La central Barragán fue tasada por el Estado en más de US$305 millones y un monto mínimo de oferta en efectivo de US$229 millones; mientras que para Brigadier López, la valuación oficial fue de US$207 millones con un mínimo de oferta en efectivo de 155 millones de dólares. En total, serían casi US$400 millones menos que el valor real de las usinas.
La denuncia fue presentada el año pasado por los diputados nacionales
Rodolfo Tailhade, María Emilia Soria, María Fernanda Vallejos y
Adrián Grana, quienes se preguntaron en aquella oportunidad “¿
cómo puede admitirse que el Estado Argentino enajene activos públicos estratégicos por casi 267 -Barragán- y 110 -Brigadier López- millones de dólares menos de lo que valían en 2012?”.Por otra parte, los denunciantes advirtieron que “
en el proceso licitatorio ocurrieron numerosas irregularidades, como que Iecsa -que junto a Isolux había ganado la licitación para la construcción de las centrales- dejó sin terminar las obras y fue indemnizada con 1.600 millones de pesos por el Estado durante la actual presidencia de Mauricio Macri”. Según los denunciantes, “resulta evidente que los antiguos empleados de la familia Macri han sido allí designados para direccionar y/o influir sobre el procedimiento de privatización de las centrales térmicas y favorecer económicamente a distintas personas cercanas al Presidente”
Recordemos que originalmente se había convocado a oferentes que fuesen operadoras con experiencia acreditada en el área energética, pero luego Iguacel abrió la posibilidad de que puedan ingresar fondos de inversión especulativos, como LoneStar (cuyos representantes en argentina son los ex funcionarios del FGS Luis María Blaquier y Enrique Boilini), PointState (el fondo estadounidense que más negocios ha hecho con el gobierno de Cambiemos) y TGLT (la sociedad que en 2018 compró la histórica constructora de Caputo), consigna la denuncia.
Dos gerentes de Iecsa, Alberto Raúl Brusco y Adolfo Marcelo Piccinini, que eran los directores técnicos de las plantas durante su construcción, pasaron a trabajar como integrantes del comité directivo de Enarsa (hoy absorbida por IEASA) inmediatamente después de la rescisión en 2016.
Enarsa, hoy IEASA, es el organismo encargado de llevar adelante el proceso de venta de las centrales, con lo que -según los denunciantes- estuvieron de los dos lados del mostrador, asegurando que el proceso concluya en las manos adecuadas.
