilidad de precios, es muy probable que la recaudación hubiese crecido al ritmo de la actividad económica más algún modesto aporte en reducción de evasión y aumento de algunos impuestos. Esto hubiese significado un crecimiento de los ingresos del orden del 10%. Bajo este escenario de inflación cero, en lugar de superávit, las cuentas fiscales mostrarían déficit.
Esta simulación ejemplifica el rol que cumple la inflación cuando se pretende generar superávit fiscal usando como único instrumento la devaluación.
Todo el proceso de mejoramiento de las cuentas fiscales a partir del 2002 está asociado a la reaparición de la inflación. Por el lado de los ingresos, porque el aumento en la recaudación no sólo responde al crecimiento de la actividad económica y la creación de nuevos impuestos, sino de manera más decisiva, al fuerte incremento de los precios.
Por el lado de los gastos, porque las erogaciones no sólo se redujeron por la postergación y posterior licuación del pago de la deuda pública gracias al canje forzado, sino que más decisivo fue la licuación que gracias a la inflación sufrieron los salarios y fundamentalmente las jubilaciones.
El año 2006 se perfila como otro año en el que las finanzas públicas necesitarán de inflación elevada. Tal como fue diseñado originalmente el presupuesto, el superávit depende de que se mantengan congelados los salarios públicos y las jubilaciones, y que una inflación del 9% ayude a incrementar la recaudación.
Sin embargo, es muy probable que las demandas políticas y las sentencias judiciales a favor de los jubilados hagan imposible mantener un esquema tan rígido en materia de gasto público. Si el gasto público sigue creciendo al ritmo que lo hizo en el 2005, será necesaria una inflación no inferior al 15% para alcanzar el superávit proyectado del 3% del PBI. Planteado en otros términos, si los acuerdos de precios fueran exitosos en lograr estabilidad de precios, las cuentas fiscales se tornarían explosivas ya que no se contaría con el superávit necesario para afrontar los intereses y amortizaciones de la deuda pública.
La fuente primaria de la inflación en la Argentina es la falta de consistencia de las políticas. Por un lado, se presiona a los empresarios para que firmen acuerdos de precios. Por otro, se les sigue aumentando la protección para que tengan mayor poder de fijación de precios.
Pero, peor aún, el equilibrio de las cuentas fiscales depende decisivamente de que los precios crezcan a un ritmo elevado. Este tipo de estrategias puede generar dividendos políticos en el corto plazo, pero lentamente va a desembocar en una situación donde la única manera de frenar los precios será frenando la economía. De esta forma, nuevamente será la población, sobre todo la de menores recursos, la que pagará con pérdidas de bienestar los costos de las inconsistencias de las políticas públicas.
No es necesario frenar la economía para frenar la inflación. Es posible armonizar el objetivo de la estabilidad de precios con el de crecimiento con equidad. El superávit fiscal es condición necesaria para tener inflación de un dígito, pero no suficiente.
También hace falta que el sostén de la recaudación deje de ser la inflación y pase a ser la lucha contra la evasión, y que las prioridades en materia de gasto público dejen de ser los subsidios a las empresas privadas y las transferencias discrecionales a las provincias, y pase a ser la recomposición de los ingresos reales de la población en estado de mayor vulnerabilidad.
