Además de Sebastián Campos, en el incendio murieron Facundo Ambrosi, compañero de Campos, seis bomberos de la Policía Federal: Anahí Garnica, Leonardo Day, Eduardo Conesa, Damián Véliz, Matías Monticelli y Maximiliano Martínez; y dos agentes de Defensa Civil, José Méndez y Pedro Barícola.
La causa penal por el hecho fue caratulada como "estrago seguido de muerte" y en marzo del año pasado fueron procesados doce ex funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y cinco personas vinculadas a la empresa.
Pero no hay presos.
Poco después de los procesamientos, el juzgado en lo Criminal y Correccional 18, a cargo de Pablo Ormaechea determinó que las familias no podían formar parte de la querella por haber llegado a acuerdos económicos con la empresa, decisión que fue ratificada por la Sala V de la Cámara y ahora debe resolver el Tribunal de Casación.
Entre los procesados están cinco hombres que componen la cúpula de la empresa multinacional en la Argentina, encabezada por el gerente general Guillermo Lockhart.
“Nosotros entendemos que la responsabilidad de Iron Mountain no se agota en estas cinco personas, sino también en autoridades regionales y mundiales; por ello pedimos su llamado a indagatoria”, dijo en diálogo con Canal Abierto Javier Moral, uno de los abogados querellantes.
Moral sustentó el pedido tras la declaración testimonial de los empresarios ante la fiscal Romina Monteleone. Según el abogado, la filial se considera parte de un organigrama mundial con 500 sedes y altos estándares de seguridad que trascienden los protocoles locales. A pesar de ello, llevan al menos siete incendios registrados en el mundo y dos se revelaron intencionales.
Aferrada a un acuerdo económico que familiares de las víctimas firmaron con Iron Mountain a los pocos meses del incendio, la defensa intentó impedir que Ricardo Martínez, papá de uno de los bomberos muertos, fuese firmante de la solicitud patrocinada por Moral.
Esa decisión está ahora en manos de la Cámara de Casación Penal que, si finalmente entiende que Martínez puede querellar, le pasará la pelota a la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional, la que deberá resolver si los directivos regionales de Iron Mountain deben comparecer ante la Justicia argentina.
la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos dependiente del Ministerio Público Fiscal (Procelac) denunció en mayo de 2014, a pedido de la Comisión Nacional de Valores, que en los depósitos 7 y 8 de Iron Mountain que se habían quemado había información de 43 empresas vinculadas a 29 investigaciones sobre delitos financieros por entonces en curso.
Entre ellas el BNP Paribas por encubrimiento de fraude a la administración pública, la alimentaria Nidera por presunto lavado de dinero, así como el Banco Patagonia, el JP Morgan, Ipesa y Endemol, y otras como el HSBC por estafa bancaria.
