Entre la devaluación, la supertasa de interés consolidada en el supermartes y la superinflación acelerada que desata el súperpass-trought (traslado a precios) de todo este shock, un diferimiento escalonado devengaría un costo financiero que tampoco ningún integrante de la cadena de valor (producción, distribución y transporte) acepta absorber, y el ministro asumió la representación de esos intereses por sobre el daño que ocasionarían en las economías familiares los aumentos interanuales que enfrentarían los usuarios residenciales “medios” (a tarifa plena, sin descuentos, ni tarifa social), que estarán en el rango del 80% al 110%.
Aunque los fríos vienen algo tardíos, la eventual intensidad pronosticada para este año abre una cuota adicional de incertidumbre al usuario de energía, habida cuenta asimismo de la incidencia que tiene el gas en el costo de la electricidad (60%). Si el gobierno logra imponer la metodología de facturación, que ya logró ratificar en la Audiencia Pública en febrero, “los usuarios residenciales veremos reflejada en nuestras facturas no solo los aumentos correspondientes a abril 2018, sino también el efecto acumulado de los aumentos de abril y octubre de 2017”, explicó Einstoss Tinto.
Metrogas (YPF, para el caso) impulsó en esa audiencia, a partir de abril, un aumento “promedio” del 47% respecto a noviembre 2017 para usuarios residenciales que abonen tarifa plena, es decir sin descuentos por ahorro, ni tarifa social. Siguió la lógica de sus números como oferta y no la marcada estacionalidad que presenta la demanda residencial, con picos en los bimestres mayo-junio y julio-agosto, que concentran casi el 60% del consumo anual de un hogar promedio del Área Metropolitana de Buenos Aires.
Las categorías de consumo medio, en consecuencia, podrían tener que afrontar aumentos acumulativos superiores al 800% respecto al invierno 2016, sin contar (porque el estudio se hizo en marzo) el efecto súpermartes, sobre el que Silvia Pecco, en ámbito.com, alerta que el dólar a $25 ajustaría un 21,3% el valor del consumo pico de los meses más fríos, lo que significa alrededor de un 8,5% más en las facturas con impuestos.
El pronóstico de Aranguren de que las tarifas de gas aumentarían 15% en octubre para absorber el alza prevista para el fluido del gas a u$s5,26, ya con el dólar de hoy sumaría otro 14,5% en las facturas, al que faltaría añadir la indexación “por precios mayoristas entre marzo y agosto para distribuidoras y transportistas, que ya acumula un 3,73% en los 2 primeros meses, lo que adiciona de entrada un 1,5% a las boletas, pero a la fecha le daría 24,5%”, señala la periodista especializada, quien resalta que no se incluyeron los 4 meses del índice de precios mayoristas por venir.
Se hace la luz
La luz no se salva del desbarajuste pos supermartes: en agosto deberían ajustarse las tarifas de Edenor y Edesur por una fórmula que combina índice de precios minoristas, precios de la construcción y salarios, en el período enero-junio y todos van juntos para arriba.
También en noviembre le toca a los ingresos de las transportistas y al precio mayorista de la electricidad, por estar dolarizado, que desde el 1 de febrero se ubica en $1.077 por megavatio/ hora para residenciales y pequeñas demandas, que equivalían a u$s55,8 al tipo de cambio de $19,3 utilizado por el Ministerio de Energía.
De modo que el dólar a $25 desbarajusta todos los eslabones que suman su carga a la factura de los servicios públicos. En noviembre, el precio de la energía en todo el país debería subir un 30% por la nueva paridad, sin tomar en consideración lo que se quiera trasladar al público por estos meses de desfase, más una nueva reducción de subsidios.
La colega Pecco calcula que si se divide en dos etapas (noviembre y febrero de 2019), lo que resta para llegar al valor teórico sin subsidio de u$s74,8 fijado por la cartera energética, en el penúltimo mes del año, el precio de la energía debería incrementarse un 51%, en pesos, más el 30% anterior, lo que significaría un 32% en tarifa final en todo el país.
En el caso del gas en boca de pozo, los u$s4,68 por unidad fueron establecidos a un tipo de cambio de $20,61 y aún este año tiene pendiente un incremento más, en tanto que las distribuidoras perciben u$s4,19 a un dólar de $18,33 (fijado desde el 1 de diciembre), diferencia que cobrarán después que los consumidores la hayan pagado en las facturas anteriores al 1 de abril.
En sugestivas declaraciones, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, propuso la desregulación del sistema de generación, "a efectos de lograr una reducción estructural de la tarifa de por lo menos un 30% de lo que está hoy, sin hacer subsidios, sin tarifas sociales, al margen de la tarifa que ya existe y que tiene que seguir existiendo".
Señaló en conferencia de prensa que "si bajamos los costos de generación, eso se traslada a la distribución reduciendo más de un 20% las tarifas que tenemos hoy, sin inventar nada ni generar costos fiscales".
En tal sentido puso de relieve que "sobre la cuestión estructural de las tarifas, me parece que estamos evitando hablar de lo profundo", ya que "solamente el 35% de la composición de la tarifa, por ejemplo, la eléctrica, es distribución. Todo el resto es generación o transporte".
Se preguntó “por qué el foco de la atención está solamente puesto en la distribución y no en la generación. En la Argentina, la compra mayorista de energía es del doble del promedio de lo que se compra en cualquier país del mundo y de los países de la región", aseguró.
Aclaró que "en materia de distribución de energía, lo que se está regulando en la ley nacional tiene que ver con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el conurbano, a través de Edenor y Edesur".
