Fujimori cumplía su condena en una cárcel en el este de Lima desde 2007 cuando fue extraditado desde Chile. De 80 años, el político gobernó Perú entre 1990 y 2000. Su gobierno culminó en medio de escándalos de corrupción y fue vacado por el Parlamento.
La solicitud de nulidad fue presentada por familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos, en 1991, y de la universidad La Cantuta, en 1992, en las que un escuadrón de exterminio integrado por militares mató a 25 personas, incluido un niño de 8 años. Los culpaban de ser guerrilleros o de colaborar con ellos.
Por estas dos matanzas perpetradas bajo su gobierno, Fujimori fue condenado como autor mediato a 25 años de cárcel. Kuczynski lo indultó, invocando "razones humanitarias", cuando el expresidente había cumplido 12 años de prisión.
"Se busca verificar la legalidad del indulto y que éste sea conforme con lo dispuesto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos", dijo a la prensa Gisela Ortiz, hermana de una de las víctimas. En junio, la Corte Interamericana, con sede en San José, ordenó que la justicia peruana evaluara y se pronunciara sobre el indulto a Fujimori.
El abogado de Fujimori, Miguel Pérez Arroyo, afirmó que el tribunal peruano aceptó revisar el indulto "bajo un criterio prevaricador e ilegal", pues "solo puede ser revisado" por el Tribunal Constitucional.
Familiares de las víctimas afirman que el indulto no obedeció a razones humanitarias, sino que fue pactado entre el gobierno y un hijo de Fujimori para evitar que el Congreso, de mayoría fujimorista, destituyera a Kuczynski en diciembre.
"A cambio del apoyo del legislador Kenji Fujimori y un grupo de disidentes fujimoristas, que con sus votos evitaron la destitución, Kuczynski le otorgó el indulto humanitario al exmandatario", dijo la activista Raida Cóndor.
Los votos de esos 10 legisladores fujimoristas, encabezados por Kenji, salvaron a Kucyzynski de ser destituido, frustrando el intento impulsado por el partido que lidera su hermana Keiko Fujimori.
En junio, la Corte Interamericana dispuso que las partes involucradas deberán presentar, a más tardar el 29/10, información relativa al indulto a Fujimori.
Kuczynski renunció el 21/03 acorralado por el partido de Keiko, 2 días antes de que el Congreso votara una segunda moción de destitución en su contra.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos identificó las irregularidades en el Derecho peruano para otorgar un indulto humanitario a Alberto Fujimori:
1. La Junta Médica Penitenciaria incluía a un profesional que fue médico de cabecera de Alberto Fujimori en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas.
2. Existían diferencias sustanciales entre el acta de la Junta Médica Penitenciaria emitió el 17 de diciembre del 2017, diciendo que Alberto Fujimori se encontraba en buen estado general, mientras que un segundo documento ampliatorio suscrito dos días después, se incluyó que padecía de un “soplo logístico”, entre otros puntos.
3. La resolución suprema del indulto ni el informe de condiciones carcelarias del penal Barbadillo, en el que estaba Alberto Fujimori, explican cómo su situación en la cárcel podría colocar en grave riesgo su salud y su vida.
4. La resolución firmada por Kuczynski no menciona que el Alberto Fujimori fue condenado por graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como calificaron los tribunales penales internos.
5. La solicitud de indulto y su posterior otorgamiento se dieron en medio del proceso de vacancia contra el expresidente Kuczynski.
