Entre los muertos hay un periodista, Miguel Ángel Gahona, asesinado el sábado a tiros mientras transmitía en vivo un reporte sobre las protestas desde Bluefields, una ciudad en la costa caribeña afectada por los disturbios. Las víctimas incluyen estudiantes que iniciaron el movimiento, agentes de policía y jóvenes simpatizantes del gobernante Frente Sandinista, acusados de atacar a los manifestantes.
"En su mayoría han sido muertes por armas de fuego, y otras por balas de goma en lugares muy sensibles como la garganta", dijo Marlín Sierra, directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh). "La situación es verdaderamente grave", había dicho antes la presidenta del Cenidh, Vilma Núñez. También hay más de 100 heridos y se desconoce el número de detenidos.
Ante el creciente descontento por la reforma de la seguridad social, que elevará el aporte de los trabajadores y empleadores y reducirá las futuras pensiones, Ortega se comprometió el sábado a revisarla. Sin embargo, las medidas enérgicas de la policía contra los manifestantes y los obstáculos a algunos medios en los últimos días han alimentado críticas más amplias contra Ortega, quien gradualmente ha reforzado su control sobre las instituciones del país desde que regresó a la presidencia de Nicaragua en enero de 2007.
Sectores de la oposición acusan a Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, de tratar de establecer una dictadura familiar.
En medio del clima crispado, pobladores abarrotaron supermercados y tiendas en busca de víveres, se reportaron saqueos en varios locales. Quienes quisieron sacar su dinero de los cajeros electrónicos no lo lograron debido a que habían sido desconectados o destruidos.
Del mismo modo, en los noticieros oficialistas de ese país se informaba que "grupos de la derecha" realizaban saqueos masivos, mientras la gente en las redes denunciaba que la Policía reprimía a los manifestantes pero no hacía nada por impedir los saqueos. Se han colgado en las redes fotos y videos de agentes policiales cargando cajas con productos de supermercados invadidos.
"Con esto de la huelga capaz que nos quedamos sin nada qué comer", advirtió Inés Espinoza, cargando botellas de agua mientras sus dos hijos la seguían con bolsas de galletas y alimentos enlatados, en una tienda en el norte de Managua.
Las gasolineras de la ciudad presentaban largas filas de automóviles y motocicletas en busca de combustible, en medio de temores de desabastecimiento.
En la capital, las calles lucían llenas de escombros puestos por manifestantes, mientras varias marchas iban hacia la Universidad Politécnica, epicentro de las protestas y donde hay estudiantes atrincherados en la institución.
La Unión Europea (UE) calificó como "inaceptable" la violencia y cuestionó los ataques a la libertad de expresión y prensa, con el bloqueo de medios de comunicación y la agresión de periodistas.
"La UE está lista para apoyar un diálogo amplio e inclusivo entre todos los sectores de la sociedad y el gobierno, y a fortalecer el imperio de la ley en Nicaragua", señaló la declaración europea.
El presidente Ortega llamó el sábado al diálogo con el sector privado para abordar la reforma del sistema de pensiones, que incrementa las contribuciones obreras y patronales para garantizar la estabilidad financiera del Instituto Nicaragüense de Seguro Social (INSS), que paga las jubilaciones.
Sin embargo, su mensaje generó repudio entre otros sectores que se sumaron espontáneamente a las protestas por sentirse excluidos, lo que terminó por caldear más los ánimos.
