Sin embargo, muchos especialistas contradicen las ideas de Aranguren. El debate sobre si la energía eléctrica es un derecho humano o no ya se ha desarrollado en otros países de la región y hay muchos argumentos que refutan lo que sostiene el exministro.
Según la Organización de las Naciones Unidas, los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) son derechos humanos, ya que hacen a la vida misma. Sin alimentación, vivienda, educación y salud, no existe dignidad para el ser humano y sus derechos están conculcados. La energía eléctrica es fundamental para satisfacer muchos de estos, como una alimentación adecuada, salud, vivienda digna y educación.
Sin una heladera, muchos de los alimentos que se requieren para satisfacer las necesidades nutricionales básicas se hecharían a perder. Sin luz en un hogar, se volvería imposible, por ejemplo, estudiar (un derecho social).
El medio paraguayo Abc ya lo decía en el año 2003: "La electricidad es un derecho humano". Entonces, se realizaban en el país reclamos para una tarifa eléctrica social. En el artículo, hacen referencia a un estudio de la Universidad de Campinas (Brasil). Según el mismo, "para cubrir las necesidades humanas más esenciales se requiere de unos 220 kWh/mes".
El medio Contexto, de México, publicó una nota sobre el tema en 2017. Según este sitio, se considera a la energía eléctrica "como un derecho humano, o bien, un derecho para el desarrollo del bienestar común, es porque a través de ésta las personas pueden tener una mejor calidad de vida, lo que da al ser humano igualdad y dignidad, es por eso es que los gobiernos se ven obligados a generar políticas públicas enfocadas a llevar a un mayor alcance poblacional".
"Establecer una verdadera política social sobre el uso de la energía eléctrica no es generalizar el subsidio, sino equilibrar su gasto y costo en función de que llegue a las comunidades más vulnerables de forma gratuita", dijo la autora del artículo, Elizabeth Espinoza Monroy, doctora en derecho e investigadora.
"El servicio eléctrico no puede ser considerado como una mercancía, debe verse como un derecho humano y social, que debe ser garantizado por el Estado y al cual deben tener acceso todas las personas que habitan en el país", sostiene otro medio mexicano, La Verdad.
"Desde la perspectiva de los derechos humanos, los gastos personales o los familiares no debe impedir ni comprometer la satisfacción de otras necesidades básicas. Es decir, para cubrir los gastos de energía eléctrica no debe sacrificarse el disfrute del derecho a la alimentación, la salud, educación, etcétera", agregan.
