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Ajuste 2019: Provincias ricas, Jubilados pobres

Estampar la rúbrica en Presupuesto 2019 avalando el ajuste de $370.000 millones que contiene les devolvió a las provincias la masa de recursos del impuesto a las ganancias con que se financiaba a Anses para pagar las pasividades. La inyección de $30.000 millones que recibieron por el acompañamiento parlamentario para sacar la ley las torna, en general, superavitarias, mientras los haberes jubilatorios no cubren ni la mitad de la canasta. Las Pymes y los balances de las grandes empresas también pagan los platos rotos, aunque con medidas que van a contramano de la seguridad jurídica que Cambiemos le reclamaba al kirchnerismo cuando era oposición, ya que convierten las pérdidas reales de los balances en ganancias al no permitirles que incluyan la inflación para obligarlas a tributar. La Administración Macri, que se preciaba de promercado, quemó las naves en el altar de una crisis financiera internacional, guerra comercial exterior y contingencia climática interna, de lo cual, salvo en este último caso, su equipo de lujo debía estar enterado desde hacía 7 años. Fue en 2012 cuando se cortó el boom de las commodities y se desató las tormenta a la que recientemente aludió la Casa Rosada para justificar la corrida cambiaria que derivó en el ajuste en marcha. Su solo advenimiento al poder no atrajo la lluvia de inversiones anunciada, y ahora circula a contramano de su propia propuesta: subió las retenciones a la exportación, en lugar de eliminarlas como había prometido en campaña, y castiga los balances de las grandes empresas y principales Pymes al no permitirle descontar la inflación para calcular ganancias. De modo que, en un contexto recesivo como el actual, desalienta inversiones y la generación de nuevos puestos de trabajo. A la vez, redujo la obra pública a la mínima expresión, justo cuando las PPP privadas están inhibidas de compensar por el efecto de los cuadernos.

Conseguir la aprobación del ajuste fiscal de $370 mil millones que contiene el Presupuesto 2019 costó al gobierno nacional una transferencia de recursos de $30.000 millones a las provincias, de acuerdo con las afirmaciones del jefe de la bancada del PJ federal en el Senado, Miguel Pichetto.

Las provincias, como conjunto, no sólo quedaron afuera de las sevicias, sino que las concesiones presupuestarias para sumarlas a los pactos que tuvo que realizar el gobierno nacional con los prestamistas, desde la primera a la última instancia, les reforzaron las arcas “con todos los ingresos del impuesto a las ganancias que financiaban a Anses para pagar las jubilaciones, y por eso tienen superávit, mientras los jubilados ganan la mitad de la canasta jubilatoria”, puso de relieve el director Centro de Estudios de Productividad y coordinador del Proyecto ARKLEMS+LAND en conjunto con Harvard, además de investigador de Conicet, Ariel Coremberg, en el programa La Lupa, de canal 24.

Además de la clase pasiva, los otros grandes perdedores en esta etapa del tendal que dejó la gestión de 3 años han sido los productores de granos, las grandes empresas y las Pymes, de acuerdo con su apreciación.

Asimismo, a falta de crecimiento económico, la presión impositiva récord aplicada recae con virulencia sobre los patrimonios personales, a los que se extrae $30 mil millones con la inclusión de la clase media.

Y “aun violando la normativa internacional NIF, suspende el ajuste por inflación en los balances de las empresas, con lo que se transformaron las pérdidas en términos reales en ganancias, haciéndoles en  consecuencia tributar por $100.000 millones, una suma parecida a la que les manotearon a las jubilaciones”, sostuvo el economista.

Se trata, subrayó, del “mayor ajuste de la historia argentina que ejecuta un gobierno supuestamente promercado”, si bien recordó en tal sentido los casos de Alvaro Alsogaray, cuando era ministro de Economía de Arturo Frondizi, con el impuesto a la producción agropecuaria, en 1962, que le costó que la Rural lo echara, y de Adalbert Krieger Vasena, ministro del general Juan Carlos Onganía, en el 67, que había sido la primera vez que se pusieron retenciones”.  

La imaginación de la Administración Macri para exprimir al contribuyente no tiene fronteras, y hasta en medio de una permanente caída del consumo, la AFIP se las compuso para mejorar la recaudación del IVA en un 51,3%. Se fueron suprimiendo devoluciones y exenciones, se estrecharon las categorías en el monotributo para ascender a autónomos a los que estaban en las más altas y convertirlos en responsables inscriptos del IVA y se reclamaron presunciones de venta.  

Serviciales de la deuda

En la letra grande del plan contingente acordado con el Fondo Monetario Internacional sobresale el lugar que tuvo que hacérsele al pago de los intereses del endeudamiento, que ascienden a $750 mil millones, o sea, el 30% del gasto público total.

Donde la tijera de los ajustadores estuvo impiadosa fue en los dominios del titular de Transporte, Guillermo Dietrich: le podaron gastos de capital, es decir, toda obra pública que no se pueda inaugurar antes de las elecciones y si pensaba compensarla con las obras por PPP (Programas de Participación Pública-privada), empezando por las viales, entre los cuadernos de Centeno y las súpertasas de Sandleris alejan a los constructores adjudicatarios de acceso al financiamiento.

Guillo, de artífice de la Infraestructura que era hace un año, se ha ido mutando en un ministro sin ministerio, al quedar huérfano de obras y transporte.

También la garlopa rebanó los planes de obras en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, lo cual despoja de fundamentals conducentes a los 2 alfiles del Pro, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.  

A la gobernadora también le terminan escatimando los $19.000 millones del fondo del conurbano y la acorralan contra los ya enervados contribuyentes inmobiliarios para poder aplicar algún descuento en ingresos brutos y resarcir las cuentas.

Al alcalde porteño, asimismo, le dejan la ciudad rota con obras a medio hacer y de incierto final que interrumpen calles y veredas, convirtiéndolas en un fastidioso obstáculo fijo que añade presión a las desventuras del tránsito que ya se abastecen regularmente los piquetes.

Un caso paradigmático de la pérdida que significa encarar proyectos que no se pueden cumplir es que se hayan frenado las obras del desvío de la autopista Illia para empalmar con el Paseo del Bajo, lo que implica anular el tramo que atraviesa la villa 31 en la bajada a la avenida 9 de Julio. Estaban en un 30% realizadas, pese al cuestionamiento de la necesidad de hacerla, y así y todo la Ciudad quedó endeudada en US$194 millones, según denunció Gabriel Solano, del Frente de Izquierda.

El otro peludo de regalo que recibieron la mandataria bonaerense y su colega de CABA son los subsidios al transporte que les transfirió Nación. El costo que no alcance a cubrir el boleto de los pasajeros que entran y salen del conurbano, así como los interurbanos, tendrá que salir de las tesorerías de Parque Patricios y La Plata.

La cesión no le causa ninguna gracia a los habitantes (electores) que residen más allá y más acá de la avenida General Paz y del Riachuelo, quienes ya bastante sienten abrumadas sus finanzas por los tarifazos que cobran Edenor, Edesur, Edelap, Metrogás, Gas Natural Fenosa, AySA y Aguas Bonaerenses, de los que se han tenido que ir haciendo cargo y a los que ahora se les agregan los del servicio de autotransporte de pasajeros y trenes.

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